Diez posibles medidas contra la corrupci¨®n

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expondr¨¢ hoy sus propuestas de medidas contra la corrupci¨®n y a favor de la transparencia en el debate y en un momento en el que los esc¨¢ndalos pol¨ªticos invaden la actualidad.

Son muchos los ¨¢mbitos en los que se puede fijar: Medidas preventivas, coercitivas o sancionadoras; solo para el Gobierno, para los diputados o para todos los altos cargos; en la administraci¨®n central o tambi¨¦n en las auton¨®micas y locales; a los cargos institucionales o tambi¨¦n a los partidos.

Rajoy utilizar¨¢ como base el estudio encargado por la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, al Centro de Estudios Pol¨ªticos y Constitucionales, aunque en los ¨²ltimos d¨ªas han sido muchas las ideas expuestas por expertos y colectivos que promueven la transparencia en la administraci¨®n p¨²blica para tratar de aplacar la corrupci¨®n.

1. Protecci¨®n a los delatores. El a?o pasado, la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (Ocde) hizo p¨²blico el informe del Grupo de Trabajo Anticorrupci¨®n del G20 en el que establec¨ªa, como prioridad, la necesidad de proteger a los denunciantes para evitar ¡°acciones discriminatorias y represalias¡± a quienes informaran sobre actos sospechosos de corrupci¨®n.
2. Suspensi¨®n cautelar de imputados o procesados. Funcionarios y jueces pueden ser apartados temporalmente de sus cargos mientras se dirime la legalidad de sus actitudes. Con los cargos p¨²blicos electos no existe ninguna posibilidad, m¨¢s all¨¢ de la voluntad de cada uno. Las actas de concejal y diputado son personales y, ¨²nicamente, se puede suspender la militancia en el partido por el que hayan sido elegidos. Los socialistas proponen que la investigaci¨®n y enjuiciamiento de casos en los que est¨¦n implicados cargos p¨²blicos sean atribuidos a la Audiencia Nacional.
3. Exclusi¨®n de las listas electorales a los procesados por corrupci¨®n. Pese a los c¨®digos ¨¦ticos aprobados por las distintas formaciones, legalmente, no existe ninguna norma que impida a los partidos incluir a imputados, procesados o, incluso, condenados en las listas electorales. La excepci¨®n se da en el caso de inhabilitaci¨®n por sentencia firme.
4. Declaraciones de bienes, actividades o renta. Las declaraciones de bienes son m¨¢s espec¨ªficas que las declaraciones de renta, en las que no se se?ala de d¨®nde procede cada cantidad ingresada. Sin embargo, no existe un formato com¨²n y exhaustivo para las declaraciones de bienes patrimonio con lo que tambi¨¦n se deja a la voluntad del afectado que incluya, por ejemplo, el valor de su patrimonio o de otros bienes muebles. En algunas autonom¨ªas como Castilla-La Mancha o Andaluc¨ªa, la obligatoriedad de presentar declaraciones de bienes se extiende al c¨®nyuge despu¨¦s de que as¨ª lo promovieran gobiernos socialistas. En otros pa¨ªses alcanza hasta el total de la familia.
5. Control y examen de las declaraciones. El PSOE reclama que cada Administraci¨®n o instituci¨®n se?ale el ¨®rgano encargado de custodiar los certificados y declaraciones presentadas que, adem¨¢s, verifique ¡°la no existencia de contradicciones o diferencias entre la declaraci¨®n de actividades, la de bienes patrimoniales y los contenidos en la declaraci¨®n anual de IRPF¡±. Pero tampoco existe ning¨²n ¨®rgano que compare las declaraciones de los diputados o de los miembros del Gobierno al iniciar y al acabar la legislatura, pese a que s¨ª han de presentarlas si sufren modificaciones.
6. Incompatibilidades. En esta legislatura, la comisi¨®n del Estatuto del diputado solo decret¨® la incompatibilidad de un diputado, de Amaiur, para ejercer su labor como representante p¨²blico. En este caso, pretend¨ªa compatibilizar dos sueldos p¨²blicos, el de la universidad y el del Congreso. Se aprobaron otras como ¡°actividades econ¨®micas¡± que reportan a alg¨²n diputado m¨¢s de 500.000 euros, seg¨²n su propia declaraci¨®n. En el caso del Gobierno y los altos cargos de la Administraci¨®n General del Estado, el ¨®rgano encargado de vigilar las incompatibilidades es la Oficina de Conflictos. Seg¨²n el catedr¨¢tico de Ciencias Pol¨ªticas de Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, ¡°la Oficina est¨¢ muy politizada, a pesar de la profesionalidad de sus miembros. Su responsable depende directamente del Gobierno, que lo puede destituir a su antojo".
7. Ley de Transparencia. El Gobierno ha dado un gran paso adelante con la elaboraci¨®n de un proyecto de Ley de Transparencia. Sin embargo, el rango de la ley, inferior a los estatutos auton¨®micos, provocar¨¢ el choque con las comunidades a causa de la invasi¨®n de competencias y obstaculiza el control al que el Ejecutivo podr¨ªa someter a otras administraciones. Adem¨¢s de este escollo, la ley deber¨ªa limitar las excepciones de materias e instituciones que se someter¨¢n al acceso p¨²blico de su informaci¨®n, incluyendo a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y a la Casa del Rey. Otra de las pol¨¦micas fue la generada con la fijaci¨®n del silencio negativo como respuesta a la solicitud de informaci¨®n, cuando los expertos reclaman que, al menos, se marquen plazos. Con m¨¢s intensidad exigen, adem¨¢s, que el ¨®rgano que vele por el cumplimiento de la ley sea absolutamente independiente del Gobierno de turno. Si, adem¨¢s, incluyera a los lobbies, tal como reclama el Foro para la Transparencia, se podr¨ªa conocer, al menos en parte, la agenda de los diputados.
8. Financiaci¨®n de partidos y control de sus cuentas. Pese a que la ley de financiaci¨®n de partidos se modific¨® hace apenas dos meses, los ¨²ltimos esc¨¢ndalos cuestionan el sistema de control de las cuentas internas de unas instituciones que se nutren principalmente de fondos p¨²blicos, Desde 2007, las donaciones no pueden ser an¨®nimas y est¨¢n limitadas, pero las fundaciones vinculadas a los partidos est¨¢n legalmente autorizadas para recibirlas de contratistas de las administraciones. Sin embargo, las cuentas no son p¨²blicas. El ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, habl¨® ayer de ¡°remozar y reforzar¡± el Tribunal de Cuentas, ¨®rgano encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos. Entre las recomendaciones que el Grupo de Estados Contra la Corrupci¨®n del Consejo de Europa (Greco) hizo a Espa?a se encontraban las de dotar de m¨¢s medios y personal al tribunal y la de marcarle una fecha tope para publicar sus informes anuales. El Greco tambi¨¦n dud¨® de que la informaci¨®n publicada por el Tribunal de Cuentas fuera ¡°suficientemente significativa¡± para ayudar a ¡°identificar v¨ªnculos econ¨®micos cuestionables y la posible corrupci¨®n en el sistema de financiaci¨®n de partidos¡±. Adem¨¢s, reclam¨® un formato com¨²n para las cuentas y apunt¨® la posibilidad de contratar auditores externos. Adem¨¢s, el Tribunal de Cuentas se hace cargo del control de la contabilidad de los partidos en las autonom¨ªas que carecen de sindicaturas propias, pero la ¡°la consolidaci¨®n de las cuentas no incluye datos financieros de las secciones locales de los partidos pol¨ªticos; depende de cada partido la organizaci¨®n de la contabilidad de sus respectivas secciones locales¡±, se?alaba el informe del Greco. Los partidos tampoco dan cuenta, en ning¨²n caso, de su patrimonio.
9. Regalos. Dinamarca es, desde 2002, el pa¨ªs en el que la percepci¨®n de corrupci¨®n es m¨¢s baja. Solo se permiten regalos de cortes¨ªa como "una tableta de chocolate, un libro, o una botella de vino con ocasi¨®n del 25 aniversario de servicio p¨²blico de un determinado empleado", seg¨²n tienen descrito en un c¨®digo ¨¦tico. El Ayuntamiento de Londres tiene un registro de regalos que puede ser consultado. En Espa?a, el apartado de Buen Gobierno de la futura Ley de Transparencia se?ala que los cargos no podr¨¢n aceptar ¡°para s¨ª, regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortes¨ªa, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones¡±, pero no marca l¨ªmites cuantificados ni ¨®rgano que los controle.
10. C¨®digo de buen gobierno para Ayuntamientos. La Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias aprob¨®, en diciembre de 2009, un dec¨¢logo de principios por el compromiso ¡°con la ¨¦tica p¨²blica y la calidad democr¨¢tica¡±. Se?ala, por ejemplo, la creaci¨®n de comisiones de Control y Seguimiento en la contrataci¨®n p¨²blica ¡°para garantizar que tanto la contrataci¨®n realizada por el Ayuntamiento como por sus organismos aut¨®nomos y empresas de capital municipal se lleve a efecto bajo los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia¡±, pero su implantaci¨®n queda para la voluntad del alcalde en cada legislatura.