El PP valenciano y G¨¦nova chocan en la financiaci¨®n ilegal

Las direcciones nacional y valenciana del PP se contradicen sobre las cuentas del partido en la Comunidad Valenciana en los ejercicios 2007 y 2008. Esos son los a?os en los que, seg¨²n la investigaci¨®n abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se cometi¨® un delito electoral ¡ªfinanciaci¨®n ilegal¡ª y otro de falsedad mercantil en los que habr¨ªan participado la c¨²pula del partido en la ¨¦poca de Francisco Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla, empresarios de la construcci¨®n y la trama G¨¹rtel. Los hechos se refieren a las campa?as de las elecciones municipales y auton¨®micas de 2007 y de las generales de 2008.

La gerente regional del partido e imputada en la causa, Cristina Ib¨¢?ez, ha alegado que no conserva la contabilidad original e individualizada de esos dos a?os. El motivo ser¨ªa que al cierre de cada ejercicio la remit¨ªa a la sede nacional del PP, en la calle G¨¦nova, que efectuaba ¡°asientos de ajustes, aperturas y cierres¡± sobre el mismo archivo antes de reenviarlos de vuelta a Valencia.

¡°Al estar refundidos en un mismo archivo todos los datos contables, los remitidos inicialmente desde la gerencia regional y los a?adidos posteriores de la sede central¡±, afirma Ib¨¢?ez, la documentaci¨®n que se conserva ¡°no se corresponde estrictamente a lo procesado en esta sede regional¡±. La consecuencia es que los listados ¡°que a fecha de hoy pueden sacarse desde nuestra terminal llevan incorporados los asientos efectuados por la sede central¡±.

Un imputado confirma que ¡°el de las galletas¡± es el constructor Ortiz

El tesorero nacional del PP, Jos¨¦ Manuel Romay Beccaria, en cambio, se esfuerza en dejar claro en su alegaci¨®n al juez instructor que los datos que se reciben ¡°de las distintas provincias y comunidades aut¨®nomas de Espa?a no son modificados en la oficina central del partido, sino exclusivamente consolidados en la contabilidad de la organizaci¨®n¡±. G¨¦nova, donde est¨¢ la sede nacional del PP, ¡°no practica asientos modificativos de los datos contables remitidos por las organizaciones territoriales, dado que son estas quienes conocen exclusivamente las diferentes operaciones que hayan dado lugar a la pr¨¢ctica de los correspondientes asientos¡±, sigue Beccaria. La direcci¨®n nacional se limitar¨ªa ¡°a la verificaci¨®n de la correcci¨®n contable formal de dichos asientos, a la integraci¨®n en la contabilidad nacional y a su devoluci¨®n a la organizaci¨®n territorial¡±.

El magistrado cita a declarar a tres de los empresarios implicados

Ante el juez instructor de la causa, Jos¨¦ Ceres, declararon ayer los imputados David Serra y Yolanda Garc¨ªa, que hasta el pasado domingo eran vicesecretario y tesorera del PP valenciano y siguen siendo diputados regionales. Serra confirm¨® que ¡°el de las galletas¡± o ¡°el de las magdalenas¡± del que habla con ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, en las grabaciones intervenidas por la polic¨ªa, es el constructor alicantino Enrique Ortiz. Serra admiti¨® que medi¨® para que El Bigotes cobrara una deuda que ten¨ªa con Ortiz pero, seg¨²n su versi¨®n, no se trataba de un acto del PP como sostiene la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz, y que ¨¦l intervino porque era amigo de P¨¦rez.

Seg¨²n acreditan numerosos informes aportados a la causa, los constructores pagaron actos electorales de las campa?as populares organizados por empresas de la trama G¨¹rtel. Y, para justificar los pagos, generaron facturas falsas por servicios inexistentes. El juez ha citado como imputados para el 11 de julio a Ortiz y los tambi¨¦n empresarios Vicente Cotino (sobrino del presidente de las Cortes valencianas) y Enrique Gimeno (de la empresa Facsa).