El Gobierno y la Generalitat negocian para evitar llevar sus medidas al Constitucional

El acercamiento entre el Gobierno de Artur Mas y el Gobierno de Mariano Rajoy es cada vez m¨¢s evidente. En un nuevo acuerdo de cordialidad, ambos gobiernos han optado por sentarse a negociar para evitar que sea el Tribunal Constitucional el que dirima sobre las medidas de ajuste adoptadas por cada uno de ellos. La Subcomisi¨®n de Seguimiento Normativo, Prevenci¨®n y Soluci¨®n de Conflictos de la Comisi¨®n Bilateral Generalitat-Estado ha iniciado las negociaciones sobre las ¡°discrepancias¡± que el Gobierno mantiene respecto a la tasa tur¨ªstica y el euro por receta implantados en Catalu?a. De hecho, la adopci¨®n de estas medidas fue apoyada impl¨ªcitamente por el PP, que se abstuvo en la votaci¨®n que la sac¨® adelante en el Parlament.

Por su parte, el Ejecutivo de Mas se aline¨® con el PP la semana pasada para rechazar la presentaci¨®n del recurso ante el Constitucional de los tres decretos del Gobierno que forzaron el tercer plan de ajuste de la Generalitat, que tampoco sirvi¨® para que el Gobierno auton¨®mico evitara acudir al rescate auton¨®mico anunciado ayer. CiU dijo que recurrir¨ªa los recortes en Sanidad, Educaci¨®n y el decreto de la Ley de Estabilidad, pero parece que solo fueron palabras sin hechos.

El acuerdo, tal como publica el BOE, fue adoptado el 14 de junio. De esta manera, ambos dejaban aparcados los recursos tras una reuni¨®n entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. Mientras, CiU insiste en se?alar un cambio en sus relaciones con el PP en el Congreso y subraya que estos acuerdos, simplemente, suponen una v¨ªa pol¨ªtica que podr¨ªa solucionar las discrepancias de manera m¨¢s r¨¢pida que la v¨ªa judicial.

Ambos ejecutivos tienen pendiente la celebraci¨®n de otra reuni¨®n de la comisi¨®n bilateral para limar discrepancias, entre las que se encuentra el euro por receta, que cuenta con la amenaza del Gobierno de recurrir al Constitucional. En cualquier caso, ambos se reservan el derecho de acabar acudiendo al tribunal en el caso de que la negociaci¨®n no prospere. Para ello cuentan, tal como marca la ley con un plazo de nueve meses.