El Gobierno recurre al Constitucional para evitar que Euskadi pague la extra
Montoro, advierte que la ley impide ahora esta retribuci¨®n y que no caben "subterfugios"
El Gobierno no quiere que Euskadi sea la ¨²nica comunidad aut¨®noma insumisa al recorte de la paga extra. En un ¨²ltimo intento por frenar ese abono a los cerca de 70.000 empleados p¨²blicos vascos ¡ª67.000 funcionarios y unos 3.000 sustitutos e interinos¡ª el Gabinete de Mariano Rajoy present¨® durante la ma?ana de este mi¨¦rcoles ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencia en el que solicitan la suspensi¨®n cautelar de la transferencia. El recurso se presenta en tiempo y forma para que el alto tribunal lo pueda incluir en el pleno que celebrar¨¢ los d¨ªas 11, 12 y 13 pr¨®ximos, e incorpora una petici¨®n expresa de suspensi¨®n del abono a los funcionarios, que ser¨¢ efectivo en el momento en el que el Constitucional lo admita a tr¨¢mite y lo comunique a las partes.
Curiosamente no se impugna un acuerdo de Gobierno, porque el Gabinete socialista de Patxi L¨®pez dej¨® muy claro que ese acuerdo no existe como tal. Es decir, sus portavoces aclararon, en una maniobra para eludir la impugnaci¨®n, que se limitan a ejecutar los Presupuestos vigentes en los que la extra navide?a es una partida m¨¢s que no requiere de ning¨²n pronunciamiento excepcional.
Sin embargo, esa circunstancia no parece suponer un obst¨¢culo para el Consejo de Estado que, tras analizarla, argumenta que existen precedentes de recursos de este tipo sin un acto en concreto impugnable, salvo la voluntad demostrada, en este caso por el Ejecutivo vasco, de abonar el montante de 207 millones de euros a toda la plantilla, y las declaraciones de su consejera portavoz, Idoia Mendia de que se iba a abonar.
El recurso del Gobierno popular deja en el aire el abono de la paga, aunque ninguna de las dos administraciones se atreve a aventurar si el tribunal llegar¨¢ a tiempo para impedirla. El Gobierno vasco ha dado ya la orden y estar¨¢ en los bolsillos de los funcionarios en quince d¨ªas.
El desaf¨ªo del Ejecutivo socialista saliente, ¡ªel pr¨®ximo 13 I?igo Urkullu, del PNV, relevar¨¢ a Patxi L¨®pez¡ª es el ¨²ltimo cap¨ªtulo de una legislatura plagada de enfrentamientos.
El pen¨²ltimo ha sido el del Real Decreto que fija las bases para establecer el importe m¨¢ximo de financiaci¨®n de las ortopr¨®tesis, que tambi¨¦n fue recurrido al Constitucional. Ese recurso se suma al del copago farmac¨¦utico o al de la atenci¨®n a los inmigrantes, as¨ª como los relativos a otros recortes en Sanidad y Educaci¨®n.
Los informes jur¨ªdicos que maneja L¨®pez, y seg¨²n los cuales ¡°su Gobierno est¨¢ obligado a abonar la extra¡± se basan en que el Real Decreto y los presupuestos vascos son dos leyes, y que para cumplir la primera hay que modificar en el Parlamento vasco la segunda. Modificaci¨®n que no se ha podido hacer por el adelanto electoral, que coincidi¨® con el periodo estival en el que la C¨¢mara de Vitoria es inh¨¢bil.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy esgrime con jurisprudencia del propio Constitucional que el Estado es leg¨ªtimo ¡°para establecer l¨ªmites retributivos¡± que afectan a todos.
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