El TC inclina el pulso del euro por receta al imponer su suspensi¨®n en Madrid
El tribunal admite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el copago La decisi¨®n obliga a no cobrar por las prescripciones m¨¦dicas durante cinco meses El alto tribunal ya decidi¨® el 15 de enero suspender la medida en Catalu?a
El Tribunal Constitucional ha decidido suspender la aplicaci¨®n del euro por receta en Madrid mientras delibera si es una medida anticonstitucional, tras admitir el recurso presentado por el Gobierno. Al igual que hizo con Catalu?a, el tribunal ha optado por atender la petici¨®n del Gobierno y dejar la medida inhabilitada. El pleno del Constitucional tambi¨¦n ha admitido el recurso promovido por m¨¢s de 50 senadores del grupo parlamentario socialista, que se manifest¨® en contra de la medida del presidente madrile?o, Ignacio Gonz¨¢lez.
La ¨²nica diferencia entre ambos casos han sido los plazos. El Gobierno esper¨® seis meses, de junio a diciembre, para presentar el recurso contra el copago catal¨¢n, pese a que ya contaba con el informe del Consejo de Estado que avalaba la consideraci¨®n de inconstitucionalidad de la f¨®rmula. En Madrid, el anuncio del recurso se hizo incluso antes de que el presidente auton¨®mico, Ignacio Gonz¨¢lez, ejecutara su desaf¨ªo de aplicar la medida. ¡°No es nuestro modelo¡±, insisti¨® en se?alar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa ante el pulso lanzado por el mayor basti¨®n del PP, la Comunidad de Madrid.
Incluso antes de conocer la decisi¨®n del Constitucional, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, ha anunciado que su Gobierno acatar¨ªa "inmediatamente¡± la suspensi¨®n del cobro del euro por receta pero ha a?adido que tendr¨¢ que revisar su efecto en el cap¨ªtulo de ingresos de las cuentas auton¨®micas ¡°para aplicar los ajustes necesarios¡±. Gonz¨¢lez abre as¨ª la puerta a posibles nuevos recortes en la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos en Madrid, una comunidad que ha iniciado un amplio plan de privatizaci¨®n de la gesti¨®n sanitaria que ha levantado en armas a todos los colectivos profesionales del sector, informa Bruno G. Gallo.
Tras conocer la decisi¨®n del alto tribunal, se ha producido una cascada de reacciones. La oposici¨®n, aplaudiendo la medida del Constitucional. El PP madrile?o, defendiendo el copago.
En su reuni¨®n plenaria y a propuesta de la secci¨®n segunda, el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso presentado por el Gobierno contra el cobro de un euro por receta que la Comunidad de Madrid tiene en marcha desde el pasado 1 de enero.
Tal como era de prever, el Constitucional ha suspendido la aplicaci¨®n de la medida, como ya hizo el pasado 15 de enero, cuando decidi¨® admitir el recurso que el Gobierno hab¨ªa presentado contra el euro por receta aprobado en Catalu?a el pasado junio y mientras decide sobre el fondo del asunto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha planteado sendos recursos de inconstitucionalidad contra el copago de medicamentos en Catalu?a, donde ha estado en vigor siete meses, y en Madrid, donde est¨¢ a punto de cumplir el primer mes. La admisi¨®n a tr¨¢mite supone la suspensi¨®n autom¨¢tica durante cinco meses del pago.
El Ejecutivo entiende que la medida "vulnera el principio de igualdad" de los ciudadanos y "grava un acto m¨¦dico". Cuando el Gobierno recurri¨® la misma decisi¨®n en Catalu?a, aleg¨® adem¨¢s que el cobro del euro por receta vulneraba la ley estatal que fija el precio de los medicamentos al establecer un sobreprecio. La fijaci¨®n del precio de los medicamentos que son objeto de financiaci¨®n p¨²blica es una competencia exclusiva del Estado, seg¨²n el art¨ªculo 149.1.16? de la Constituci¨®n. Este argumento se sosten¨ªa en la tesis del Consejo de Estado de que las comunidades aut¨®nomas no pueden incidir en la fijaci¨®n de los precios de productos sanitarios. "Se considera que vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinaci¨®n de la sanidad y la igualdad de los espa?oles. Esa tasa grava por dos veces la adquisici¨®n de medicamentos", justific¨® la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, al anunciar el recurso el pasado 15 de enero.
Con los dos recursos, el Ejecutivo asumi¨® el coste de dos pulsos. Uno entre Mariano Rajoy y Artur Mas, en una partida ya casi exclusivamente copada por el debate soberanista. Pero tambi¨¦n otro entre la Comunidad de Madrid ¡ªla joya de la corona del PP, el Gobierno aut¨®nomo de un bar¨®n popular con m¨¢s presupuesto y mayor poblaci¨®n¡ª directamente con La Moncloa.
Hasta ahora, el Gobierno que preside Ignacio Gonz¨¢lez no se ha dado por aludido y ha anunciado reiteradamente su intenci¨®n de cobrar el euro por receta hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su caso. El presidente madrile?o, donde ya se han expedido m¨¢s de 1,6 millones de recetas, siempre ha defendido que esta medida es de su competencia y que ¡°no es discriminatoria¡±.
El Ejecutivo present¨® el recurso un d¨ªa despu¨¦s de recibir el dictamen del Consejo de Estado, que le da v¨ªa libre. Este ¨®rgano asegura en su dictamen, emitido el 17 de enero, que el euro por receta madrile?o es inconstitucional, igual que el catal¨¢n, porque la Comunidad de Madrid se atribuye competencias que no le corresponden.
El euro por receta entr¨® en vigor en Madrid el 1 de enero entre quejas de los farmac¨¦uticos, que rechazan ser "recaudadores" de una tasa con la que no est¨¢n de acuerdo, y de los usuarios. La Comunidad de Madrid lo impuso pese a conocer las intenciones del Ejecutivo central de recurrir la tasa catalana y sin tener listo el sistema inform¨¢tico que permite al farmac¨¦utico saber cu¨¢ndo el ciudadano ha llegado a su tope de aportaci¨®n, que en Madrid es de 72 euros al a?o (en Catalu?a, 61 euros).
Tambi¨¦n la Confederaci¨®n de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU) ha celebrado la decisi¨®n del Tribunal Constitucional porque este cobro es "contrario a la ley" y "perjudica a los sectores m¨¢s d¨¦biles de la sociedad", seg¨²n ha manifestado.
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