Un sumiller para la hamburgueser¨ªa

Cada vez que uno de nuestros pr¨®ceres nos anuncia que ha encontrado una soluci¨®n a alguno de los problemas de la justicia es como para echarse a temblar, porque indefectiblemente el supuesto lenitivo recae sobre las anchas y ya magulladas espaldas de los ciudadanos. Tan imaginativos remedios, curiosamente, suelen postergar lo justo para refugiarse en lo legal, olvidando o despreciando la m¨¢xima de Montesquieu: ¡°Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa¡±.

Seguro que recuerdan aquella c¨¦lebre apertura del a?o judicial en la que el presidente del Supremo, Carlos D¨ªvar, anunci¨® que la Sala de lo Contencioso del alto tribunal ten¨ªa bloqueados m¨¢s de 6.000 millones de euros en litigios pendientes, que hab¨ªa varios miles de millones m¨¢s en las otras salas, y que esos fondos, al encontrarse congelados, no revert¨ªan al circuito econ¨®mico, lo que cercenaba m¨²ltiples expectativas. Quiz¨¢ ya no se acuerden, pero un par de meses m¨¢s tarde, D¨ªvar, como Saulo de Tarso al caer del caballo en el camino de Damasco, debi¨® tener una revelaci¨®n sobrenatural. La panacea alumbrada por el presidente del Supremo pasaba por ¡°confiar m¨¢s en los jueces y eliminar tantos garantismos¡±. Es decir, impedir que los ciudadanos pudieran recurrir, cuando precisamente esas garant¨ªas jur¨ªdicas y procesales sirven para que la ciudadan¨ªa pueda acceder a la justicia y paliar la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos; entre ellos, los jueces.

Ahora, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, con el encanto de un vendedor de cerillas quemadas, nos quiere colar su piedra filosofal, una ley de tasas que ¡ªuna vez m¨¢s¡ª desprecia lo justo y se refugia en lo legal. Necesita dinero y por este procedimiento espera conseguir 306 millones, en lugar de los 164 millones que fueron recaudados el a?o pasado, aunque el coste de los juzgados y tribunales en 2011 ascendi¨® a 1.313,8 millones.

Porque las tasas judiciales fueron eliminadas en 1986, con Felipe Gonz¨¢lez en el Gobierno, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia independientemente de su situaci¨®n econ¨®mica o posici¨®n social. Y en 2002, durante el segundo mandato de Aznar, se reintrodujeron poco menos que de tapadillo, porque ¨²nicamente afectaba a las personas jur¨ªdicas, es decir, empresas y sociedades, pero no a los ciudadanos de a pie, sin que en la exposici¨®n de motivos de la ley se hiciera la m¨¢s m¨ªnima referencia a la oportunidad de la medida.

Ahora, otro Gobierno del PP, con Gallard¨®n como baluarte, pretende pegar una patada a las nubes y propone unas tasas disparatadas especialmente en la segunda instancia (la apelaci¨®n ante una decisi¨®n contraria a tus intereses) o en la casaci¨®n (el recurso ante el Tribunal Supremo). Imagine, por ejemplo, que usted lleva a juicio a unos grandes almacenes porque no le han instalado bien el mobiliario de la cocina de su casa y les reclama 3.050 euros y el juez de primera instancia no le da la raz¨®n. Si usted cree que la sentencia es injusta y quiere que otro tribunal revise el caso, deber¨¢ pagar 800 euros de tasas solo para poder recurrir. Probablemente, por ese montante, m¨¢s gastos de abogado y procurador, usted decida que no merece la pena seguir, si encima piensa que si vuelve a perder le condenar¨¢n a pagar las costas y los honorarios del abogado de la parte contraria. Lo que es seguro, es que si son los grandes almacenes los que han perdido, abonar¨¢n los 800 euros para poder seguir litigando.

El Ministerio de Justicia ha dado traslado del anteproyecto al Consejo del Poder Judicial. La vocal Margarita Robles, ponente del informe, ha concluido que la medida obedece a exclusivos motivos de oportunidad pol¨ªtica y econ¨®mica y que puede afectar a la tutela judicial efectiva, ya que considera que limita o impide el acceso a la justicia a los pobres mientras deja v¨ªa libre a los ricos y a las grandes corporaciones. La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, tambi¨¦n ha rechazado el proyecto por considerarlo ¡°poco compatible¡± con el Estado de derecho. No obstante, el discurrir del informe no ser¨¢ pl¨¢cido por el Consejo, y es posible que no se llegue a aprobar, pues los vocales conservadores respaldan en bloque la posici¨®n del ministerio.

Se apruebe o no el informe, tasas tan desproporcionadamente elevadas en un servicio tan esencial y b¨¢sico como la justicia suponen algo parecido a que para pedir un simple refresco de cola en la hamburgueser¨ªa del barrio te obliguen a contratar los servicios de un aut¨¦ntico sumiller franc¨¦s.

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