El dif¨ªcil censo de los amenazados
Los partidos en el Pa¨ªs Vasco asocian la iniciativa del PP a un intento directo de ¡°pucherazo"
En su g¨¦nesis, la posibilidad de que pudieran votar en Euskadi quienes durante d¨¦cadas tuvieron que irse por la amenaza de ETA fue entendida como una ocurrencia del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, su impulsor. Ahora, coge cuerpo porque recibe el respaldo interpretativo de un grupo de expertos requeridos por el Ministerio del Interior, pero, en cambio, sus conclusiones no logran disipar las dudas democr¨¢ticas que la propuesta encierra y que el resto de los partidos en Euskadi asocian a un intento directo de ¡°pucherazo¡±, en gr¨¢fica expresi¨®n del PNV.
?C¨®mo se confecciona un censo de extorsionados? ?Qu¨¦ requisitos ser¨ªan exigibles? ?A partir de qu¨¦ fecha se pone el contador a cero para abrir la lista? ?Est¨¢ abierta la puerta a las v¨ªctimas de todo tipo de violencia? ?Ser¨ªan considerados como una nueva di¨¢spora vasca? ?Solo podr¨ªan votar por correo, o d¨®nde se colocar¨ªan las urnas? La lista de interrogantes es importante.
Bien es cierto que hist¨®ricamente se ha concedido el derecho al voto a cuantos espa?oles emigraron a Iberoam¨¦rica como exiliados de la Guerra Civil. ?Acaso se repite la situaci¨®n en el Pa¨ªs Vasco? La sugerencia del PP aboca a tan peligrosa equiparaci¨®n, mientras abre una mal¨¦vola interpretaci¨®n pol¨ªtica por el momento en que llega.
Esta iniciativa en favor de los vascos amenazados, que tiene el apoyo de UPyD, coincide con la llegada de la paz a Euskadi, la incorporaci¨®n de la izquierda abertzale al juego democr¨¢tico y, especialmente, con las reducidas posibilidades que las expectativas electorales conceden a los populares en las pr¨®ximas auton¨®micas. Ah¨ª radica el rechazo casi generalizado de las fuerzas pol¨ªticas. Ni siquiera el PSE-EE acompa?a en este viaje a su antiguo socio, con quien se ali¨® hace ahora tres a?os para combatir desde las instituciones el escenario de la violencia.
Con todo, esta resoluci¨®n en favor del voto de los desterrados por ETA deja sin resolver cuestiones nucleares sobre el proceso de convivencia que supone, sin duda, el reto m¨¢s dif¨ªcil que le aguarda a la sociedad vasca. Quienes entienden, y con raz¨®n, este derecho como una medida reparadora, a buen seguro no abrazan correspondencia alguna desde el otro lado, m¨¢s bien lo deploran. Quienes impulsan ahora este reconocimiento a cuantos vascos sufrieron la violencia son los mismos que no aceptan la existencia de otro tipo de v¨ªctimas por excesos policiales. As¨ª es como se llega al di¨¢logo de sordos.
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