Los abogados de Urdangarin y Torres se reunieron con el fiscal
La cita se celebr¨® hace tres semanas en el juzgado de Palma Los exsocios intentan sellar un pacto para evitar ir a la c¨¢rcel
La guerra est¨¢ declarada entre los dos exsocios: I?aki Urdangarin, duque de Palma y marido de la infanta Cristina, y Diego Torres, empresario. Una guerra abierta a cuenta de sus negocios en un instituto sin ¨¢nimo de lucro ¡ªN¨®os¡ª que desvi¨® al menos 3,5 millones de euros logrados de Administraciones p¨²blicas a sus empresas privadas. Torres y Urdangarin est¨¢n imputados por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, tr¨¢fico de influencias y fraude a la Administraci¨®n. Pero ambos, a trav¨¦s de sus abogados y con la ayuda de dos mediadores jur¨ªdicos, han abordado ya con la fiscal¨ªa las primeras condiciones para un posible acuerdo de autoinculpaci¨®n, reparaci¨®n econ¨®mica del da?o causado y pacto de conformidad que les permita evitar una condena de c¨¢rcel.
Dos intermediarios de la confianza de ambos han mantenido las v¨ªas de negociaci¨®n pese a la beligerancia y frialdad exhibida por sus respectivos abogados, Mario Pascual Vives y Manuel Gonz¨¢lez Peeters. Y ahora tratan de negociar con la fiscal¨ªa.
Existi¨® un primer contacto directo y casi fugaz tres semanas atr¨¢s, alrededor del 13 de abril, en Palma de Mallorca, en un edificio p¨²blico de los juzgados situado en la v¨ªa Alemania de la capital balear, seg¨²n se?alan testigos indirectos de la cita.
En la reuni¨®n estaban el fiscal Pedro Horrach, el abogado del duque de Palma, Mario Pascual, y el enlace de este, el exfiscal y penalista Jos¨¦ Zaforteza, que defiende en la causa al coimputado y amigo del duque Antonio Ballabriga. A mitad de la reuni¨®n se uni¨® el defensor de Diego Torres, Manuel Gonz¨¢lez Peeters. Aquel d¨ªa declar¨® ante el juez Jos¨¦ Castro como testigo el exconsejero de Turismo con Jaume Matas Juan Flaquer, a quien acompa?¨® su letrado Carlos Florit. Posteriormente entr¨® a declarar Antonio Ballabriga como imputado, asistido por Jos¨¦ Zaforteza.
En una pausa de esta jornada no apretada de declaraciones se celebr¨® el encuentro entre el fiscal y los abogados de Urdangarin y Torres. Sucedi¨® en un peque?o despacho pr¨®ximo a la sala de juicios del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Palma, que dirige el magistrado Jos¨¦ Castro. La entrada est¨¢ en el pasillo, a la vista del p¨²blico. Los protagonistas de aquella reuni¨®n se niegan a hablar de ella.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n est¨¢ dispuesta a escuchar, en su momento, las declaraciones autoinculpatorias de Urdangarin y Torres, as¨ª como su relato sobre los contratos p¨²blicos logrados y la identidad de los participantes en el tr¨¢mite pol¨ªtico y pr¨¢ctico de la asignaci¨®n de fondos (3,7 millones de la Comunidad Valenciana y 2,3 millones de Baleares).
La fiscal¨ªa, en cualquier caso, a¨²n no ha negociado ninguna rebaja de la pena ni ha garantizado que pida menos de dos a?os para los dos principales imputados en el caso (lo que evitar¨ªa su ingreso en prisi¨®n). La ley establece como atenuante cualificada en este tipo de procesos el hecho de que el imputado devuelva antes de la vista los fondos p¨²blicos malversados (m¨¢s de 3,5 millones sobre los 10 manejados por el Instituto N¨®os).
El juicio, en cualquier caso, ser¨¢ inevitable para ambos.
Encuentros postergados
Mario Pascual, el defensor de Urdangarin, neg¨® haber abordado con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n la posibilidad de un eventual pacto: ¡°Ni formal ni informalmente he mantenido ning¨²n tipo de contacto o relaci¨®n con la fiscal¨ªa y con sus ilustres representantes en Palma de Mallorca en relaci¨®n a ning¨²n tipo de conformidad ni acuerdo¡±, relat¨® ante la prensa en Barcelona, al revelarse el inter¨¦s del duque de Palma por un pacto de conformidad para evitar la c¨¢rcel.
La declaraci¨®n del abogado se produjo cuando ya se hab¨ªa reunido con sus colegas defensores y el fiscal en el juzgado, aunque fuera un contacto inicial en el que no se negoci¨® nada en concreto.
Los abogados de I?aki Urdangarin y de Diego Torres pidieron tras la cita, que se celebr¨® el 13 de abril, una reuni¨®n formal, a celebrar en la sede de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en Madrid, los d¨ªas 3 y 4 de mayo. La segunda convocatoria, como la previa de Palma, iba a ser a tres partes: fiscal y los dos letrados, pero el Ministerio P¨²blico marc¨® dos encuentros, dos reuniones por separado, ¡°para escuchar¡±. La refriega p¨²blica y la publicaci¨®n de las primeras propuestas de pacto obligaron a postergar la cita.
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