?Qu¨¦ se debate en el Consejo de Ministros?

No es f¨¢cil determinar cu¨¢l es el pa¨ªs m¨¢s transparente del mundo. No existe una clasificaci¨®n como tal de ning¨²n organismo internacional, y son m¨²ltiples los baremos que pueden analizarse: organizaciones sin ¨¢nimo de lucro como Transparencia Internacional o Access Info Europe elaboran clasificaciones tem¨¢ticas (sobre corrupci¨®n, por ejemplo), pero todav¨ªa no han hecho un r¨¢nking global. A falta de clasificaciones, s¨ª es posible hacerse una idea de hasta qu¨¦ punto ser¨¢ avanzada la pr¨®xima ley de transparencia que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Mirar hacia fuera permite descubrir que pa¨ªses como Reino Unido o Estados Unidos hacen p¨²blicos datos que ni siquiera se han contemplado en la futura normativa espa?ola.

Reino Unido. Deliberaciones p¨²blicas del Consejo de Ministros.

La ley brit¨¢nica de Libertad de Informaci¨®n fue aprobada en el a?o 2000 aunque no entr¨® plenamente en vigor hasta 2005. Promovida por el Nuevo Laborismo en la campa?a electoral que llevar¨ªa a Tony Blair al poder en 1997, la propuesta inicial fue considerablemente aguada a lo largo de su tramitaci¨®n parlamentaria. El texto definitivo no solo excluy¨® de la ley a los servicios secretos, sino que autoriz¨® un derecho de veto inapelable para los asuntos que el Gobierno decida que su publicaci¨®n no es del inter¨¦s p¨²blico.

La parte m¨¢s controvertida es la que se refiere a las deliberaciones del Consejo de ministros y el Gobierno ha decidido en tres ocasiones vetar la divulgaci¨®n de esas deliberaciones: en dos ocasiones, primero en diciembre de 2009 y luego en febrero de este a?o, ha negado las minutas de los debates que mantuvo el Gobierno en 1997 sobre la autonom¨ªa de Escocia, y en 2009 impidi¨® tambi¨¦n la publicaci¨®n de las minutas sobre las discusiones mantenidas en 2003 sobre la invasi¨®n de Irak.

La ley establece el principio de que los ciudadanos pueden pedir al Gobierno, a las empresas p¨²blicas y a los organismos p¨²blicos la informaci¨®n que deseen, sin necesidad ni de apelar a la propia ley ni la obligaci¨®n de explicar por qu¨¦ la piden. Adem¨¢s de eximir del cumplimiento de la ley a los servicios secretos y de garantizar al derecho de veto, la ley establece una serie de ¡°exenciones absolutas¡± que incluyen las materias a las que se puede acceder por otras v¨ªas, las informaciones relativas a seguridad, la informaci¨®n contenida en los registros de los tribunales, la informaci¨®n que infringir¨ªa el privilegio parlamentario, la informaci¨®n en poder de la C¨¢mara de los Comunes que ¡°podr¨ªa prejuzgar la conducci¨®n de los asuntos p¨²blicos¡±, la informaci¨®n que podr¨ªa afectar a la ley de Protecci¨®n de Datos de 1998, la informaci¨®n suministrada de forma confidencial y en aquellos casos en que suministrar la informaci¨®n est¨¢ prohibido por ley, si es incompatible con obligaciones contra¨ªdas con la UE o significar¨ªa un delito de desacato a los tribunales.

Las administraciones, que reciben m¨¢s de 11.000 peticiones mensuales, tienen la obligaci¨®n de contestar en un m¨¢ximo de 20 d¨ªas. Sanidad y Trabajo y Pensiones son los departamentos que reciben m¨¢s peticiones de informaci¨®n.

La ley de Libertad de Informaci¨®n ha generado dos tipos de pol¨¦mica. Por una parte, el Gobierno de Tony Blair, que fue el que la impuls¨®, acab¨® lamentando que la ley es utilizada por los periodistas para conseguir informaci¨®n a pesar de que su objetivo inicial era ¡°servir al ciudadano¡±. Por otra parte, el hasta hace unos meses principal funcionario p¨²blico, sir Gus O¡¯Donnell, propuso en diciembre pasado que se enmendara la ley para excluir de ella todas las deliberaciones del Gabinete.

Estados Unidos. Los ciudadanos pueden saber hasta qui¨¦n visita al presidente.

El presidente norteamericano Barack Obama prometi¨® durante la campa?a electoral de 2008 que revolucionar¨ªa el Gobierno abriendo sus actividades y la informaci¨®n con la que trabaja a los ciudadanos. Cumpli¨® a los pocos meses de llegar a la Casa Blanca con la publicaci¨®n de la p¨¢gina data.gov, que contiene unas 250.000 bases de datos.

Ciudadanos, autoridades y periodistas pueden consultar informaci¨®n que va desde las cantidades invertidas por Estados Unidos en ayuda al exterior -detallada pa¨ªs por pa¨ªs-, los datos de enfermedades -cu¨¢les son las afecciones m¨¢s comunes, la primera causa de muerte en el pa¨ªs o en qu¨¦ estados se sufre m¨¢s diabetes- o el n¨²mero de estudiantes -edad, raza, sexo, nivel de ingresos de su familia- de las escuelas p¨²blicas de todo el pa¨ªs y hasta los datos del censo de poblaci¨®n.

Durante los ¨²ltimos tres a?os, la Casa Blanca ha ido aumentando la cantidad de informaci¨®n disponible a los ciudadanos. En la p¨¢gina FiscalStability.gov, que pertenece al portal Data.gov, se pueden consultar las cuentas del plan de estabilizaci¨®n fiscal y Recovery.gov especifica el destino de cada d¨®lar invertido en el plan de rescate de 2009, qu¨¦ cantidades se han gastado, c¨®mo y d¨®nde. La ¨²ltima revelaci¨®n lleg¨® hace unas semanas con la publicaci¨®n de siete nuevas bases de datos en Ethics.gov con los nombres de todas las personas que se han reunido con un miembro de la Administraci¨®n, sus posibles donaciones econ¨®micas a candidatos pol¨ªticos o lobbies as¨ª como denuncias por violaciones ¨¦ticas.

La misma filosof¨ªa est¨¢ detr¨¢s de la p¨¢gina ¡°We The People¡±, donde cualquier ciudadano puede proponer iniciativas tanto al gobierno como a otros norteamericanos. Cuando una propuesta recibe m¨¢s de 25.000 firmas, tiene garantizada la respuesta de las autoridades. El ¨²ltimo logro de los ciudadanos fue que la Administraci¨®n Obama se postulara en relaci¨®n a las leyes contra la pirater¨ªa que estudiaba el Congreso a comienzos de 2012.

Brasil. Los gastos de la tarjeta de cr¨¦dito de los ministros son p¨²blicos.

En Brasil existen toda una serie de medidas para conseguir lo que se conoce como ¡°Datos gubernamentales abiertos¡± (DGA). No hay una ley que regule la transparencia de datos p¨²blicos, pero se ha avanzado en los ¨²ltimos a?os, por la presi¨®n social y por la mayor facilidad para realizar esa transparencia a trav¨¦s de Internet. Existen, por ejemplo, el llamado Portal de Transparencia, la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Preg¨®n Electr¨®nico.

El Portal de Transparencia ha comenzado a publicar datos en la web, pero a¨²n est¨¢ en desarrollo. Algunos datos son s¨®lo para uso interno del Gobierno; otros son m¨¢s p¨²blicos. Lo que mejor funciona desde hace tiempo es la Ley de Responsabilidad Fiscal, creada por el Ejecutivo de Fernando Henrique Cardoso, seg¨²n la cual los municipios y Estados no pueden gastar m¨¢s de una determinada cantidad. Y todos los gastos deben ser p¨²blicos.

El Preg¨®n Electr¨®nico da a conocer todas las licitaciones de compras p¨²blicas. En la pr¨¢ctica ya existen muchos datos que suelen usar los medios de comunicaci¨®n y que son p¨²blicos, por ejemplo, los gastos de la tarjeta de cr¨¦dito que usan los ministros en los gastos inherentes a su cargo. Tambi¨¦n es posible conocer los sueldos de los funcionarios p¨²blicos. As¨ª fue como la prensa pudo saber que algunos jueces del Estado de R¨ªo llegan a ganar hasta 60.000 euros al mes.

Alemania. Cinco de los 16 estados no tienen ley de acceso a la informaci¨®n.

Cuando el banquero Josef Ackermann, a la saz¨®n jefe del Deutsche Bank cumpli¨® sesenta a?os todav¨ªa se llevaba bien con la canciller federal Angela Merkel. La democristiana (CDU) decidi¨® celebrar el redondo aniversario con una buena cena en la Canciller¨ªa de Berl¨ªn. Esta semana, casi cuatro a?os m¨¢s tarde, un juez de la capital ha condenado a la oficina de Merkel a publicar qui¨¦nes fueron los ¡°entre 20 y 30 invitados¡± a aquella fiesta pagada con fondos p¨²blicos para el multimillonario y banquero m¨¢s impopular de Alemania. Se sabr¨¢ ahora qu¨¦ cenaron en tan distinguidos escenario y compa?¨ªa, as¨ª como el gasto exacto en ingredientes. Es un peque?o ¨¦xito hacia la transparencia de la administraci¨®n, regulada en Alemania por una Ley federal de Libertad Informativa.

Dicha ley del a?o 2005 garantiza el acceso de los ciudadanos a los datos de la administraci¨®n federal. Una web privada permite que cualquiera plantee sus dudas. Pero hay excepciones y l¨ªmites. Para empezar, la ley federal excluye a las administraciones de los 16 l?nder, que tienen que promulgar sus propias leyes de transparencia. Cinco Estados, entre ellos las pr¨®speras Baviera y Baden-W¨¹rttemberg, carecen de dicha norma. La ONG Transparencia Internacional (TI) critica este aspecto y pide el endurecimiento de la ley federal.

Su director Christian Humborg pide, adem¨¢s, que la ley de transparencia se ampl¨ªe para que los diputados tengan que publicar ¡°todos sus ingresos, hasta el ¨²ltimo c¨¦ntimo¡±. Hoy, los parlamentarios federales pueden resumir sus ingresos extraordinarios en tres niveles. El tercero y m¨¢s alto es ¡°un ingreso superior a 7.000 euros¡±. Cuando un diputado como el socialdem¨®crata Peer Steinbr¨¹ck (SPD) publica su larga lista de ingresos extraordinarios en la p¨¢gina web del Bundestag,?solo tiene que poner tras cada uno ¡°nivel 3¡±. Nadie sabe si ha ingresado 7.001, 14.000 o 21.000 euros.

Adem¨¢s, TI quiere que los partidos tengan que declarar las donaciones que perciben, incluido el llamado ¡°patrocinio¡± de algunas de sus actividades. Hoy es secreto. Por ¨²ltimo, los cuatro a?os pasados desde la fiesta de Merkel y Ackermann demuestran otra deficiencia de las leyes actuales: son lentas y ¡°restrictivas¡±.

Con informaci¨®n de Walter Oppenheimer (Londres), Cristina F. Pereda (Washington), Juan Arias (R¨ªo de Janeiro) y Juan G¨®mez (Berl¨ªn).