M¨¢s de 2.000 jueces y fiscales secundan la huelga contra las reformas de Gallard¨®n
Los convocantes aseguran que han seguido el paro 2.553 jueces y fiscales, el 62% del total Los datos oficiales del Poder Judicial hablan de un 41% de participaci¨®n
¡°Magistrado secundando la huelga¡±. Para que no cupiera duda alguna, el juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Ricardo de Prada coloc¨® ayer por la ma?ana este cartel en la puerta de su despacho. A pesar del aviso, ¨¦l estaba dentro. Como ni el Ejecutivo ni el Consejo General del Poder Judicial (el ¨®rgano de gobierno de los jueces) hab¨ªan fijado servicios m¨ªnimos para la jornada de huelga convocada, no quer¨ªa ausentarse por si ocurr¨ªa algo urgent¨ªsimo, pero deseaba dejar claro que ¨¦l era uno de los que? protestaba por las reformas ¡ªalgunas proyectadas y otras ya ejecutadas¡ª emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n.
Junto a ¨¦l, m¨¢s de 2.100 jueces y fiscales y magistrados de toda Espa?a siguieron el paro convocado por todas las asociaciones de jueces y fiscales salvo dos: las mayoritarias Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociaci¨®n de Fiscales. Algunos de sus afiliados, sin embargo, s¨ª secundaron la huelga.
Los datos de participaci¨®n de los convocantes y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son coincidentes. Tampoco lo es el del censo de jueces en activo que sirve de base para calcular el porcentaje de los que siguieron el paro. Los convocantes dieron la cifra de 2.553 jueces y fiscales en huelga, el 62% del censo si se eliminan jueces sustitutos, bajas, enfermedades, licencias, servicios especiales... El CGPJ, sin embargo, parte de un censo de 5.015 jueces y magistrados y asegura que hicieron huelga 2.072, por lo que, seg¨²n sus c¨¢lculos, solo participaron en el paro el 41,3% de los jueces.
¡°No vamos a entrar en una guerra de cifras, pero los porcentajes del Consejo son m¨¢s que cuestionables¡±, indica el portavoz de la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria ¡ªuna de las convocantes¡ª, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol. ¡°En primer lugar, no todos los jueces han comunicado la huelga porque no est¨¢n obligados a ello. En segundo lugar, el censo base no es real y va m¨¢s all¨¢ de los jueces que ayer pod¨ªan trabajar. Adem¨¢s, seg¨²n nos han comunicado, los datos los ha aportado un vocal, Antonio Dorado, designado por el PP¡±. [Sobre esta ¨²ltima afirmaci¨®n, el Consejo General del Poder Judicial envi¨® una nota indicando que "los datos que facilit¨® el CGPJ a la opini¨®n p¨²blica fueron los aportados por todos los presidentes de los Tribunales de Justicia y recopilados por la Secretar¨ªa General del Consejo"].
En cuanto a los fiscales, la Fiscal¨ªa General del Estado no ha contabilizado a los huelguistas y los convocantes no han dado las cifras desglosadas. En cualquier caso, el Comit¨¦ de Huelga reconoce que el seguimiento fue menor que entre los magistrados.
Un hecho no se discute: m¨¢s de 2.100 jueces y fiscales en Espa?a, un gremio muy poco dado a alzar la voz p¨²blicamente y en la calle, secundaron la huelga; la tercera convocada en democracia por los jueces (las dos primeras se llevaron a cabo en 2009 contra el Ejecutivo socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero) y la primera de los fiscales. ¡°Y m¨¢s de 2.000 jueces y fiscales protestando, diga lo que diga el ministro, es un dato muy importante¡±, indica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia.
El malestar dentro del mundo de la justicia es evidente. En los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), el ministro se llev¨® ayer la mayor¨ªa de los ataques verbales de los manifestantes. ¡°Gallard¨®n dimisi¨®n¡± y ¡°No a las tasas, Gallard¨®n a casa¡±, fueron algunos de los gritos m¨¢s escuchados. ¡°Ha conseguido unirnos a todos¡±, se?al¨® un abogado que se hab¨ªa sumado a las protestas de los jueces. ¡°Tenemos un modelo judicial del siglo XIX. Si los jueces perdemos la independencia y no tenemos recursos, no podremos investigar la corrupci¨®n¡±, dijo Ana Mar¨ªa ?lvarez de Yraola, una de las magistradas que acudi¨® a la manifestaci¨®n de Plaza de Castilla.
El ambiente en los juzgados de Madrid a primera hora de la ma?ana era similar al de todos los d¨ªas. Muchos ciudadanos no se hab¨ªan enterado de que los jueces estaban de huelga y tuvieron que regresar a sus hogares con una nueva cita para dentro de una semana. Seg¨²n los convocantes, la huelga provoc¨® que se suspendieran unos 10.000 juicios y se?alamientos en toda Espa?a.
En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional el seguimiento de la huelga fue menor. En el alto tribunal, solo uno de los 79 magistrados, de la Sala de lo Civil, decidi¨® seguir la huelga. En la Audiencia Nacional, fueron 5 de 78. Se trata de los datos que ha ofrecido en Consejo General del Poder Judicial; es decir, de los que han comunicado que se han sumado al paro.
La respuesta del ministro Gallard¨®n al envite fue agradecer ¡°a la mayor¨ªa de los jueces¡± que acudieran a trabajar mientras opinaba que los titulares de un poder del Estado no deben utilizar ¡°instrumentos¡± como la huelga. La falta de concreci¨®n legal sobre la posibilidad de los jueces de convocar y adherirse a una huelga provoc¨®, por otro lado, que ni el Gobierno ni el Consejo General del Poder Judicial fijaran servicios m¨ªnimos. Nadie se har¨¢ cargo tampoco de descontar de la n¨®mina el d¨ªa no trabajado.
No hay una ¨²nica raz¨®n para la protesta. Pr¨¢cticamente cada una de las decisiones adoptadas por el ministro de Justicia desde que tom¨® posesi¨®n del cargo ha ido aumentando el descontento entre los jueces y fiscales. Por un lado, los que participaron en la huelga manifestaban su queja por el proyecto de reforma del CGPJ que resta poderes a las asociaciones judiciales y modifica su composici¨®n y forma de elecci¨®n. Por otro, protestaban por la pr¨¢ctica eliminaci¨®n de los jueces interinos ¡ªlo que incrementar¨¢ notablemente su carga de trabajo¡ª y lamentaban la baja inversi¨®n en Justicia del Gobierno. Adem¨¢s, rechazaban las cuant¨ªas de las nuevas tasas judiciales.
Los convocantes ped¨ªan tambi¨¦n una regulaci¨®n del indulto que controle esta figura y no permita que el Ejecutivo se convierta en una ¨²ltima instancia que modifica decisiones judiciales sin motivar ni argumentar el porqu¨¦.
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