El Poder Judicial elabora un dur¨ªsimo informe contra las tasas de Gallard¨®n

La elevaci¨®n de las tasas judiciales que proyecta el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, es ¡°excesiva¡± y en algunos casos alcanza una magnitud ¡°exorbitante¡± que conlleva un ¡°efecto disuasorio evidente¡±. En algunos procedimientos, el incremento es ¡°relativamente moderado¡± (entendiendo por ¡°moderado¡± un 33%), mientras que en otros, como las apelaciones civiles y contenciosas, es de un 167%. Con este panorama, el Consejo del Poder Judicial pedir¨¢ al ministerio que la elevaci¨®n de las tasas sea ¡°objeto de reflexi¨®n¡± para ¡°atemperar¡± los incrementos que Gallard¨®n pretende introducir y ¡°precaver as¨ª una excesiva inhibici¨®n de los ciudadanos respecto a la tutela judicial de sus pretensiones¡±.

El Poder Judicial debatir¨¢ esta semana el preceptivo informe al anteproyecto de tasas judiciales para recaudar 306 millones de euros, cifra ¡°sensiblemente superior¡± a los 164 de 2011, pero que no alcanzar¨¢ a cubrir los 1.314 millones que cost¨® el pasado a?o el funcionamiento de juzgados y tribunales. El informe, elaborado por la vocal Margarita Robles, ser¨¢ debatido esta semana y si se aprueba, se remitir¨¢ a Justicia.

Las tasas judiciales se erradicaron en 1986 ¡°para que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia, cualquiera que fuera su situaci¨®n econ¨®mica o posici¨®n social¡±. Se reintrodujeron en 2002 para las personas jur¨ªdicas, y ahora el Gobierno va a extenderlas a todos los ciudadanos ¡°por exclusivos motivos de oportunidad pol¨ªtica y econ¨®mica¡±, motivos ¡°que se contraponen a los que erradicaron la tasa judicial¡±, seg¨²n el texto del Consejo.

El informe, extremadamente cr¨ªtico con el anteproyecto, reconoce la legitimidad del Ejecutivo para llevar a cabo la reforma de las tasas, pero sugiere algunas dudas sobre su constitucionalidad en cuanto el Tribunal Constitucional ha advertido en alguna ocasi¨®n que la cuant¨ªa de las tasas ¡°no debe impedir u obstaculizar de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicci¨®n¡±.

Seg¨²n el informe, la reforma trata de financiar la justicia ¡°a cargo de los usuarios¡± y puede ser un instrumento para reducir la litigiosidad, ¡°pero no se vislumbra¡± c¨®mo puede propiciar ¡°la eficacia y racionalizaci¨®n de la Administraci¨®n de justicia¡± que proclama el anteproyecto.

El ministerio quiere recaudar 306 millones por tasas, el doble que en 2011

Frente a la afirmaci¨®n del anteproyecto de que la tasa pretende prevenir ¡°situaciones de abuso¡±, el informe reprocha que el hecho de que algunos litigantes utilicen el proceso con fines espurios ¡°no autoriza a realizar juicios de valor generalizados¡± de que eso constituya un mal end¨¦mico y generalizado de la justicia. Y a?ade que el incremento de las tasas ¡°no constituye un remedio eficaz para paliar esa patolog¨ªa¡±.

Tambi¨¦n se critica que el sistema de tasas que se pretende implantar ¡°es completamente ajeno¡± a los mecanismos de soluci¨®n extrajudicial de conflictos (mediaci¨®n, conciliaci¨®n, transacci¨®n), lo que no contribuye a disminuir la litigiosidad, cuando lo conveniente es que contribuyese a incentivar esas medidas.

En el examen del articulado, se pide que queden exentos de tasas los procesos matrimoniales, incluidos los supuestos en que haya hijos menores o discapacitados, habida cuenta de que las decisiones tambi¨¦n afectan a estos ¨²ltimos.

Sobre la cuant¨ªa de las tasas, se pone como ejemplo de cuant¨ªa ¡°exorbitante¡± el de una apelaci¨®n en un juicio verbal cuya cuant¨ªa sea de 3.001 euros. Generar¨ªa una tasa de 815 euros a lo que habr¨ªa que a?adir 165 euros de interposici¨®n de la demanda. Es decir, un total de 980 euros, que suponen el 36% de lo reclamado y a los que hab¨ªa que a?adir los gastos de abogado y procurador.

El informe llama la atenci¨®n sobre la posibilidad de que algunas comunidades aut¨®nomas ¡ªCatalu?a ya lo ha hecho¡ª instauren su propio sistema de tasas, con lo que los usuarios pueden verse abocados a soportar dos tasas diferentes por un mismo servicio.