¡°Las ejecuciones hipotecarias est¨¢n causando una sangr¨ªa social¡±

Pedro Luis Viguer es un hombre que tiene 107 juzgados a su cargo. El drama social del desahucio le resulta muy cercano. D¨ªa tras d¨ªa, observa casos como el de esa pareja de abuelos que son desahuciados y se quedan en la calle por haber avalado el pr¨¦stamo hipotecario de sus hijos con su vivienda. Dos personas m¨¢s a la calle.

?Hace ocho meses el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituy¨® un grupo de trabajo para agilizar la Justicia. Durante ocho meses, seis magistrados de distintos puntos de la pen¨ªnsula, coordinados por el vocal del CGPJ Manuel Almenar, produjeron un documento de 85 folios con 40 propuestas (Propuestas para la reforma y agilizaci¨®n de los procesos civiles) y un anexo dedicado en exclusiva a la cuesti¨®n de los desahucios.

Viguer (Valencia, 1965) redact¨® el anexo Propuestas en materia de endeudamiento familiar y consecuencias de la ejecuci¨®n hipotecaria; un documento, refrendado por sus colegas, seg¨²n explica, en el que se denuncian los abusos del sistema de desahucios espa?ol y se proponen reformas. Se habla de mala praxis de los bancos, de ¡°comercializaci¨®n irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos¡±, de la necesidad de flexibilizar una legislaci¨®n de 1909 que deja en situaci¨®n de indefensi¨®n a los deudores frente a los bancos.

El mi¨¦rcoles EL PA?S avanzaba el contenido del anexo y horas despu¨¦s el CGPJ tumbaba ese trabajo elaborado a lo largo de ocho meses. Desde el ¨®rgano rector de los jueces se aduc¨ªa que el anexo no hab¨ªa sido formalmente aprobado y que el Consejo del Poder Judicial no hab¨ªa sido informado de la existencia de este trabajo; por tanto, no lo asum¨ªa como propio.

Pregunta. Los presidentes de las Audiencias Provinciales ped¨ªan el jueves el desarrollo de la daci¨®n en pago, lo cual supone un espaldarazo al informe que ustedes redactaron. ?Qu¨¦ pens¨® al escuchar la noticia?

Respuesta. Para nosotros es un respaldo importante y la verdad es que me alegro de que un foro tan importante haya llegado a una conclusi¨®n en la l¨ªnea que nosotros propugn¨¢bamos en el informe. Nosotros somos jueces, y no somos legisladores, pero estamos en los juzgados y somos unos espectadores privilegiados de lo que sucede. Creo que nosotros podemos, y debemos, contar aquello que vemos y se?alar en qu¨¦ podr¨ªamos mejorar la regulaci¨®n de procedimientos hipotecarios.

Ese mismo d¨ªa, el jueves, el drama diario del desahucio ofrec¨ªa su peor cara. En Granada, Jos¨¦ Miguel Domingo, de 53 a?os, se ahorcaba en su domicilio cuando estaba a punto de ser desahuciado. Y en Burjassot, Valencia, Manuel G. se lanzaba al vac¨ªo ¡ªest¨¢ fuera de peligro¡ª momentos antes de que la procuradora llegara a su vivienda con la orden de desahucio.

P. ?Usted ha tenido un contacto directo con el drama social del que habla el informe?

R. Yo soy juez y soy un ciudadano. Estoy en el mundo, los jueces me transmiten cosas, veo otras como ciudadano, en la calle, en los medios de comunicaci¨®n¡­ Nuestro margen de actuaci¨®n es m¨ªnimo, es nulo, no podemos hacer nada con la actual legislaci¨®n. Solo podemos hacer sugerencias para que se modifique: consideramos que es un procedimiento muy contundente, muy agresivo, en el que el deudor no tiene ninguna posibilidad de defensa y que est¨¢ causando una aut¨¦ntica sangr¨ªa social de quienes en definitiva constituyen el ¨²ltimo eslab¨®n de la cadena.

Viguer explica c¨®mo se desarroll¨® el trabajo. Los jueces se repartieron las materias, intercambiaron documentos por correo electr¨®nico, aportaron ideas, debatieron, corrigieron. Se celebraron cinco reuniones en Madrid. En la ¨²ltima, en septiembre, se debati¨® ¡°durante unos 30 o 45 minutos¡±, el documento sobre el desahucio. ¡°Todos lo asumimos en el Consejo del grupo de trabajo¡±. El CGPJ adujo el mi¨¦rcoles que el anexo no hab¨ªa sido formalmente aprobado. ¡°Un grupo de trabajo no funciona votando las propuestas¡±, aduce el Juez Decano de los Juzgados de Valencia.

P. En el informe hablan ustedes de ¡°mala praxis¡± de bancos, y de la ¡°comercializaci¨®n irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos¡±.

R. Hay que buscar un punto de equilibrio que permita distribuir las cargas sociales de las consecuencias de la crisis econ¨®mica. Y no hay que olvidar que las entidades bancarias disponen de este procedimiento absolutamente privilegiado y contundente frente al deudor, que nada puede alegar. Adem¨¢s, determinadas entidades bancarias est¨¢n recibiendo ayudas econ¨®micas. Pero bueno, este es un tema de pol¨ªtica econ¨®mica en el que no debemos entrar.

Pedro Luis Viguer se?ala que si uno se endeuda para comprar un electrodom¨¦stico, no paga y la Justicia le reclama, el juez tiene margen para valorar las circunstancias del deudor. En el caso de una vivienda, no. Los bancos gozan de un procedimiento privilegiado para el cobro de cr¨¦ditos hipotecarios que data de 1909. ¡°El r¨¦gimen es dur¨ªsimo. Pr¨¢cticamente no se pueden realizar alegaciones salvo dos o tres causas tasadas que est¨¢n en la ley, pero que no se dan en la pr¨¢ctica. Lo que no tiene sentido es que sean m¨¢s amplias las posibilidades que uno tiene de formular alegaciones y de oponerse a una sentencia que las que tiene frente a la ejecuci¨®n de una escritura de pr¨¦stamo hipotecario¡±.

El informe denuncia que las entidades bancarias hoy en d¨ªa se adjudican las viviendas de los desahuciados por un 60% de su valor. Propone que se otorgue al juez la posibilidad de conceder moratorias en el pago de cuotas en el caso de desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o larga enfermedad del deudor. Pretende proteger a los m¨¢s indefensos. ¡°Aqu¨ª no pretendemos hacer una revoluci¨®n, no es lo mismo que uno vaya a quedarse sin su vivienda habitual a que se vaya a quedar sin su segunda vivienda. No es lo mismo una vivienda que se adquiere para especular que un hogar¡±. Tambi¨¦n propone que la daci¨®n en pago, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el cr¨¦dito, se convierta en una regulaci¨®n imperativa en determinadas circunstancias. ¡°Hay algunos juzgados vanguardistas que han aplicado la daci¨®n en pago, pero luego estas resoluciones normalmente han sido revocadas por las Audiencias¡±, explica Viguer.

El estudio critica algunas de las medidas del C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas instaurado por el Partido Popular y profundiza en ellas. ¡°Ha fracasado, ha sido escasamente ¨²til¡±, dice Viguer. En la pr¨¢ctica, manifiesta, solo se aplica en situaciones cercanas a la indigencia. Y, adem¨¢s, es voluntario para los bancos, por lo que no ha tenido mucho recorrido. La propia vicepresidenta del gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, anunciaba el viernes tras el Consejo de Ministros que el Gobierno va a estudiar la reforma de este c¨®digo. Y el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, declaraba que la cuesti¨®n de los desahucios ¡°merece una reflexi¨®n¡±.

P. ?Con qu¨¦ cuerpo se queda uno cuando el CGPJ tumba un informe que ha llevado ocho meses de trabajo?

R. Desanimado. Vivimos en un mundo muy est¨¢tico y con la limitaci¨®n de recursos econ¨®micos que hay ahora, uno de los pocos ¨¢mbitos en los que se puede incidir es en el ¨¢mbito legal y procesal, cambiar las leyes, que no cuesta dinero. Que esto no haya sido avalado por el Consejo produce cierta de desaz¨®n, pero lo asumo, como no pod¨ªa ser de otro modo. En cualquier caso, nuestro trabajo est¨¢ ah¨ª.