Interventores

Aleluya. Habemus consensum. Como si se tratara del final feliz de un cuento de Navidad, parece que los Reyes Magos nos han tra¨ªdo por fin un consenso entre nuestros dos grandes partidos estatales, cuando ya desesper¨¢bamos de que pudieran alcanzar alg¨²n acuerdo m¨ªnimamente relevante. Me refiero a la futura reforma de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local: el primer nivel de las Administraciones P¨²blicas que se encuentra m¨¢s pr¨®ximo a la ciudadan¨ªa de a pie, cimentando y sustentando a todas las dem¨¢s. Es verdad que a¨²n no podemos echar las campanas al vuelo, pues dado el precedente historial de consensos abortados, hay que ser muy esc¨¦pticos tras sufrir demasiados escarmientos, el ¨²ltimo de los cuales fue la fallida negociaci¨®n de la reforma de los desahucios, que se sald¨® con un decreto unilateral del gobierno parcial y contraproducente. De modo que, hasta que la futura ley no se vote en las Cortes, no podremos respirar tranquilos.

Pero de momento se mantiene un margen de esperanza. Al parecer, el Gobierno, su partido, el PSOE y la FEMP (Federaci¨®n de Municipios y Provincias) est¨¢n a punto de alcanzar un pacto en torno a tres puntos de importancia desigual: la limitaci¨®n proporcional del sueldo de los ediles (algo f¨²til en principio, aunque de gran eco medi¨¢tico), la clarificaci¨®n de las competencias impropias (servicios p¨²blicos que prestan los Ayuntamientos sin financiaci¨®n espec¨ªfica) y lo m¨¢s relevante de todo, la recuperaci¨®n por parte del Estado del cuerpo de interventores municipales (adem¨¢s de tesoreros y secretarios), que hasta ahora eran nombrados por los Ayuntamientos. Esto ¨²ltimo es trascendental.

Del c¨²mulo de problemas que aquejan a nuestra democracia, rebajando su calidad hasta niveles ¨ªnfimos, la corrupci¨®n es uno de los peores, lo que justifica la merecida desconfianza de la ciudadan¨ªa hacia una clase pol¨ªtica que tan indignamente nos representa. Y ese c¨¢ncer de la corrupci¨®n pol¨ªtica, cuya met¨¢stasis se ha extendido a todo el cuerpo del Estado, arranca de su origen basal en las Administraciones locales, internamente corro¨ªdas por el mal de las comisiones ilegales, fraudulentas y clientelares derivadas del boom de la burbuja constructora y urban¨ªstica que arras¨® Espa?a desde los a?os 80, seg¨²n el ejemplo del c¨¦lebre 3% denunciado por Maragall. La lista resulta interminable, desde su inicio en Marbella hasta su generalizaci¨®n en los ayuntamientos de las comunidades de Madrid, Valencia y Baleares, sin olvidar los casos Palau y Pretoria. Pero tras el estallido de la burbuja seguimos igual, como revela la reciente imputaci¨®n a los alcaldes de Sabadell, Orense, Lugo y los dos de Santiago de Compostela.

?C¨®mo se explica esta epidemia? Al decir de Alejandro Nieto (catedr¨¢tico de Derecho Administrativo y autor de Corrupci¨®n en la Espa?a democr¨¢tica), la causa de semejante patolog¨ªa proviene de la supresi¨®n del cuerpo estatal de interventores municipales, creado en 1924 para acabar precisamente con el caciquismo territorial. Pero en nombre de la autonom¨ªa local garantizada por la Constituci¨®n, los interventores municipales fueron colocados desde los a?os 80 bajo la dependencia org¨¢nica de los mismos Ayuntamientos a los que deb¨ªan controlar. As¨ª fue como se hizo posible la resurrecci¨®n del caciquismo clientelar, pues ?c¨®mo fiscalizas las cuentas de la corporaci¨®n que te elige, te nombra, te paga el sueldo y te suspende si quiere? Recu¨¦rdese la c¨¦lebre ecuaci¨®n de Klitgaard: Corrupci¨®n pol¨ªtica = Monopolio de la decisi¨®n + Discrecionalidad del decisor - Rendici¨®n de cuentas ante un ¨®rgano de control independiente. ?sta es la funci¨®n a desempe?ar por el interventor, que debe fiscalizar las decisiones adoptadas. Pero si depende org¨¢nicamente de la alcald¨ªa, la alcaldada se hace inevitable.

De modo que la restauraci¨®n del cuerpo estatal de interventores municipales podr¨ªa significar el inicio del saneamiento de la corrupci¨®n pol¨ªtica desde la base misma de la pir¨¢mide administrativa. Pero para completar el proceso de limpieza democr¨¢tica har¨ªa falta que la intervenci¨®n estatal se elevara de escala para pasar a controlar tambi¨¦n las cuentas de las comunidades aut¨®nomas desde el Estado central. Este ser¨ªa el verdadero federalismo que necesitamos, para reformar las evidentes disfunciones surgidas tras el desarrollo del T¨ªtulo VIII? de la Constituci¨®n, que ha degenerado en una deriva auton¨®mica en clave confederal. No la recentralizaci¨®n pol¨ªtica, como reclaman los nost¨¢lgicos del centralismo estatal, sino la fiscalizaci¨®n de los poderes locales y auton¨®micos por parte de los interventores federales del Estado. Por eso, ahora que se habla de una segunda transici¨®n, nada mejor para ello que federalizar la rendici¨®n de cuentas (accountability) de los poderes locales y auton¨®micos desde una hipot¨¦tica Intervenci¨®n Federal del Estado.