Un funcionario clave en el espionaje a adversarios de Aguirre pide declarar

Un funcionario que desempe?¨® un papel clave en la trama de espionaje pagada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir a adversarios pol¨ªticos de Esperanza Aguirre dentro de su propio partido, el PP, ha pedido a la juez que instruye la causa declarar de nuevo para aclarar algunas circunstancias del caso, en el que hay cinco personas imputadas.

La causa, archivada en dos ocasiones, se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial, que ha visto suficientes indicios de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en la actividad de los imputados y pide que se calcule el da?o hecho a las arcas p¨²blicas para sentar a los supuestos culpables en el banquillo. Los imputados dedicaron supuestamente su tiempo, pagado con dinero p¨²blico, y los medios de la Administraci¨®n auton¨®mica ¡ªcoches, tel¨¦fonos m¨®viles, motos¡­¡ª a un fin que no se correspond¨ªa con sus funciones y que era ilegal.

El PP nacional abri¨® una investigaci¨®n interna sobre los hechos, que cerr¨® sin concluir nada porque el caso lleg¨® a los tribunales. El Parlamento de la Comunidad de Madrid cre¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre los hechos pero el PP la cerr¨® sin que declarasen siquiera los espiados Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid cuando ocurrieron los hechos) y Alfredo Prada (consejero de Justicia en los meses que fue seguido por agentes de la Consejer¨ªa de Interior). Cobo y Prada, que denunciaron los hechos en los tribunales, no recurrieron el primer archivo y se desentendieron del asunto por orden expresa de la direcci¨®n nacional del PP. Solo el PSOE mantuvo vivo el caso con sus recursos para que la investigaci¨®n continuara adelante.

El funcionario clave que pide ahora declarar se llama Jos¨¦ Manuel Pinto y es uno de los cinco imputados en el caso. Su letra manuscrita figura en los partes mecanografiados que reflejan el espionaje, seg¨²n un informe caligr¨¢fico de la polic¨ªa cient¨ªfica que pidi¨® la juez. Pinto lo niega. De los cinco imputados es el ¨²nico que no es cargo de confianza y el que trabajaba en ese departamento de Seguridad de la Comunidad antes de que el PP llegara al poder.

El principal acusado del espionaje se llama Sergio Gam¨®n y era director general de Seguridad cuando ocurrieron los hechos. El Gobierno de Aguirre le mantuvo con un cargo directivo muy bien remunerado hasta que la exmujer de Gam¨®n denunci¨® que su marido hablaba con el vicepresidente auton¨®mico, Ignacio Gonz¨¢lez, sobre los seguimientos a otros pol¨ªticos del PP.

Tres guardias civiles fichados por el anterior consejero de Interior, Francisco Granados, tambi¨¦n est¨¢n imputados en el caso porque los informes facilitados por Telef¨®nica demostraron que se encontraban en cada momento en los lugares del espionaje que reflejan los partes, siguiendo a Prada o a Cobo en sus actividades p¨²blicas y privadas de abril y mayo de 2008. Ambos pol¨ªticos del PP se hab¨ªan pronunciado esa primavera claramente a favor de la continuidad de Rajoy al frente del partido en un momento cr¨ªtico previo al congreso de Valencia y no apoyaban a Aguirre en su amago de liderar el PP. Aguirre despidi¨® a Prada de su Gobierno meses despu¨¦s de ser espiado.

Durante la instrucci¨®n de la causa, ninguno de los imputados reconoci¨® el espionaje. Los guardias civiles que segu¨ªan a Prada a todos los sitios declararon que hac¨ªan labores de contravigilancia por indicaci¨®n de su jefe, Sergio Gam¨®n. Este neg¨® que se hicieran contravigilancias o que ¨¦l les diera ¨®rdenes porque eran asesores del consejero Granados.

Pinto quiere ahora aportar a la juez nuevos datos para esclarecer lo ocurrido. Pinto nunca estuvo en los seguimientos a Prada y Cobo. El rastreo de sus llamadas telef¨®nicas le sit¨²an siempre en su lugar de trabajo y no en los sitios frecuentados por Prada o Cobo.

Sin embargo, el informe pericial caligr¨¢fico apunta que Pinto escribi¨® de su pu?o y letra sobre los partes que recog¨ªan las actividades de los dos pol¨ªticos.

Jos¨¦ Manuel Pinto estuvo de baja un a?o y medio a ra¨ªz del estallido del caso, al verse se?alado como una de las piezas claves de la trama. Tras esta situaci¨®n, Pinto pidi¨® en 2010, ya con el alta m¨¦dica, volver a su puesto de trabajo pero desde la consejer¨ªa se le impidi¨® regresar durante al menos otro a?o y medio, seg¨²n denuncia su abogado. Pese a ello, cobr¨® su n¨®mina sin hacer nada. Pinto ha optado no solo por pedir declarar de nuevo al ver que la Audiencia ha reabierto el caso sino que ha demandado en un Juzgado de lo Social a la Comunidad de Madrid por atentar contra su derecho al trabajo. Su abogado anuncia ¡°grandes sorpresas¡± aunque de momento la juez no le va a citar a declarar a la espera de que se resuelva un recurso del PP contra la reapertura del caso por parte de la Audiencia Provincial.