El pleno de la Sala Penal del Supremo ¡®absuelve¡¯ al presidente por 11 votos a 4

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acord¨® este mi¨¦rcoles, por 11 votos a 4, no admitir a tr¨¢mite la querella de la asociaci¨®n Preeminencia del Derecho contra el presidente del alto tribunal, Carlos D¨ªvar, y ha archivado las actuaciones, al no apreciar los delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida ni malversaci¨®n de caudales en los gastos de 32 viajes a Marbella y a otros destinos cargados al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial.

La decisi¨®n contar¨¢ con los votos particulares discrepantes de los magistrados Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, Joaqu¨ªn Gim¨¦nez y Alberto Jorge Barreiro, todos ellos de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia, y el del conservador Jos¨¦ Manuel Maza.

La sala de admisi¨®n se pronunci¨® por 3 votos a 2 en contra de admitir la querella, proporci¨®n que en el pleno se elev¨® a 11 frente a 4. La disidencia de menos de un tercio del total de los 15 magistrados se considera en t¨¦rminos pol¨ªticos un resultado menos malo para D¨ªvar. Adem¨¢s del sector conservador casi al completo ¡ªa excepci¨®n del juez Maza¡ª votaron en contra de la admisi¨®n los progresistas de mayor antig¨¹edad, Carlos Granados y C¨¢ndido Conde-Pumpido, el moderado Andr¨¦s Mart¨ªnez-Arrieta y Luciano Varela, de Jueces para la Democracia.

Fuentes del Supremo indicaron que la deliberaci¨®n se produjo en t¨¦rminos correctos y ordenados, sin tensiones entre los magistrados, que se mostraron muy cr¨ªticos con la disposici¨®n de dinero p¨²blico por parte de los consejeros del Poder Judicial y con la laxitud en su control de las cantidades.

Sin embargo, la mayor¨ªa coincidi¨® en que esa cuesti¨®n no depend¨ªa de los magistrados del Supremo, cuyo papel es el de ce?irse al control de legalidad de los actos del presidente y examinar si los hechos reflejados en la querella son constitutivos de delito. En ese sentido, la mayor¨ªa coincidi¨® en que D¨ªvar est¨¢ amparado por las normas sobre gastos del Consejo del Poder Judicial que no obligan a detallar con qui¨¦n se tienen atenciones protocolarias. En consecuencia, concluyeron que la imputaci¨®n de gastos presentada por D¨ªvar no es ilegal ni incurre en los delitos denunciados.

Frente a la opini¨®n de la mayor¨ªa, el n¨²cleo discrepante de Jueces para la Democracia, integrado por los magistrados Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, Andr¨¦s Ib¨¢?ez y Jorge Barreiro, plante¨® la necesidad de profundizar en la investigaci¨®n de determinados gastos sobre los que recae la sospecha de que pudieran ser delictivos.

Desde la mayor¨ªa se les contest¨® que si se empezaba a considerar que D¨ªvar cometi¨® delito por no identificar a las personas con las que comi¨® con cargo al presupuesto del Consejo, habr¨ªa que extender la cuesti¨®n a todos los cargos p¨²blicos. Pero dado que la norma del Consejo del Poder Judicial viene a decir que basta con presentar la factura y nada obliga a que se diga con qui¨¦n se ha comido, no quedaba m¨¢s conclusi¨®n que la de que D¨ªvar no incurri¨® en delito.

El magistrado conservador Jos¨¦ Manuel Maza plante¨® la necesidad de examinar la ampliaci¨®n de la querella y pedir m¨¢s documentaci¨®n sobre los ¨²ltimos gastos aparecidos, postura que fue desechada dado que las consecuencias ser¨ªan las de retrasar de nuevo el pronunciamiento del pleno sobre la admisi¨®n.

Luciano Varela se limit¨® a una intervenci¨®n muy t¨¦cnica sobre los problemas que planteaba la denuncia transformada despu¨¦s en querella y la posible aplicaci¨®n al caso de la conocida como doctrina Bot¨ªn, al haber informado el ministerio fiscal en contra de la existencia de delito y ser el ¨²nico querellante una acusaci¨®n popular.

El auto de inadmisi¨®n y los votos particulares de los cuatro magistrados discrepantes se conocer¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas. El presidente de la Sala, Juan Saavedra, que decidi¨® avocar al pleno la decisi¨®n sobre la querella, redactar¨¢ el auto de inadmisi¨®n.