La concejala de las casas ilegales

Hay una ciudad en C¨¢diz en la que la mitad de sus casi 80.000 habitantes vive en casas ilegales. Y donde la concejala de Urbanismo reside en una de ellas. La ciudad es Chiclana y vive atrapada en un limbo legal. Ha tenido que retomar una norma urban¨ªstica de 1987 porque la justicia anul¨® sus planes generales posteriores y no puede dar ninguna nueva licencia de ocupaci¨®n. Marisol Ayala, la responsable del Urbanismo, lleg¨® a la concejal¨ªa procedente de un partido vecinal que representaba a los ilegales y cuyo programa ped¨ªa amnist¨ªa para estas construcciones, reducciones de las multas y la legalizaci¨®n de sus propiedades al m¨ªnimo coste.

Ayala, nacida en Villambistia (Burgos), se instal¨® en Chiclana hace una d¨¦cada. Lleg¨® con su marido y su hijo y se compr¨® una casa en la urbanizaci¨®n de la Rana Verde, en un suelo que estaba catalogado como no urbanizable. Dice que buscaba tranquilidad. Aunque su vivienda ya no estaba sujeta a ninguna sanci¨®n, al haber prescrito el delito urban¨ªstico se enfrentaba a un sinf¨ªn de problemas. No ten¨ªa agua corriente ni alcantarillado. Como la suya, hay otras 15.000 viviendas en Chiclana.

En cualquier otro sitio, que la concejala de Urbanismo tenga una casa ilegal ser¨ªa un esc¨¢ndalo. All¨ª se ve como un episodio m¨¢s de la desidia y del caos. Nadie sabe cu¨¢ndo empez¨® todo. Ni qui¨¦n fue el primero. Chiclana creci¨® paulatinamente ante los ojos virados de las Administraciones, que consintieron que en suelos r¨²sticos, en zonas inundables, en espacios protegidos, se fueran levantando muros. Y dentro de los muros se construyeron casas. Y dentro de esas casas empez¨® a vivir gente.

¡°Es como poner al lobo a cuidar del reba?o¡±, avisaron los ecologistas. Pero el lobo ha resultado m¨¢s manso de lo previsto

La mitad de Chiclana vive en 18 millones de metros cuadrados donde el planeamiento impide construir. El boom inmobiliario de los a?os ochenta y noventa cre¨® un negocio de evidente rentabilidad y dudosa legalidad en el que se vend¨ªan y compraban casas que, en realidad, no aparec¨ªan en ning¨²n planeamiento. Y en ese negocio participaron todos. Los vecinos constru¨ªan y vend¨ªan, otros compraban, los bancos daban hipotecas, los notarios firmaban escrituras y el Ayuntamiento cobraba los impuestos. La rueda circulaba sin obst¨¢culos.

No fue hasta iniciado el siglo XXI cuando el Consistorio de Chiclana, gobernado hasta entonces por el PSOE, inici¨® la regularizaci¨®n de viviendas. Plante¨® unas ordenanzas donde se establec¨ªa qu¨¦ deb¨ªa pagar cada propietario por dotar a su urbanizaci¨®n de servicios b¨¢sicos como el agua, el saneamiento o la luz. Una media estimada por los vecinos establec¨ªa que una parcela media de 1.000 metros cuadrados tendr¨ªa que abonar unos 38.000 euros. ¡°Muy caro¡±, dec¨ªan en el pueblo. As¨ª que los vecinos se rebelaron. Marisol Ayala estaba entre ellos.

Crearon la Plataforma de Afectados por la Regularizaci¨®n, que la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de C¨¢diz lleg¨® a tildar de lobby, para conseguir hacer legal lo ilegal al m¨ªnimo coste. Ayala encabez¨® manifestaciones que resultaron multitudinarias. En 2007, el PP accedi¨® al poder. Y Marisol Ayala vio que el nuevo Gobierno municipal tampoco atend¨ªa sus reclamaciones.

Ah¨ª surgi¨® la idea de crear un partido pol¨ªtico. ¡°Para morder desde dentro¡±, dijo en campa?a. Hizo promoci¨®n de su Partido Vecinal Regionalista (PVRE) ¡ªel ¡°pur¨¦¡±, como le llaman en Chiclana¡ª puerta a puerta, prometiendo amnist¨ªa a las casas ilegales, rebajas y reducci¨®n de sanciones a las viviendas donde el delito urban¨ªstico no hab¨ªa prescrito. Vecinos suyos llegaban a recibir multas de hasta 120.000 euros. Tambi¨¦n pesan sobre algunas casas ¨®rdenes de derribo. Los jueces no siempre las dictan, a pesar de los esfuerzos de la fiscal¨ªa para que estas demoliciones sean ejemplos contra el descontrol urban¨ªstico.

Marisol Ayala arranc¨® 2.843 votos en las elecciones de 2011. Consigui¨® dos concejales. Fue la tercera fuerza m¨¢s votada, por detr¨¢s PP y PSOE y por delante de IU. El PP empez¨® a gobernar en minor¨ªa hasta que, finalmente, su alcalde, Ernesto Mar¨ªn, para garantizarse la estabilidad y poder aprobar sus Presupuestos, termin¨® aceptando firmar un pacto con el PVRE. Y entreg¨® a Ayala la Concejal¨ªa de Urbanismo y V¨ªas y Obras. Es decir, las ¨¢reas donde se deciden sanciones urban¨ªsticas, prioridades en infraestructuras o regulaci¨®n de viviendas. Marisol Ayala, representante de los vecinos de casas ilegales, recib¨ªa el poder que ella ansiaba morder.

¡°Es poner al lobo a cuidar del reba?o¡±, alertaron los ecologistas. Aunque ese lobo ha resultado m¨¢s manso de lo previsto. Desde que en mayo accedi¨® al Gobierno, el af¨¢n reivindicativo de Ayala se ha desinflado. En los plenos apenas habla. El PVRE no presenta mociones y se limita a votar lo que quiere aprobar el PP. Apenas alguna intervenci¨®n en los plenos. ¡°Son contestaciones muy groseras. Se r¨ªe de nosotros en nuestra cara. No convoca comisiones informativas, ni nos da la documentaci¨®n que pedimos. Nos insulta¡±, se queja amargamente Ana Rodr¨ªguez, de IU, quien presume de representar al ¨²nico partido que nunca amag¨® con pactar con Ayala. El PSOE tambi¨¦n protesta por el car¨¢cter ¡°rudo¡± de la concejala de Urbanismo y califica sus escasas intervenciones de ¡°grotescas¡±. En un reciente escrito lleg¨® a pedir a los vecinos que no construyeran casas ilegales. La oposici¨®n lo ve el colmo de la desfachatez.

La l¨ªder del PVRE no concede entrevistas. Al menos, no hasta ahora. Tampoco para este reportaje. En su lugar habla el alcalde. Y lo hace para defender a su socia. ¡°Llevamos cinco meses, y lo que intentamos es deshacer el desaguisado que cre¨® el PSOE. Necesita tiempo para prepararse¡±, dice Ernesto Mar¨ªn. ?Es un esc¨¢ndalo que la concejala de Urbanismo tenga una casa ilegal? El alcalde cree que no. ¡°Eso se puede ver as¨ª desde Madrid, pero no desde aqu¨ª. La mitad de esta ciudad vive en viviendas ilegales. Es un problema social y hay que atenderlo¡±. Mar¨ªn s¨ª admite que en estos cinco meses no se ha podido hacer nada por estos vecinos. Y lo justifica en que todo depende de un plan general actualmente en redacci¨®n. El plan que debe devolver a Chiclana al siglo XXI. Mientras, la Junta de Andaluc¨ªa ultima unas normas provisionales que no tendr¨¢n competencias sobre los suelos no urbanizables, pero, al menos, permitir¨¢n dar licencias de ocupaci¨®n en una ciudad anclada en 1987.

Ayala ha fallado tambi¨¦n a los suyos, a esos vecinos a los que antes representaba. Lo dice Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez, el actual portavoz de la plataforma que lideraba la ahora concejala. ¡°Ni una sola vez se ha reunido con nosotros. No ha hecho una sola inversi¨®n en nuestras calles. Estamos igual que antes o peor¡±, se lamenta. Y sostiene el discurso que antes pronunciaba la ahora edil de Urbanismo. ¡°Somos vecinos de segunda para recibir servicios, pero de primera para cobrarnos 600 o 700 euros de IBI¡±. Sienten que Ayala, mansa loba al mando del reba?o urban¨ªstico, les ha dejado solos. En ese limbo legal llamado Chiclana.