Insumisi¨®n

Parece que la ventana de oportunidad abierta en el verano por el BCE de Mario Draghi, al prometer que avalar¨ªa condicionalmente la deuda espa?ola e italiana de corto plazo, se va cerrando en este oto?o de efectos retardados, cuando el clima pol¨ªtico de la eurozona se vuelve cada vez m¨¢s sombr¨ªo tanto por la indecisi¨®n de Rajoy (que no se atreve a solicitar rescate) como por la de Merkel (que aplaza sine d¨ªe su respaldo a los rescates y la uni¨®n bancaria). Y mientras tanto, las cosas empeoran en Espa?a ante la nueva rebeli¨®n de los catalanes y el crecimiento de la insumisi¨®n popular: dos nuevos frentes de batalla civil que se le abren al Gobierno sin que parezca capaz de enfrentarse a ellos con un m¨ªnimo de inteligencia pol¨ªtica. En lugar de ofrecerse a negociar pactando una agenda de cuestiones a debatir, y sobre todo un calendario compatible con el control de la crisis, el Gobierno ha preferido cerrarse en banda y atacar en tromba, empe?ado en espa?olizarlo todo (?o se quiso decir descatalanizar?) sin dejarse margen para reaccionar con cierta elasticidad. Tiempo habr¨¢ de volver a la cuesti¨®n catalana, sobre la que Rubio Llorente public¨® en estas p¨¢ginas (el pasado d¨ªa 8) una tribuna ejemplar y convincente.

Entretanto merece la pena comentar la otra cuesti¨®n que ha alterado los ¨¢nimos: las repercusiones de la manifestaci¨®n Rodea el Congreso convocada el 25-S por la Cumbre Social (que congrega a las centrales sindicales, las diversas mareas de colores antirrecortes y m¨¢s de 100 asociaciones de indignados). Como se recordar¨¢, el Ejecutivo pretendi¨® abortarla con una doble estrategia preventiva: ante todo denunci¨® a sus convocantes ante los tribunales imput¨¢ndoles delitos contra el Estado y sus instituciones, y adem¨¢s blind¨® el Congreso como si fuera a sufrir un asedio militar.

Por lo dem¨¢s, ya en el curso de los hechos, Interior carg¨® contra los manifestantes con violencia innecesaria en busca de provocaci¨®n, deteniendo a una treintena de activistas a los que acus¨® ante la Audiencia Nacional de un delito de sedici¨®n. En paralelo, la gobernadora civil (quiero decir, la delegada del Gobierno) suger¨ªa recortar (quiero decir ¡°modular¡±) el derecho de manifestaci¨®n, mientras la jaur¨ªa de corifeos medi¨¢ticos del PP comparaba el Sitio del Congreso con el 23-F de Tejero, elev¨¢ndolo a la categor¨ªa de grave amenaza terrorista y antisistema contra la democracia y el Estado de derecho. Y el tragic¨®mico desprop¨®sito alcanz¨® su paroxismo cuando el juez instructor de la Audiencia Nacional rechaz¨® procesar a los detenidos alegando con raz¨®n que se limitaban a ejercer su derecho a protestar en p¨²blico contra el merecido desprestigio de la clase pol¨ªtica, con lo que se arm¨® contra ¨¦l un feroz linchamiento simb¨®lico que pretend¨ªa crucificarle por haber osado vilipendiar a los padres de la patria.

Cabe disculpar la torpeza de un Gobierno que, al verse rodeado por may¨²sculos problemas que no acierta a resolver, pretendi¨® aliviar la tensi¨®n magnificando un problema menor, como era la manifestaci¨®n del 25-S, para montar sobre ¨¦l un esc¨¢ndalo que distrajese la atenci¨®n proyect¨¢ndola sobre un imaginario enemigo interior: los insumisos activistas antisistema. Pero es evidente que le sali¨® el tiro por la culata. Primero, porque incurri¨® en un pecado de populismo al decretar la persecuci¨®n inquisitorial de unos falsos culpables con la esperanza de recuperar la adhesi¨®n popular y el apoyo ciudadano, pero obteniendo justamente efectos opuestos a los buscados. Y adem¨¢s porque al actuar as¨ª ha revelado tambi¨¦n su verdadera naturaleza dudosamente democr¨¢tica. ?C¨®mo es posible criminalizar a alguien acus¨¢ndole de delitos contra la democracia cuando se estaba limitando a ejercer su derecho constitucional a asociarse, reunirse y manifestarse? ?Acaso no se dan cuenta de que, si alguien est¨¢ cometiendo delitos contra la democracia es el propio Gobierno, cuando reprime, recorta o deroga los derechos civiles y pol¨ªticos de los manifestantes, tal como viene haciendo habitualmente con los derechos sociales de todos los ciudadanos mediante su injusta pol¨ªtica de austeridad fiscal?

Por lo dem¨¢s, el fondo del asunto resulta incontestable. La ciudadan¨ªa espa?ola, y por ende la Cumbre Social, tiene perfecto derecho a disentir del Congreso, de las leyes en vigor y de la propia Constituci¨®n. Es un derecho constitucional que le pertenece de forma inherente, lo mismo que el de manifestarse expresando en p¨²blico su disidencia e insumisi¨®n contra una clase pol¨ªtica que gobierna contra aquellos a los que representa. La misma insumisi¨®n cuyo contenido pol¨ªtico, a juzgar por las encuestas, tambi¨¦n es compartido por tres cuartas partes de la ciudadan¨ªa espa?ola: una contundente mayor¨ªa silenciosa.