Gallard¨®n paraliza la renovaci¨®n del Poder Judicial para hacerla con su ley

Los 20 vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, el ¨®rgano de gobierno de los 5.100 jueces espa?oles) terminan su mandato de cinco a?os el pr¨®ximo 24 de septiembre. Seg¨²n la ley, el proceso para su renovaci¨®n debe arrancar seis meses antes: en este caso, el 24 de marzo. Pero el Gobierno cree que para esa fecha a¨²n no estar¨¢ en vigor la nueva ley del Poder Judicial, que todav¨ªa no ha iniciado el tr¨¢mite parlamentario y que cambiar¨¢, entre otras cosas, el mecanismo de elecci¨®n de los vocales. As¨ª que, para evitar que el nuevo Consejo sea elegido con la ley vigente y garantizarse que lo ser¨¢ con la nueva, el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, dej¨® ayer en suspenso el proceso de renovaci¨®n.

En un movimiento in¨¦dito, el Gobierno aprob¨® un anteproyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial espec¨ªfico para una sola cosa: dejar ¡°en suspenso¡± los art¨ªculos 112 y 114 de la actual ley org¨¢nica del Poder Judicial, los que regulan la renovaci¨®n.

El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, no podr¨¢, por tanto, poner en marcha el proceso mientras esos art¨ªculos est¨¦n suspendidos. Seg¨²n una portavoz de Justicia, si en septiembre todav¨ªa no estuviera en vigor la nueva ley (algo muy improbable, porque los c¨¢lculos del ministerio son que lo est¨¦ ya en abril) se levantar¨ªa la suspensi¨®n y se renovar¨ªa el Consejo con los mecanismos de la ley vigente.

El anteproyecto aprobado ayer, para tener efecto, debe seguir ahora su propia tramitaci¨®n: ser¨¢ sometido a informes del propio CGPJ y del Consejo Fiscal y luego pasar¨¢ por el Parlamento. Justicia va a pedir que todo eso se haga por el procedimiento de urgencia, porque obviamente el objetivo es que esa suspensi¨®n est¨¦ en vigor antes del 24 de marzo.

Al mismo tiempo se estar¨¢ produciendo la negociaci¨®n parlamentaria de la nueva ley del Poder Judicial, la de fondo, que el Gobierno aprob¨® en diciembre y que Ruiz-Gallard¨®n quiere a toda costa pactar con el PSOE. De hecho, el ministro ya renunci¨® en diciembre, para acercar posturas con los socialistas, a la promesa electoral del PP: que la elecci¨®n de 12 de los 20 vocales la realizaran los jueces y no el Parlamento.

La elecci¨®n seguir¨¢, por tanto, en manos de Congreso y Senado, que designar¨¢n cada uno a la mitad de los vocales del Consejo. Pero otras muchas cosas cambiar¨¢n: los jueces tendr¨¢n m¨¢s facilidades para presentarse candidatos a vocal (necesitar¨¢n menos avales), y las asociaciones judiciales, menos poder en el CGPJ (ahora acaparan los puestos y eso se traduce en que tambi¨¦n acaparan los nombramientos en tribunales de justicia). Adem¨¢s, solo ocho de los 20 vocales tendr¨¢n sueldo. La reforma ha provocado una respuesta airada de las asociaciones, que la consideran un ataque a la independencia del Poder Judicial. La comisi¨®n de estudios del Consejo ha emitido tambi¨¦n un informe muy duro contra la ley. El ministerio replica que trata de combatir el corporativismo.