¡°Son ni?os tutelados por una Administraci¨®n que ahora les falla¡±

Carles Tria, m¨¦dico de 55 a?os, lleva 17 a?os trabajando en la residencia Santa Mar¨ªa, de Matar¨®. El centro est¨¢ pasando estos d¨ªas por los peores momentos que recuerda. Pero ni siquiera ahora, aunque no vaya a cobrar este mes, se plantea cambiar de trabajo. ¡°Cuando llegu¨¦, me enamor¨¦ de esta forma de entender la medicina¡±, dice. ¡°Es injusto que siempre resulten perjudicados los m¨¢s desfavorecidos. Ahora nos necesitan¡±, a?ade.

Tria es uno m¨¢s de los miles de trabajadores sociales que estos d¨ªas, pese a ver en riesgo sus ingresos, han decidido cerrar filas con los ni?os, personas mayores o discapacitados a los que atienden. Seg¨²n el Colegio de Trabajo Social de Catalu?a, hasta 100.000 empleados del sector pueden verse afectados por los impagos de la Generalitat a todos los centros asistenciales concertados de Catalu?a.

¡°Estamos en una situaci¨®n de verdadera alarma social¡±, asegura I?aki Ant¨®n, director de la residencia Gravi en Poliny¨¤ (Barcelona). Ant¨®n explic¨® que la financiaci¨®n p¨²blica supone el 70% de los ingresos de este tipo de centros, mientras el resto es sufragado por las familias. Por ello, ya ha comunicado a sus trabajadores que no podr¨¢ pagar ni n¨®minas ni a gran parte de los proveedores, salvo los que preparan las comidas ¡°Es lo ¨²ltimo en lo que vamos a recortar. No podemos dejar de alimentar a los ancianos¡±, remat¨®.

En la residencia para discapacitados intelectuales Santa Mar¨ªa, en Matar¨® (Barcelona), califican la situaci¨®n de ¡°cr¨ªtica¡±. Albert Vidal, vocal de la fundaci¨®n privada Maresme, que gestiona el centro, revela que los trabajadores no cobrar¨¢n la n¨®mina de este mes, aunque desde la direcci¨®n se est¨¢ buscando c¨®mo pagar ¡°al menos una parte¡± del sueldo de los 280 profesionales que trabajan en sus siete centros, que atienden a unas 2.000 personas. Vidal recuerda que de los 12 millones de euros anuales de presupuesto que tiene la fundaci¨®n, un 80% procede de la Generalitat. El vocal conf¨ªa en que esta decisi¨®n del Gobierno catal¨¢n no se repita, ya que si el impago se prolonga dos meses m¨¢s, tendr¨¢n que cerrar.

En situaci¨®n similar se encuentran los 90 centros residenciales que atienden a los m¨¢s de 2.000 menores tutelados por la Generalitat por hallarse desamparados o en riesgo de exclusi¨®n social. ¡°Los retrasos en los pagos ya nos obligaron a negociar una p¨®liza con La Caixa para impagos. Es el ¨²nico bal¨®n de ox¨ªgeno que tendremos¡±, explic¨® la directora de un centro de menores tutelados en Girona. Responsable de 16 ni?os de entre dos y 18 a?os, la educadora pide no revelar el nombre de su centro, que coordina desde hace 20 a?os.

¡°Son ni?os tutelados por una administraci¨®n, que ahora les est¨¢ fallando¡±, lamenta la directora. ¡°El ¨²nico dinero que recibimos es el de la Generalitat, 59.400 euros al mes. Con ello se sufraga todo lo que necesiten los menores, m¨¢s el salario de 11 educadores que se turnan las 24 horas del d¨ªa. Cuando conocimos la decisi¨®n de la Generalitat los empleados optaron por reducir su n¨®mina en un 40% con tal de que los ni?os est¨¦n bien atendidos¡±, a?adi¨®. Un educador cobra unos 1.300 euros al mes.

La decisi¨®n de la Generalitat de aplazar el pago de m¨¢s de 70 millones de euros a centros sociales concertados, correspondientes al mes de julio, ya ha dado el primer paso hacia los tribunales. La Asociaci¨®n Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atenci¨®n a la Dependencia Gerontol¨®gica (Ascad) llev¨® ayer a la Fiscal¨ªa los impagos, por considerar que suponen un ¡°abandono asistencial¡± de las personas mayores cuya asistencia depende de estos centros. Ascad argumenta que la decisi¨®n del gobierno de Artur Mas (CiU) comporta un ¡°riesgo vital¡± para los residentes.