La forense ignor¨® la orden del juez para explorar al etarra Uribetxeberria

La forense Carmen Baena?no viaj¨® a San Sebasti¨¢n para explorar por s¨ª misma a Iosu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador del funcionario de prisiones Jos¨¦ Antonio Ortega Lara, y aclarar si el c¨¢ncer de ri?¨®n con met¨¢stasis en el cerebro y un pulm¨®n que le otorga menos de un a?o de vida era suficiente para ponerlo en libertad condicional. Y no lo hizo a pesar de que el juez Santiago Pedraz, que sustitu¨ªa al?juez central de Vigilancia Penitenciaria Jos¨¦ Luis de Castro, se lo orden¨® el pasado 17 de agosto a petici¨®n de la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional. Ahora, sin embargo, el fiscal se apoya en gran parte en el informe de Baena ¡ªredactado tras analizar ¨²nicamente otros informes de m¨¦dicos que s¨ª examinaron al etarra¡ª para recurrir la libertad del preso propuesta por Instituciones Penitenciarias ¡ªdependiente de Interior¡ª y acordada el jueves por De Castro.

Ese informe hecho a distancia por la m¨¦dico forense ha sido fundamental para que el fiscal haya podido oponerse a la excarcelaci¨®n del etarra. El ministerio p¨²blico se basa en ¨¦l para oponerse al redactado por los m¨¦dicos del hospital Donostia de San Sebasti¨¢n, donde Uribetxeberria est¨¢ siendo tratado, y que sirvi¨® a Instituciones Penitenciarias para otorgarle el tercer grado y proponer su libertad. Tanto en el escrito con el que la fiscal¨ªa se opuso a la excarcelaci¨®n como en el recurso presentado ayer contra ¨¦sta, se subraya que el interno no est¨¢ en estado terminal y que podr¨ªa ser tratado de sus dolencias sin abandonar la prisi¨®n, como mantiene Baena.

El que s¨ª viaj¨® a San Sebasti¨¢n para entrevistarse con el etarra y con los facultativos que se ocupan de ¨¦l fue el propio De Castro, que en una diligencia final acordada de oficio el 28 de agosto, decidi¨® interrogar a los onc¨®logos del hospital para solventar las contradicciones entre ambos informes (el del hospital y el de la forense). Estos le informaron de que el c¨¢ncer de Uribetxeberria no ten¨ªa curaci¨®n y que, debido a sus met¨¢stasis, su umbral de supervivencia estar¨ªa entre los tres y los siete meses. Esos nuevos datos fueron fundamentales para que el juez de Vigilancia lo pusiera en libertad, aunque condicionada a un eventual recurso de la fiscal¨ªa.

Para la fiscal¨ªa, sin embargo, De Castro realiz¨® su viaje a San Sebasti¨¢n faltando a ¡°las reglas de la buena fe y la lealtad procesal¡±. Pedro Rubira, el fiscal que firma el recurso, asegura que la entrevista con los onc¨®logos de San Sebasti¨¢n no se comunic¨® a los fiscales hasta el d¨ªa siguiente, ¡°cuando la diligencia ya hab¨ªa sido practicada¡±, por lo que considera que ha producido indefensi¨®n al ministerio p¨²blico y se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. El objetivo de esa diligencia, seg¨²n De Castro, fue lograr una ¡°aclaraci¨®n¡± de los informes m¨¦dicos, ¡°especialmente de aquellos especialistas que est¨¢n a pie de cama tratando y atendiendo al enfermo¡±.

El fiscal, adem¨¢s, acusa al juez de ocultarle informaci¨®n. A ¨¦l y a la forense. Se refiere a otro informe de los onc¨®logos de San Sebasti¨¢n, redactado el 22 de agosto, en el que se certificaba que los n¨®dulos encontrados en el pulm¨®n y el cerebelo del etarra eran met¨¢stasis de su c¨¢ncer de ri?¨®n. El hospital Donostia envi¨® ese informe al Servicio Vasco de Salud para que a su vez lo enviara a la Audiencia Nacional pero jam¨¢s lleg¨® al juzgado. De Castro conoci¨® su existencia durante su visita al centro y lo incorpor¨® al expediente.

El fiscal pide la nulidad porque ni el forense ni el ministerio p¨²blico tuvieron acceso a las ¨²ltimas diligencias del juez

Por lo dem¨¢s, el escrito del fiscal repite los argumentos recogidos en el informe con el que se opuso a la libertad. Es decir, que como Uribetxeberria no se encuentra terminal seg¨²n el informe de la forense Baena, no cabe eximirle del requisito de firmar una declaraci¨®n expresa de abandono de la violencia y de la petici¨®n de perd¨®n a las v¨ªctimas. El ministerio p¨²blico, sin embargo, no impuso esa exigencia en el caso de Mikel Iba?ez Oteiza, un etarra excarcelado en enero de 2011 con un pron¨®stico de supervivencia de 12 meses, similar al de Uribetxeberria.

Pero el recurso, adem¨¢s, contiene una importante carga de profundidad. El ministerio p¨²blico pretende que no sean solo los cinco magistrados de la Secci¨®n Primera de la Audiencia ¡ªla que se encarga de los asuntos penitenciarios y resuelve todos los recursos contra resoluciones de De Castro¡ª los que tengan la ¨²ltima palabra sobre la libertad de Uribetxeberria, sino que sea el pleno de la Sala Penal, formado por 18 magistrados. El motivo, seg¨²n el escrito, es ¡°la repercusi¨®n que puede tener para otros casos¡± y ¡°la necesidad de establecer criterios jur¨ªdicos uniformes¡±.

Esta ¨²ltima petici¨®n tiene una enorme trascendencia. En medios judiciales se sostiene que la Secci¨®n Primera, debido a su composici¨®n mayoritariamente progresista, confirmar¨ªa la libertad decretada por De Castro. Sin embargo, el pleno de la Sala de lo Penal, en conjunto, est¨¢ m¨¢s escorado a la derecha y su decisi¨®n, mantienen esas fuentes, ser¨ªa imprevisible. Es el presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska el que tiene la facultad de avocar el asunto al pleno, pero fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron ayer que no lo har¨¢. La libertad de Bolinaga solo la decidir¨¢n conjuntamente los 18 magistrados del pleno si lo solicitan m¨¢s de la mitad, es decir, 10 de ellos.