El Tribunal de Cuentas destapa el germen de la corrupci¨®n en las autonom¨ªas
La auditor¨ªa halla m¨²ltiples ilegalidades en 2.500 expedientes por 10.000 millones Las comunidades abusan del concurso en lugar de contratar mediante subasta
El Tribunal de Cuentas denuncia en su ¨²ltimo informe sobre la gesti¨®n de las comunidades aut¨®nomas el grave descontrol en la contrataci¨®n p¨²blica, donde se cometen m¨²ltiples ilegalidades que han dado lugar a graves casos de corrupci¨®n que investigan todav¨ªa los tribunales de justicia.
La auditoria ha analizado cerca de 2.500 contratos de todo tipo (obras, suministros, consultor¨ªas y otros) adjudicados por casi 10.000 millones de euros entre 2006 y 2007.
La radiograf¨ªa del Tribunal de Cuentas sobre las anomal¨ªas que se producen en la contrataci¨®n de las comunidades saca conclusiones especialmente graves sobre la utilizaci¨®n de dinero p¨²blico por parte de los Gobiernos aut¨®nomos.
El informe del Tribunal de Cuentas, que lleg¨® hace seis meses al Congreso de los Diputados y a¨²n no se ha analizado y debatido, desgrana la gesti¨®n del gasto de todas las autonom¨ªas en 2006 y 2007. ¡°No hay fecha para analizar ese informe porque llevamos retraso¡±, se?alan fuentes parlamentarias.
Esc¨¢ndalos en los tribunales
'CASO G?RTEL' EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Los tribunales investigan la adjudicaci¨®n de decenas de contratos a dedo, muchas veces con el procedimiento negociado sin publicidad que denuncia el Tribunal de Cuentas, a la trama G¨¹rtel. Adem¨¢s, los jueces investigan si empresas privadas que contrataban con la Comunidad Valenciana acabaron pagando los m¨ªtines del PP a trav¨¦s de la red G¨¹rtel.
'CASO OVER' EN BALEARES. El juzgado de instrucci¨®n de Palma de Mallorca investiga la adjudicaci¨®n a dedo de m¨²ltiples contratos a la empresa de publicidad Over MC que, a su vez, montaba m¨ªtines para el PP de Jaume Matas que eran financiados, en parte, con aportaciones de hoteleros, o por la propia Over MC como consecuencia del trato de favor que recib¨ªa del Gobierno balear.
'CASO PALAU' EN CATALU?A. La investigaci¨®n judicial sobre el expolio del Palau de la M¨²sica destap¨® m¨²ltiples irregularidades en la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica en Catalu?a por la que, supuestamente, pagaban las constructoras comisiones ilegales que financiaban a Convergencia Democr¨¢tica de Catalunya, uno los partidos del Gobierno catal¨¢n.
El informe es di¨¢fano en su an¨¢lisis. Y anota en una decena de folios de los 239 que tiene el estudio todas las irregularidades detectadas.
Ofertas injustificadas. ¡°Falta de justificaci¨®n por los servicios promotores de la necesidad de los contratos para el funcionamiento de los correspondientes servicios p¨²blicos o justificaciones carentes de un nivel de concreci¨®n razonable o insuficiente justificaci¨®n de los costes de las contrataciones al haberse aportado los correspondientes datos, c¨¢lculos y cuantificaciones¡±.
Troceo para evitar el concurso. ¡°Fraccionamiento indebido de la cuant¨ªa de los contratos con la finalidad de tramitarlos mediante procedimientos negociados sin publicidad o como contratos menores, seg¨²n los casos, eludi¨¦ndose de este modo los procedimientos y formas de contrataci¨®n establecidos para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y concurrencia¡±.
Falsa urgencia. "Abuso de la tramitaci¨®n de urgencia de los expedientes, en muchos casos, sin justificarse adecuadamente, que implica la reducci¨®n a la mitad de los plazos establecidos lo que, en ocasiones, implica una restricci¨®n de la concurrencia¡±.
Abuso del concurso en lugar de la subasta. "Utilizaci¨®n desproporcionadamente mayoritaria del concurso en detrimento de la subasta, forma ordinaria de adjudicaci¨®n de obras, que se aplic¨® muy escasamente a pesar de que, por el car¨¢cter absolutamente reglado del procedimiento, implicaba un menor riesgo de conculcaci¨®n de los principios de transparencia y objetividad y de que, generalmente, permit¨ªa obtener las mayores bajas sin perjuicio del aseguramiento de los medios, la capacidad y la solvencia de las empresas licitadoras¡±.
V¨ªa injustificada.¡°Falta de justificaci¨®n o injustificaci¨®n inadecuada de la elecci¨®n del procedimiento y forma de adjudicaci¨®n de los contratos, en particular, de los supuestos legales que permit¨ªan la contrataci¨®n conjunta de proyectos y obras¡±.
Falta de criterios ¡°Deficiente establecimiento de los criterios de adjudicaci¨®n en los pliegos de cl¨¢usulas administrativas particulares de los concursos al no expresarse con precisi¨®n o al no fijarse la metodolog¨ªa para su aplicaci¨®n y para la asignaci¨®n de las puntuaciones de los correspondientes baremos; o al establecerse como criterios aspectos que solo deben utilizarse para la admisi¨®n a las licitaciones, referentes a la valoraci¨®n de los medios materiales y personales o a la experiencia de las empresas. En algunos casos, se establecieron mayores puntuaciones para los licitadores que acreditaban experiencia o medios vinculados con la respectiva comunidad aut¨®noma, lo que resulta contrario a los principios de igualdad y no discriminaci¨®n, y no siempre se establecieron con precisi¨®n l¨ªmites a las variantes o alternativas que pod¨ªan establecer los licitadores, lo que implica una especial dificultad para una valoraci¨®n homog¨¦nea y objetiva de las ofertas¡±.
Sin datos t¨¦cnicos. ¡°Deficiente fundamentaci¨®n de las adjudicaciones de los concursos en informes t¨¦cnicos de valoraci¨®n de las ofertas sin motivar o incorrectamente motivados¡±.
Bajas extra?as. ¡°Insuficiente valoraci¨®n de las bajas de los precios de las ofertas en los pliegos y/o informes de valoraci¨®n de los concursos, sin que consten circunstancias que pudieran justificar esta actuaci¨®n que no es conforme con el principio de econom¨ªa en la gesti¨®n de fondos p¨²blicos. Con frecuencia, las apreciaciones de temeridad en las bajas ofertadas no se ajustaron a los requisitos legales¡±.
Sin publicidad. ¡°Falta de justificaci¨®n de los supuestos legales que permiten la utilizaci¨®n de los procedimientos negociados sin publicidad, que implican la exclusi¨®n de los contratos as¨ª asignados de publicidad y libre concurrencia, la mayor discrecionalidad en la selecci¨®n de los adjudicatarios y en los que, adem¨¢s, no suelen obtenerse bajas apreciables, particularmente cuando se invoc¨® la existencia de una imperiosa urgencia o de un fin ¨²nico empresario capacitado para la realizaci¨®n de las correspondientes prestaciones¡±.
Modificaci¨®n de contratos. ¡°Modificaciones de contratos en ejecuci¨®n, particularmente de obras, que no responden a nuevas necesidades surgidas durante su ejecuci¨®n, sino a imprevisiones o deficiencia en las actuaciones preparatorias y sin que, generalmente, conste la exigencia de las correspondientes responsabilidades y/o resarcimiento de los da?os y perjuicios causados a las administraciones. En ocasiones, se tramitaron indebidamente como contratos complementarios algunos que, en realidad, constituyeron modificaciones por contener actuaciones cuya ejecuci¨®n era absolutamente necesaria e inseparable de las inicialmente proyectadas¡±.
Facturas sanitarias. Mientras ahora algunas autonom¨ªas rebuscan distintas f¨®rmulas de privatizaci¨®n o copago en materia sanitaria, incluido el euro por receta, el informe de los gastos de 2006 y 2007 denunciaba la ¡°deficiente constancia de la conformidad de la Administraci¨®n con las facturas correspondientes a suministros de bienes fungibles o de material sanitario a hospitales o servicios p¨²blicos de salud¡±.
Consultor¨ªas a granel. ¡°En contratos de consultor¨ªa, asistencia o servicios, falta de justificaci¨®n con un grado de concreci¨®n razonable de la imposibilidad de ejecuci¨®n de las prestaciones con los medios personales o materiales propios de las administraciones¡±.
Todas estas anomal¨ªas denunciadas por el Tribunal de Cuentas en su ¨²ltimo informe sobre la gesti¨®n auton¨®mica siguen produci¨¦ndose a juzgar por las causas abiertas en los tribunales de justicia de todo el pa¨ªs.
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