Negociaci¨®n

La victoria soberanista en las elecciones catalanas se explica como voto de castigo contra la clase pol¨ªtica espa?ola, responsable de habernos arrojado a la peor crisis social que hayamos podido conocer. De ah¨ª el clamor por la secesi¨®n antiespa?ola, que muchos catalanes, como los j¨®venes de la generaci¨®n perdida, interpretan como el suced¨¢neo ¨¢crata de una vicaria rebeli¨®n antiestatal. De este modo, el nuevo Parlament ya cuenta con mandato popular para celebrar una consulta sobre el derecho a decidir. Es verdad que este mandato no es imperativo pues los parlamentarios electos poseen independencia respecto a sus representados, lo que les autoriza a incumplir ese mandato de creerlo necesario. Pero su autonom¨ªa solo es parcial, pues tambi¨¦n est¨¢n pol¨ªticamente comprometidos por los programas en que ofertaban llevar a cabo dicha consulta. De ah¨ª que est¨¦n moralmente obligados a tratar de celebrarla por todos los medios a su alcance.

Pero entre tales medios hay que descartar la vulneraci¨®n de la legalidad. El doble criterio que distingue a las democracias aut¨¦nticas de las falsas incluye tanto el respeto a la voluntad popular como el respeto al imperio de la ley. Por eso, el ejercicio del poder tiene que estar sometido a las dos exigencias a la vez: la soberan¨ªa popular y el principio de legalidad. De ah¨ª que el futuro Gobierno, para cumplir su compromiso de consultar al pueblo catal¨¢n, est¨¦ obligado a negociarlo con el Gobierno del Estado a fin de pactar aquellas reformas que lo hagan jur¨ªdicamente posible. Y el Gobierno espa?ol tambi¨¦n tendr¨¢ que aceptar dicha negociaci¨®n con el catal¨¢n. Pues tan falaz y antidemocr¨¢tico resultar¨ªa vulnerar la legalidad vigente en nombre de la voluntad popular, que es la tentaci¨®n que acecha al president Mas, como ampararse en la legalidad formal para impedir la expresi¨®n de la voluntad popular, seg¨²n ha declarado a veces el presidente Rajoy.

El Gobierno espa?ol estar¨¢ tentado de desviar la negociaci¨®n para hacerle a la Generalitat una oferta que no pueda rechazar: la de aceptar su anterior demanda de un nuevo pacto fiscal, equiparable a los conciertos forales vasconavarros, a cambio de renunciar al comprometido refer¨¦ndum. M¨¢s vale p¨¢jaro en mano que ciento volando. ?Aceptar¨ªa Mas vender su primogenitura soberanista por un plato de lentejas forales? Muchos sospechan que as¨ª ser¨ªa, al suponer que jugaba de farol con su ¨®rdago secesionista. Pero tambi¨¦n es posible que no fuese as¨ª, si se tomara en serio su papel de nuevo Mes¨ªas redentor empe?ado en representarlo hasta el final. El problema de esa oferta es el riesgo de que fuera aceptada. Y eso Espa?a no puede permit¨ªrselo. Bastante da?o ha hecho ya el concierto vasconavarro, como privilegio insolidario que ha desatado los agravios comparativos precipitando la deriva auton¨®mica hacia una escalada de centrifugaci¨®n en espiral. Y si ahora la excepci¨®n vasconavarra se extendiera al caso catal¨¢n, el Estado espa?ol entrar¨ªa en colapso fiscal, dado que el tama?o relativo de Catalu?a es demasiado grande para dejarla salir de la caja com¨²n.

Entonces, ?qu¨¦ cabe negociar? Bastar¨ªa con dos simples detalles: el calendario y el procedimiento de la consulta. El calendario es fundamental a causa de la crisis, pues el referendo no puede celebrarse mientras sigamos en estado de excepci¨®n fiscal ya que la soberan¨ªa popular tanto espa?ola como catalana est¨¢ hipotecada por nuestros acreedores externos. Hoy no somos libres de elegir nuestro destino, que depende de Bruselas, Fr¨¢ncfort y Berl¨ªn. De ah¨ª que muchos catalanes, ofuscados por la demagogia nacionalista, culpen a Madrid de todos sus males. Por lo tanto, para devolverles la serenidad, hay que esperar a salir de la recesi¨®n actual entrando en una senda de crecimiento y recuperaci¨®n. Pues s¨®lo entonces, cuando hayamos regresado a la normalidad, recuperar¨¢n los catalanes su derecho a decidir.

Pero el procedimiento de la consulta no es menos decisivo. Hay que pactar por consenso tres reglas de juego. Primera, la pregunta a formular y el n¨²mero de respuestas posibles, a ser posible seg¨²n el m¨¦todo escoc¨¦s: independencia s¨ª o no. Segunda, la forma de repartir tanto los activos (bienes p¨²blicos) como los pasivos (d¨¦ficit fiscal y deuda p¨²blica) en caso de separaci¨®n por mutuo acuerdo, tal como se resuelven las capitulaciones matrimoniales en el derecho civil. Y tercera, las compensaciones que en caso de separaci¨®n deber¨¢ percibir la parte perjudicada (los territorios perceptores en la redistribuci¨®n de la renta), al modo de las pensiones alimenticias y compensatorias que se pactan en los divorcios por mutuo acuerdo. Unas reglas estas que deben negociarse como condici¨®n a priori, pues sin conocer por anticipado el precio de separarse no se puede ejercer el derecho a decidir.