La fiscal¨ªa ordena agotar la investigaci¨®n en los casos de beb¨¦s robados
Una circular considera que el plazo de prescripci¨®n arranca al enterarse la v¨ªctima
El fiscal general del Estado considera que las causas abiertas por el robo de beb¨¦s entre 1959 y 1990 en distintos hospitales y cl¨ªnicas espa?olas no prescriben hasta pasados 10 a?os desde que la v¨ªctima se entera de su condici¨®n ni tampoco pueden archivarse inicialmente por falta de pruebas. En una circular, remitida a todos los fiscales, unifica los criterios en el tratamiento de estas causas dando as¨ª respuesta a una vieja reivindicaci¨®n de los afectados y a una a¨²n m¨¢s vieja promesa de esta instituci¨®n. La fiscal¨ªa ya hab¨ªa transmitido verbalmente, en reuniones con los fiscales territoriales, su postura sobre la prescripci¨®n en estos casos, pero al no haber una circular por escrito, es decir, una orden, cada fiscal ha actuado de forma distinta. Algunas asociaciones de v¨ªctimas ya planean recurrir casos sobrese¨ªdos.
Un drama que ha traspasado fronteras
- En Espa?a se han interpuesto m¨¢s de 1.500 denuncias por supuestos robos de beb¨¦s. Muchas de ellas se archivaron por falta de pruebas o al considerar el juez que el caso hab¨ªa prescrito.
- Sor Mar¨ªa G¨®mez Valbuena, de 87 a?os, es hasta el momento la ¨²nica imputada por un magistrado por presunto robo de ni?os. Pertenece a la congregaci¨®n Hijas de la Caridad y est¨¢ procesada por el robo en marzo de 1982 de una ni?a en la maternidad Santa Cristina, situada en Madrid. Es la historia de Mar¨ªa Luisa Torres y Pilar Alcalde. Madre e hija se encontraron en 2011, 29 a?os despu¨¦s del nacimiento de Pilar.
- El caso de los ni?os robados ha llegado a las autoridades europeas. El granadino Eduardo Raya se convirti¨® el 23 de marzo de 2010 en el primer denunciante de un caso de estas caracter¨ªsticas en Espa?a y este verano present¨® una queja formal ante el Parlamento Europeo por indefensi¨®n, irregularidades jur¨ªdicas y par¨¢lisis de la justicia espa?ola en su causa y en otras similares. Un juzgado de instrucci¨®n hab¨ªa archivado su caso y Raya comenz¨® a trabajar tambi¨¦n en una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
- El Ministerio de Justicia va a poner en marcha una nueva oficina para atender a los afectados. Ubicada en la capital, en ella participar¨¢n tambi¨¦n representantes de las asociaciones de v¨ªctimas. En esa oficina, los interesados en iniciar una investigaci¨®n podr¨¢n acceder a la documentaci¨®n e informaci¨®n que la Administraci¨®n tenga en su poder "relativa a su filiaci¨®n natural, como datos registrales y expedientes sanitarios".
- El Bolet¨ªn Oficial del Estado public¨® el pasado mes de octubre una orden del Ministerio de Justicia para la creaci¨®n de dos ficheros de datos de car¨¢cter personal: uno con las solicitudes de suministro de informaci¨®n administrativa por parte de personas afectadaspor la sustracci¨®n de reci¨¦n nacidos, y el otro, con los perfiles de ADN.
¡°Transcurrido m¨¢s de un a?o desde el inicio de las investigaciones¡±, dice la circular, ¡°se han planteado divergencias en las v¨ªas de investigaci¨®n, en la calificaci¨®n de los hechos y en los plazos de prescripci¨®n aplicables. El an¨¢lisis de las resoluciones que las audiencias provinciales han ido dictando en los asuntos judicializados no ha hecho sino confirmar la ausencia de unidad de criterio. Incluso se han producido discrepancias entre secciones de la misma Audiencia Provincial¡±. El escrito habla de tener ¡°especialmente presente la necesidad de dar la m¨¢xima protecci¨®n posible a todas las v¨ªctimas¡±.
La mayor¨ªa de los casos archivados se hab¨ªan cerrado por falta de pruebas o aplicando el criterio de la prescripci¨®n. ¡°Ahora lo que dice la Fiscal¨ªa del Estado es que los fiscales tienen que investigar hasta el final y tomar un papel activo, es decir, que no pueden archivar sin m¨¢s por falta de pruebas sino que tienen que ir a buscarlas¡±, explica Guillermo Pe?a, abogado de SOS Beb¨¦s Robados en Madrid, que ahora planea volver a llevar a la justicia dos casos de Toledo que fueron archivados por este motivo. ¡°La circular extiende el criterio que viene aplicando la Fiscal¨ªa de Madrid al resto de fiscales¡±.
Eduardo Esteban, fiscal jefe de Madrid, confirma que, pese a que la Fiscal¨ªa del Estado ya transmiti¨® esas directrices en alguna reuni¨®n, hasta ahora no les hab¨ªa enviado la circular que ordena aplicarlas y ¡°los criterios de los fiscales se hab¨ªan dispersado a la hora de actuar¡±. ¡°Nosotros siempre hemos mantenido esa tesis, la de que en estos casos se tratar¨ªa de un delito de detenci¨®n ilegal permanente y que el tiempo de prescripci¨®n, 10 a?os, no empieza a contar hasta que el afectado se entera de que es un ni?o robado. Hay que investigar hasta el final y luego decidir¡±.
La circular no supone que todos los casos que han sido archivados vayan a reabrirse, pero s¨ª es ¡°una ventana abierta¡±, en palabras de Guillermo Pe?a, que les facilitar¨¢ el camino. Tendr¨¢n que recurrir caso a caso cada archivo. Algunos ya hab¨ªan empezado a aplicar ese criterio y los recursos hab¨ªan salido adelante. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid orden¨® recientemente al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 47 de Madrid reabrir el caso de Felisa Tomico y Juan Antonio Panadero, que buscan a su beb¨¦ nacido en abril de 1978, al entender que los posibles delitos no hab¨ªan prescrito.
La circular explica, adem¨¢s, que los fiscales pueden ordenar la pr¨¢ctica de exhumaciones para comprobar si un beb¨¦ dado por muerto al nacer hab¨ªa fallecido realmente, as¨ª como practicar pruebas de ADN. La Fiscal¨ªa de Madrid ya ha practicado cuatro exhumaciones sin que ninguna pudiera ser considerada prueba de delito. Tambi¨¦n los fiscales de Albacete, Castell¨®n, Alicante, Valencia o Gipuzkoa las hab¨ªan ordenado. En esta ¨²ltima, una de las tres exhumaciones mostr¨® un ata¨²d vac¨ªo en el pante¨®n de la familia Losa-Oc¨¢riz.
La investigaci¨®n judicial de estos casos sigue siendo, no obstante, tremendamente dif¨ªcil. Incluso en los casos donde ha aparecido la prueba m¨¢s contundente: una tumba vac¨ªa. ¡°S¨ª, en Espa?a se robaron ni?os, pero lamentablemente nos faltan pruebas para castigar a quienes los robaron. Las exhumaciones son muy elocuentes, demuestran que a los padres les mintieron, pero no aportan ninguna nueva pista sobre el paradero de ese ni?o¡±, explicaba a EL PA?S un fiscal que prefiri¨® ocultar su nombre tras la apertura de una de esas tumbas vac¨ªas.
M¨¢s declaraciones en el ¡®caso sor Mar¨ªa¡¯
Adolfo Carretero, el juez que investiga y ha imputado a la monja Mar¨ªa G¨®mez Valbuena, de 87 a?os, por el presunto robo de un beb¨¦ en 1982, ha vuelto a llamar a declarar a la madre denunciante, Mar¨ªa Luisa Torres, para hacerle nuevas preguntas sobre el caso. Ser¨¢ el pr¨®ximo 18 de enero. ¡°Ahora el juez ya lo sabe todo. Sor Mar¨ªa merece el mayor castigo¡±, dijo al salir del juzgado, acompa?ada de su hija Pilar, el pasado 3 de abril. Se conocieron en 2011, 29 a?os despu¨¦s del parto.
El abogado de la religiosa tambi¨¦n ha pedido al magistrado que localice y llame a declarar a una empleada de la Agencia Espa?ola para la Protecci¨®n de la Adopci¨®n (AEPA) que tramit¨® la adopci¨®n de este supuesto beb¨¦ robado.
El juez que lleva el caso ya llam¨® a declarar, en calidad de imputada, a sor Mar¨ªa G¨®mez Valbuena, a la madre denunciante, a su hija robada, a sus padres adoptivos y a una veintena de m¨¦dicos en calidad de testigos.
La monja se acogi¨® a su derecho a no declarar y no respondi¨® a las preguntas del juez pero esa misma tarde envi¨® a los medios de comunicaci¨®n una nota en la que se declaraba inocente de los hechos que se le imputan: ¡°Me repugna en lo m¨¢s hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jam¨¢s he tenido conocimiento de la separaci¨®n de un reci¨¦n nacido de su madre biol¨®gica realizada bajo coacciones o amenazas¡±.
Isabel Vega, una de las testigos clave del caso, declar¨® al juez cuando la llam¨® a declarar como testigo que no recordaba nada de aquel beb¨¦, aunque su firma estaba en el expediente de adopci¨®n.
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