La reducci¨®n en sueldos de concejales ser¨¢ de 146 millones, el 2% del ahorro
Las Diputaciones podr¨¢n gestionar los servicios del 95% de los municipios
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, supo este verano que darle la vuelta a la Administraci¨®n local iba a ser como caminar por un campo plagado de cactus. Ni el PSOE, que le dio la espalda en las negociaciones el pasado enero, ni muchos de los alcaldes de su propia formaci¨®n estaban de acuerdo en aplicar la podadora en los 8.117 municipios que forman la red de la Administraci¨®n m¨¢s pr¨®xima al ciudadano. Tras muchos desencuentros, el Consejo de Ministros aprob¨® ayer un informe del anteproyecto de ley ¡ªsusceptible de sufrir cambios¡ª para reordenar un mapa municipal gobernado por 86.462 concejales e hilvanado con 1.021 mancomunidades, 81 comarcas y miles de entidades locales menores que corren el riesgo de desaparecer. El resultado es una combinaci¨®n de medidas llamativas que, sin embargo, tienen una segunda lectura menos vistosa.
El encargado de ofrecer los titulares fue el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro: la tijera de la austeridad ahorrar¨¢ a las arcas p¨²blicas 7.129 millones de euros en los pr¨®ximos tres a?os gracias a que se eliminar¨¢n duplicidades, sueldos y personal. De esa cifra, seg¨²n los propios c¨¢lculos del Ejecutivo, se dejar¨¢n de gastar 3.282 millones suprimiendo servicios que ahora prestan de manera duplicada o triplicada Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Aut¨®nomas. La ¡°clarificaci¨®n de competencias¡±, una medida que tiene mucho que ver con la anterior, restar¨¢ otros 2.232 millones. En cambio, la tan manida rebaja de sueldos de alcaldes y la supresi¨®n del personal de confianza que hace engordar la factura local apenas supondr¨¢ el 2% del ahorro total: 146 millones. La intenci¨®n del Gobierno tambi¨¦n pasa por limitar lo que cobran los funcionarios (en especial secretarios e interventores), y restringir el personal de confianza en n¨®mina.
Los alcaldes de grandes ciudades no cobrar¨¢n m¨¢s de 100.000 euros
Montoro asegur¨® que el 82% de los concejales de Espa?a, un total de 56.138, no podr¨¢n tener dedicaci¨®n exclusiva (y con ella un sueldo). En n¨²meros redondos, solo 12.188 optar¨¢n a una retribuci¨®n. Lo curioso es que ni el ministerio ni la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FEMP) saben si esa proporci¨®n ya se cumple, algo que en la oposici¨®n sospechan. En cuanto al techo de los sueldos, se tomar¨¢ como referencia el de un secretario de Estado (con unos 100.000 euros brutos anuales) para establecer el baremo. Los ediles de las seis ciudades m¨¢s pobladas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y M¨¢laga) tendr¨¢n ese tope. Las siete grandes ciudades que tienen entre 300.000 y 500.000 habitantes (Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Bilbao, Alicante, C¨®rdoba y Valladolid) podr¨¢n retribuir a sus alcaldes restando un 10% (90.000 euros brutos), y as¨ª sucesivamente, hasta llegar a municipios de menos de 1.000 habitantes (que son 4.873), que no podr¨¢n pagar a nadie del pleno m¨¢s all¨¢ de las dietas por asistencia.
Pero la parte del le¨®n no est¨¢ en los salarios, sino en los servicios que cambian de manos. Y ah¨ª quien sale ganando son las Diputaciones provinciales, facultadas para hacerse cargo directamente de las competencias de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (y son 7.717, el 95%), si estos no cumplen unos est¨¢ndares de calidad marcados por el propio Gobierno. Por real decreto se establecer¨¢ el coste m¨¢ximo de los servicios b¨¢sicos (basuras, abastecimiento de agua, viales, protecci¨®n civil, salubridad p¨²blica, cementerios) que los peque?os municipios deber¨¢n respetar si no quieren perderlos de facto. Para el socialista Gaspar Zarr¨ªas, ¡°esta es la verdadera puerta de las privatizaciones. Las Diputaciones no van a prestar esos servicios, los van a privatizar en r¨¦gimen de monopolio y adem¨¢s podr¨¢n fijar las tasas al ciudadano¡±.
El PSOE tacha la reforma de coladero ¡°para privatizar servicios¡±
Otro punto peliagudo que puede provocar serios conflictos se refiere a las competencias sobre servicios sociales. Seg¨²n un borrador al que ha tenido acceso este peri¨®dico, la futura ley excluye a los consistorios de labores que no sean ¡°atenci¨®n inmediata a personas en riesgo de exclusi¨®n social¡±, y limita sus competencias en educaci¨®n a ¡°la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria¡±. A las Comunidades Aut¨®nomas las obliga a rescatar estos servicios o a encarg¨¢rselos a los municipios por un periodo no menor a cinco a?os, a trav¨¦s de un convenio en el que se determine su coste y se asegure su financiaci¨®n.
Para Manuel Cobo, responsable del ¨¢rea local en el PP, la m¨¢xima de ¡°una Administraci¨®n, una competencia¡±, que pronunci¨® Rajoy el pasado verano ¡°permitir¨¢ que los ciudadanos tengan servicios m¨¢s baratos y eficaces¡±. De lo que no habla el texto es de estimular la fusi¨®n ni la supresi¨®n de ning¨²n municipio, aunque en la pr¨¢ctica deja al Gobierno manos libres para vaciarlos de contenido pol¨ªtico. Un ejemplo: las m¨¢s de mil mancomunidades y las entidades locales menores (solo en Castilla y Le¨®n hay 2.230) corren serio peligro de desaparecer si no rinden cuentas cada tres meses, algo que la mayor¨ªa no hacen. El Ejecutivo tambi¨¦n podr¨¢ forzar a suprimir ¡°servicios facultativos¡± (que no entren en sus competencias) y proh¨ªbe la creaci¨®n de nuevas empresas p¨²blicas.
Montoro subray¨® que la reforma que aborda el Gobierno necesita consenso porque supondr¨¢ modificar la ley que desde hace 30 a?os determina la vida municipal espa?ola. A la espera de la reacci¨®n de la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FEMP), que ha aplazado al pr¨®ximo mi¨¦rcoles su valoraci¨®n, la Generalitat de Catalu?a ya ha hecho la suya. Seg¨²n la vicepresidenta, Joana Ortega, el Ministerio de Hacienda se comprometi¨® a ¡°respetar las competencias¡± que les otorga el Estatuto. El Ejecutivo catal¨¢n est¨¢ redactando su propia Ley de Gobiernos locales con ¡°un modelo propio¡± que no limitar¨¢ los sueldos de los concejales. ¡°M¨¢s del 90% de nuestros ediles ni cobran ni tienen dedicaci¨®n exclusiva¡±, ha subrayado Ortega, informa Maiol Roger.
Amenaza de intervenci¨®n
No importa el nivel de los abusos. En Espa?a apenas hay casos como el de Marbella, donde tuvo que desatarse un esc¨¢ndalo may¨²sculo para que el Estado interviniera el Ayuntamiento (tras la detenci¨®n de medio gobierno en el a?o 2006). Otros ejemplos igualmente sangrantes de mala gesti¨®n que han llevado a los consistorios a contraer deudas astron¨®micas ocurren sin que nadie tome medidas.
La reforma local que prepara el Gobierno da un paso en esa direcci¨®n al mejorar los mecanismos del Estado para atornillar las cuentas de los municipios. Seg¨²n el borrador del proyecto aprobado ayer, los m¨¢s peque?os, de menos de 5.000 habitantes, podr¨¢n ser intervenidos autom¨¢ticamente si superan el nivel de deuda permitido o si su necesidad de financiaci¨®n se dispara por encima de lo razonable. Lo mismo les suceder¨¢ si incumplen reiteradamente las obligaciones de remitir sus cuentas al Ministerio de Hacienda. Todo para garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria que tanto preocupa al Gobierno de Mariano Rajoy. Para lograrlo, los secretarios e interventores, encargados de la vigilancia, vuelven a ser personal de habilitaci¨®n nacional, dependientes del Estado, y sus salarios tendr¨¢n un techo, igual que el de los alcaldes. El personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se seleccionar¨¢ igualmente entre funcionarios de carrera.
Cuando un Ayuntamiento muestre signos de no poder sufragar sus competencias, se encender¨¢ una luz roja. A partir de ese momento ser¨¢n las Diputaciones las que tomen el mando. Lo que no explic¨® el ministro Montoro ayer es qui¨¦n pagar¨¢ las facturas. En los borradores que se manejaban del texto aprobado en el Consejo de Ministros (cuyo contenido no se hizo p¨²blico m¨¢s all¨¢ de un resumen) no hay ni una l¨ªnea sobre qu¨¦ ocurrir¨¢ cuando un Ayuntamiento, ahogado por deudas, traspase un servicio a otra Administraci¨®n.
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