El juez revisa y compara los mayores contratos de Camps con El Bigotes
La Intervenci¨®n General del Estado examina los expedientes de Fitur El magistrado indaga si se variaron las condiciones para adjudicar a la trama Un informe de 2010 ya alert¨® de ¡°reiteradas irregularidades¡±
La revisi¨®n de todos y cada uno de los contratos que la Generalitat valenciana firm¨® con empresas de la trama G¨¹rtel para la realizaci¨®n de los expositores en la Feria de Turismo, Fitur. Eso es lo que ha pedido a la Intervenci¨®n General del Estado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que instruye la causa por supuesta financiaci¨®n ilegal del PP de esa comunidad. El magistrado quiere tener una informaci¨®n completa y la solicita con el objeto de saber si los contratos ¡°cumplieron¡± los principios legales y su tramitaci¨®n se efectu¨® seg¨²n la norma.
La trama G¨¹rtel, a trav¨¦s de Orange Market, la empresa que cre¨® ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, en 2004 con sede en Valencia, se hizo con la adjudicaci¨®n del pabell¨®n de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco a?os consecutivos, entre 2005 y 2009, por un importe total de cerca de cinco millones de euros.
Por esa sospechosa contrataci¨®n ¡ªla mayor de cuantas logr¨® la red G¨¹rtel del Gobierno de Francisco Camps¡ª la justicia investiga a distintos cargos (entre ellos un exvicepresidente y dos exconsejeras) y t¨¦cnicos de la administraci¨®n auton¨®mica valenciana por la comisi¨®n de los presuntos delitos de prevaricaci¨®n y cohecho, ante la posibilidad de que las adjudicaciones fueran ilegales y por ellas, adem¨¢s, recibieran regalos. Esta parte de la causa, derivada de G¨¹rtel, est¨¢ incluida en otra pieza, la de financiaci¨®n ilegal, en la que tambi¨¦n se investiga si el PP valenciano sald¨® parte de sus deudas con Orange Market a trav¨¦s de empresarios, por servicios realizados a esta formaci¨®n pol¨ªtica durante las campa?as electorales de 2007 y 2008.
El juez ha pedido a la Intervenci¨®n General del Estado que determine si se aprecia en alguno de los expedientes de contrataci¨®n ¡°la existencia o no y su causa de posibles sobrecostes¡±. Y ha solicitado que no solo revise los contratos que se firmaron con Orange Market ¡ªla filial valenciana de las empresas de Francisco Correa¡ª sino que los compare con los que suscribi¨® la Generalitat en a?os anteriores para determinar las principales diferencias entre unos y otros ¡°destacando las que, en su caso, pudieran constituir una irregularidad o mala praxis administrativa¡±. El magistrado tambi¨¦n quiere que se examine el contrato firmado para la feria de 2010, cuando ya hab¨ªa estallado el caso G¨¹rtel y la administraci¨®n valenciana dej¨® de contratar a empresas de la trama que lideraba Francisco Correa, para comprobar si con este existen tambi¨¦n diferencias.
Adem¨¢s, el instructor quiere que la Administraci¨®n General del Estado abunde en el procedimiento de contrataci¨®n y se?ale si es normal que t¨¦cnicos que han intervenido en la redacci¨®n de pliegos de condiciones o hayan emitido informes sobre las ofertas presentadas formen parte despu¨¦s de la mesa de contrataci¨®n que, finalmente, decide a quien se adjudica el contrato.
La unidad de auxilio de la Intervenci¨®n General del Estado ya emiti¨® un informe en 2010 sobre la contrataci¨®n de la Generalitat valenciana con Orange Market para Fitur que ¡°es contundente al declarar las reiteradas irregularidades en que se incurre¡± el proceso de contrataci¨®n, tal como se?al¨® el magistrado que entonces instru¨ªa la causa en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, y en el que se bas¨® para remitir el procedimiento al tribunal valenciano.
Sin embargo, el juez del TSJCV quiere incidir en el an¨¢lisis de la documentaci¨®n aportada y que los expedientes sean comparados con otros que no se adjudicaron a Orange Market. Adem¨¢s, quiere que la Intervenci¨®n General del Estado tenga en cuenta un escrito remitido por la propia Agencia Valenciana de Turismo (entidad a trav¨¦s de la que la Generalitat hac¨ªa las adjudicaciones) que admite que no existe la resoluci¨®n de aprobaci¨®n de las condiciones t¨¦cnicas, econ¨®micas y jur¨ªdicas en las que, supuestamente, se basaron para elegir a la empresa de Correa como adjudicataria del primer expositor de Fitur, el que se construy¨® en 2005.
Supuesta informaci¨®n privilegiada a Orange Market
En la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel hay documentos que acreditan una supuesta informaci¨®n privilegiada a Orange Market sobre los pliegos de condiciones de alguno de los concursos para el pabell¨®n valenciano de Fitur. Adem¨¢s, el jefe de gabinete de la consejer¨ªa de Turismo durante los a?os en que se adjudic¨® el pabell¨®n de Valencia a la red G¨¹rtel era Rafael Betoret quien, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, recibi¨® numerosos trajes como supuesto pago de comisiones ilegales por parte de El Bigotes. De hecho, Betoret ha sido condenado por cohecho impropio en la causa de los trajes, donde Francisco Camps sali¨® absuelto por los votos de cinco jurados frente a cuatro.
Adem¨¢s de Betoret, las dos consejeras de Turismo en la etapa investigada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tambi¨¦n han sido imputadas en esta causa. Documentos que forman parte del sumario del caso acreditar¨ªan que la consejera de Turismo en la primera etapa de vida de Orange Market en Valencia, Milagrosa Mart¨ªnez, que lleg¨® a ser presidenta de las Cortes Valencianas, recibi¨® regalos caros de la trama corrupta.
La causa de financiaci¨®n ilegal del PP valenciano est¨¢ en el TSJCV desde mayo de 2011. El tribunal accedi¨® a investigar esta parte del procedimiento, remitido desde el Tribunal Superior de Madrid, porque entre los posibles responsables de los delitos se encuentran hasta seis diputados del PP valenciano. El juez ha iniciado ya las diligencias y ha llamado a declarar, entre el 25 de abril y el 30 de mayo, a un total de 19 imputados, entre los que se encuentran pol¨ªticos, empresarios y los responsables de la red corrupta G¨¹rtel.
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