El Gobierno y el PP presionan a la izquierda ¡®abertzale¡¯ con la ilegalizaci¨®n

El Gobierno no dio tregua este martes, al menos verbal, a la izquierda abertzale. A trav¨¦s del ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez, del PP vasco y del portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se exterioriz¨® un mensaje de absoluta dureza hacia cualquier desm¨¢n de Amaiur o Bildu. Se dijo, en reiteradas ocasiones, que, ante ciertos comportamientos ¡ªnada nuevos en este entorno, por otro lado, como criticar el arresto de dos presuntos etarras¡ª, el Ejecutivo proceder¨ªa a instar la ilegalizaci¨®n de estas formaciones. El m¨¢s duro fue Alonso, que lleg¨® a decir que el contador para ilegalizar a Bildu y Amaiur hab¨ªa ¡°empezado a avanzar¡±.

Pero se trata de un mensaje ambiguo. Porque, mientras por un lado se exhib¨ªa esta nueva dureza, por otro se matizaban estas declaraciones, tanto en p¨²blico como en privado, asegurando que, por el momento, son solo un ¡°aviso para navegantes¡± y que el rifirrafe de este martes no significa que por los dos recientes enfrentamientos con la izquierda abertzale ¡ªpor las dos detenciones en el sur de Francia y por la concesi¨®n de una subvenci¨®n de 9.000 euros por parte del Ayuntamiento de San Sebasti¨¢n, gestionado por Bildu, a un documental sobre presos de ETA¡ª, el Gobierno vaya a actuar de inmediato. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, no se pronunci¨® a este respecto, y en ning¨²n momento se indic¨®, desde ese ministerio, que se hubiera puesto ya a trabajar a la Abogac¨ªa del Estado en la ilegalizaci¨®n de ning¨²n partido o formaci¨®n.

Incluso, y mientras se suced¨ªan las advertencias, el propio I?aki Oyarz¨¢bal, secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP y secretario general del PP vasco, matizaba que ni Bildu o Amaiur iban a ser ilegalizados de forma inminente porque el Tribunal Constitucional habla de ¡°reincidencia¡±, en la reciente sentencia en la que legaliza Sortu pero estableciendo una serie de conductas que podr¨ªan llevar a su ilegalizaci¨®n posterior, como requisito necesario para dejar fuera del sistema a una formaci¨®n pol¨ªtica. Oyarz¨¢bal asegur¨® adem¨¢s, en una rueda de prensa en Vitoria, que el Gobierno solo quiere dejar bien claras las l¨ªneas rojas que ning¨²n partido debe cruzar si quiere continuar siendo legal. ¡°Hablar de ilegalizar es una simplificaci¨®n que confundir¨ªa a la opini¨®n p¨²blica¡±, se?al¨®.

Amaiur dice que los arrestos perjudican ¡°la resoluci¨®n del conflicto¡±

El ministro del Interior habl¨®, en un momento dado, de que Bildu, por la cuesti¨®n del documental de los presos, habr¨ªa incurrido ¡°literalmente¡± en una causa de ilegalizaci¨®n, y acus¨® por otro lado a Amaiur de situarse ¡°al lado de los asesinos en lugar de en el Estado de derecho y el de las v¨ªctimas¡± por las cr¨ªticas a los arrestos. Pero matiz¨® despu¨¦s que la observaci¨®n era un aviso.

La resoluci¨®n del Constitucional establece varias causas de posible ilegalidad sobrevenida. Una de ellas es equiparar la violencia terrorista con la coacci¨®n leg¨ªtima del Estado de derecho, ¡°la que se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando persiguen, detienen y ponen a disposici¨®n judicial a los responsables de los delitos de terrorismo y a los jueces y tribunales cuando les condenan en un proceso justo y con todas las garant¨ªas¡±, se?ala el alto tribunal. Otra es cuestionar el deber de las fuerzas policiales de perseguir a los terroristas.

A estas dos causas, precisamente, aludi¨® Alonso al referirse a las declaraciones del portavoz de Amaiur en el Congreso, Mikel Errekondo, que afirm¨® que los arrestos en Francia de los presuntos etarras Ugaitz Errazkin y Jos¨¦ Javier Oses iban ¡°en direcci¨®n contraria a la resoluci¨®n del conflicto¡±. El portavoz de Amaiur anunci¨®, por otro lado, que sus diputados no acudir¨¢n hoy al homenaje que la C¨¢mara baja ha organizado en memoria de las v¨ªctimas del terrorismo por considerarlo ¡°parcial y no integrador¡± y que ellos prefer¨ªan rendir tributo a ¡°todas las v¨ªctimas¡± frente al ¨¢rbol de Gernika, tanto a las provocadas por ETA como a las del ¡°terrorismo de Estado¡±.

El resto de las causas de ilegalizaci¨®n recogidas en la sentencia del Constitucional son equiparar el sufrimiento de las v¨ªctimas y los presos; legitimar el terrorismo; el ensalzamiento del terrorismo y humillaci¨®n de las v¨ªctimas; el desprecio del orden constitucional ; y el sostenimiento econ¨®mico del terrorismo.

Con esta sentencia en la mano, el Gobierno parece haber decidido no dejar pasar ninguna declaraci¨®n ni acto de la izquierda abertzale que pueda resultar ¡°dudoso¡±. Comportamientos que antes no habr¨ªan merecido m¨¢s que un reproche p¨²blico, como la cr¨ªtica de Errekondo a las detenciones, se convirtieron en amenaza directa de ilegalizaci¨®n.

Cuesti¨®n distinta es cu¨¢ndo, y bajo qu¨¦ circunstancias, efectivamente el Ejecutivo podr¨ªa decidirse a comenzar los tr¨¢mites para ilegalizar una formaci¨®n abertzale.

Para ello, en principio deber¨ªan estar lo suficientemente seguros de que las causas que aleguen van a ser despu¨¦s apreciadas por los jueces para no fracasar en el intento. A no ser que lo que se pretenda en un momento dado sea contentar a ciertos sectores que llevan meses pidiendo la ilegalizaci¨®n de Bildu y Amaiur.

El Ejecutivo y el PP matizaron despu¨¦s que por ahora solo est¨¢n ¡°avisando¡±

Hasta el momento, Interior se hab¨ªa mantenido firme en asegurar que no hab¨ªa causas suficientes para pedir que la formaci¨®n fuera considerada ilegal. ¡°Los informes jur¨ªdicos de la fiscal¨ªa y de la Abogac¨ªa del Estado, basados en informaci¨®n de la polic¨ªa y de la Guardia Civil, nos dicen que no hay base probatoria para ello¡±, se?al¨® en febrero el ministro Fern¨¢ndez en una entrevista concedida a EL PA?S. Ese mismo mes, el intento de UPyD de que se aprobara una moci¨®n en el Congreso para instar la ilegalizaci¨®n de Amaiur y Bildu fracas¨® y acab¨® finalmente en un texto votado por todos los partidos ¡ªsalvo Amaiur y UPyD¡ª en el que expresaban unidad frente al terrorismo y ped¨ªan a ETA su disoluci¨®n.

La sentencia del Constitucional ha cambiado ligeramente estas reglas del juego. Con la idea de la ilegalidad sobrevenida, el alto tribunal pone en manos del Gobierno la vigilancia permanente de cualquier formaci¨®n pol¨ªtica. Si la izquierda abertzale no deja de lado ciertas actuaciones y declaraciones recurrentes, como cuestionar las detenciones de miembros de ETA tras el alto el fuego, el Ejecutivo amenaza con reaccionar duramente no solo con las palabras, sino con los hechos.