Todos corruptos

Todos a la c¨¢rcel, rodada en 1993, es una colaboraci¨®n inolvidable de Luis Garc¨ªa Berlanga y Rafael Azcona que deber¨ªa volver a las salas de exhibici¨®n, pero mientras llega ese momento se est¨¢ imponiendo en el ambiente otra afirmaci¨®n previa, la de ¡°Todos corruptos¡±. Es una conclusi¨®n que deriva de hechos probados en los tribunales, con sentencias firmes, y de otros que se encuentran en fase procesal. Pero, a partir de casos de gran calibre, se aproximan otros de cualquier cuant¨ªa, merecedores de reproche social, que pasan a ser equiparables en los titulares con que aparecen y en la condena a que se hacen merecedores. Se acaba as¨ª la modulaci¨®n de los tipos penales, todos corruptos, todos a la c¨¢rcel.

En la otra ribera, la del Gobierno, con la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa al frente, la consigna es cargar contra la generalizaci¨®n injusta y poner de manifiesto el car¨¢cter excepcional de los abusadores y la ¨ªnfima proporci¨®n que representan respecto a quienes cumplen con sacrificio y entrega sus deberes de representaci¨®n p¨²blica. Pero estas invocaciones a no generalizar quedan inhabilitadas cuando les falta el acompa?amiento de la sanci¨®n ejemplarizante. Recuperar la buena fama de un colectivo es imposible cuando las ovejas negras siguen campando por sus respetos. Para que la Guardia Civil quede aliviada de connivencia con los contrabandistas es necesario que los agentes implicados sean expulsados del Cuerpo, y para que la imagen de los empresarios hubiera quedado a salvo deber¨ªan haber abominado de su expresidente Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n.

Porque para salvar el honor de quienes se dedican al servicio p¨²blico en cargos de representaci¨®n se impone separar a quienes delinquen, en vez de brindarles amparo y cobertura, siempre y cuando sean de los nuestros. El ¨¢lbum es abrumador. Pero ni un solo reproche han merecido los despilfarros del aeropuerto inservible de Castell¨®n, coronado por la escultura de Fabra; ni tantos y tantos. Se prefiere esperar a que escampe, mientras los de a pie conf¨ªan en que alg¨²n contable despechado vuelva a tomar venganza y abra un conflicto luminoso que permita conocer los excesos perpetrados con los fondos confiados a los partidos pol¨ªticos y a los ayuntamientos. De modo que el tobog¨¢n de las corrupciones ofrece un espect¨¢culo desalentador para el cumplimiento c¨ªvico.

Mientras, las informaciones, que se presentan sin un hilo conductor, tienen dos. El primero, la financiaci¨®n de los ayuntamientos mediante extracciones a los promotores urban¨ªsticos y a las empresas concesionarias de servicios. El segundo, la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos con la exigencia de comisiones a los adjudicatarios de la obra p¨²blica y de otras gabelas. Ah¨ª est¨¢ la ra¨ªz del caso G¨¹rtel por hablar del m¨¢s jaleado estos d¨ªas. Vemos que los focos se han centrado en la sospecha acerca de los sobrecogedores que en la nomenclatura del Partido Popular hayan podido beneficiarse de ¡°ayudas a la navegaci¨®n¡±, lo que en M¨¦xico llamaban tambi¨¦n ¡°orientaciones¡±. Pero todav¨ªa seguimos a falta de pruebas indubitables, mientras que la aparici¨®n de 22 millones en las cuentas suizas de Lu¨ªs B¨¢rcenas, que fuera gerente y tesorero del PP colmado de elogios y de respaldos, apenas han suscitado curiosidad. Adem¨¢s, contraviniendo la ley de la gravitaci¨®n universal, la secretaria general de la formaci¨®n, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, desde el primer momento, en vez de reclamar unas sumas que sin duda fueron desviadas de las finanzas del PP, se empe?¨® en declararlas por completo ajenas con una naturalidad desconcertante.

Escrib¨ªa Javier Pradera, en La maquinaria de la democracia. Los partidos en el sistema pol¨ªtico espa?ol, que al comienzo de la transici¨®n se argument¨® a favor de la financiaci¨®n p¨²blica para evitar que la debilidad econ¨®mica de los partidos hiciera a sus dirigentes y cuadros m¨¢s proclives a la corrupci¨®n (recepci¨®n de dinero negro a cambio de decisiones prevaricadoras). Pero los a?os transcurridos permiten afirmar que la financiaci¨®n p¨²blica de los partidos no ha erradicado la corrupci¨®n. Y, a¨²n m¨¢s, que la instalaci¨®n en el coraz¨®n del aparato estatal de unas organizaciones independizadas en gran medida de su electorado, con d¨¦bil militancia y omnipotentes direcciones, favorece un ¨¢mbito de impunidad para sus extralimitaciones.

El monto de la financiaci¨®n ilegal de los partidos, deduc¨ªa Pradera, ser¨¢ la diferencia existente entre sus ingresos declarados (subvenciones, cuotas, donativos) y sus gastos reales, que saltan a la vista. Ah¨ª queda una tarea urgente para el Tribunal de Cuentas, al que deber¨ªa dotarse de medios y liberarle de dependencias pol¨ªticas. Veremos.