Por una actitud democr¨¢tica

La corrupci¨®n en un sistema democr¨¢tico es muy ineficiente para la econom¨ªa. Este argumento est¨¢ haciendo fortuna. En la sociedad neoliberal, en la que el ciudadano ha quedado reducido a simple portador de intereses privados, el argumento econ¨®mico resulta para muchos m¨¢s convincente que las apelaciones a la moral, a la justicia o simplemente a los buenos modales. De modo que cabe preguntarse qu¨¦ pasar¨ªa si la corrupci¨®n fuera eficiente. M¨¢s de uno la dar¨ªa por buena. A fin de cuentas, el estado de opini¨®n que se ha ido cultivando desde los a?os ochenta dice que el dinero no tiene l¨ªmites. Esta ha sido la pulsi¨®n nihilista que nos ha llevado a la crisis actual.

Una de las funciones de la pol¨ªtica es precisamente poner l¨ªmites. Las compuertas de la corrupci¨®n se abren y la convierten en un torrente cuando se impone la idea de que el Estado es el problema y no la soluci¨®n. Un Estado desautorizado es un Estado en manos de la capacidad de intimidaci¨®n del dinero. Y no olvidemos que no hay corrupto sin corruptor. El corruptor campa a sus anchas cuando percibe que no es objeto de rechazo social alguno, porque el cinismo se ha instalado en la sociedad. Tienen raz¨®n los que dicen que hay que evitar la generalizaci¨®n de las acusaciones de corrupci¨®n, porque deslegitiman la pol¨ªtica, es decir, se llevan por delante no tanto a los corruptos como a las instituciones. Es fundamental salvar y recuperar la pol¨ªtica, porque es el ¨²nico instrumento de que la mayor¨ªa de ciudadanos dispone para poner l¨ªmites a los abusos de poder. Pero los primeros que deben defender la pol¨ªtica son los dirigentes pol¨ªticos. Y no es admisible la apelaci¨®n ventajista a la importancia de no desprestigiar la pol¨ªtica para ocultar la corrupci¨®n y proteger la impunidad.

M¨¢s all¨¢ de las reformas legales que puedan ser necesarias, hay una cuesti¨®n de actitud. La corrupci¨®n ahoga la reputaci¨®n de las instituciones y la confianza en la pol¨ªtica, y los gobernantes no modifican un ¨¢pice sus h¨¢bitos frente a ella. El desd¨¦n, el listado burocr¨¢tico de propuestas legales y el obsceno triunfalismo ante un panorama de seis millones de parados, no es la manera de afrontar la corrupci¨®n ante una ciudadan¨ªa asombrada por las noticias de portada de cada d¨ªa. Y, sin embargo, es la actitud que tuvo el presidente Rajoy ayer en el Parlamento, afrontando como un puro tr¨¢mite la sesi¨®n de control, en manifiesto desprecio al Parlamento, que es la instituci¨®n clave del sistema democr¨¢tico.

Precisamente porque hay que defender a la pol¨ªtica, los gobernantes tienen que reaccionar con prontitud, diligencia y contundencia. Es una estafa pol¨ªtica y un fraude de ley utilizar los recursos legales no para aclarar lo que ha ocurrido sino para garantizarse la impunidad. Los principios garantistas y la presunci¨®n de inocencia est¨¢n para evitar que una persona inocente pueda ser condenada o estigmatizada como culpable. Se degradan y se convierten en motor de desigualdad y de injustica cuando se utilizan para proteger a quienes han delinquido. Los ciudadanos espa?oles no somos iguales ante la justicia porque hay unos pocos que disponen de dinero e influencia para pagar a los grandes despachos de abogados y encontrar las rutas para salir indemnes. Lo vemos cada d¨ªa en asuntos de gran calado econ¨®mico. Un gobernante, si realmente es consciente de la funci¨®n que asume, no deber¨ªa utilizar estos caminos retorcidos para favorecer la impunidad de los suyos. ?Qu¨¦ habr¨ªa pasado si el caso Naseiro no se hubiese resuelto favorablemente para el PP por unos defectos de forma? ?Aspira ahora el PP a repetir suerte en el caso B¨¢rcenas, a¨²n a riesgo de dejar una sombra de sospecha sobre todo el partido? La situaci¨®n hoy es muy distinta que la de entonces. Los ciudadanos han perdido la inocencia y en la actual crisis social todo intento de ocultaci¨®n es un escarnio. Y, sin embargo, los gobernantes se resisten a cambiar de actitud. Ya s¨¦ que la arbitrariedad es sustancial al poder. Y que el Estado proh¨ªbe la injusticia no porque la quiera prohibir, sino para administrarla. Pero los dirigentes pol¨ªticos deber¨ªan ser conscientes de que son las propias instituciones las que corren peligro por su fr¨ªvola respuesta.

No, no todos son corruptos ni todos son iguales. Pero la corrupci¨®n se ha hecho sist¨¦mica en algunos partidos e instituciones. Y cuando una organizaci¨®n est¨¢ asediada por la corrupci¨®n, como ocurre con el PP, de G¨¹rtel a B¨¢rcenas, pasando por todo un modelo de desarrollo como el de la Comunidad Valenciana, su l¨ªder no puede hacer de su salvaci¨®n personal el ¨²nico objetivo de su estrategia.