El fiscal solicita al Supremo que tramite la petici¨®n al Congreso para juzgar a Blanco

La fiscal¨ªa quiere sentar en el banquillo al exministro Jos¨¦ Blanco porque entiende que cometi¨® tr¨¢fico de influencias para que su amigo, el empresario Jos¨¦ Antonio Orozco, se ahorrase entre 150.000 y 500.000 euros en la obra de una nave junto al aeropuerto del Prat. La causa contra Blanco se inici¨® hace 15 meses por el supuesto pago por parte de un empresario, imputado por corrupci¨®n, de 200.000 euros en billetes de 500 a cambio de que le agilizase una licencia y una subvenci¨®n que nunca se concedieron.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumi¨® la investigaci¨®n contra el exministro socialista Jos¨¦ Blanco en diciembre de 2011. El empresario Jorge Dorribo, imputado en el caso Campe¨®n ¡ªinstruido en Lugo¡ª por fraude de subvenciones p¨²blicas, le hab¨ªa acusado de cobrar m¨¢s de 200.000 euros por una gesti¨®n ante el Ministerio de Econom¨ªa y por agilizar una licencia para comercializar medicamentos unidosis que deb¨ªa conceder el Ministerio de Sanidad en favor de su empresa, Laboratorios Nupel. El Supremo se hac¨ªa cargo de la parte relativa a Blanco por tratarse de un diputado y, por tanto, aforado.

Un a?o y tres meses despu¨¦s, el fiscal ha pedido al juez instructor, Jos¨¦ Manuel Soriano, que tramite el suplicatorio (la petici¨®n al Congreso para proceder contra una persona que tiene inmunidad parlamentaria) para que a Blanco se le pueda imputar formalmente y, eventualmente, pueda ser juzgado. Hasta el momento, y a pesar de que Blanco declar¨® como imputado en el procedimiento en enero de 2012, no se hab¨ªa tramitado el suplicatorio porque el exministro solicit¨® en su d¨ªa declarar voluntariamente.

El fiscal Manuel Dolz present¨® este martes su escrito ante el juez instructor. Pero las acusaciones contra Blanco han cambiado desde diciembre de 2011. La tramitaci¨®n del suplicatorio nada tiene que ver ahora con Dorribo, ni con los m¨¢s de 200.000 euros, ni con un delito de cohecho. Los indicios de delito que ve el fiscal se centran en un presunto tr¨¢fico de influencias cometido por Blanco para que se concediera a Orozco una licencia municipal para construir una nave industrial en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ¡ªvertiente de la que daba tambi¨¦n cuenta la juez de Lugo que remiti¨® la parte del caso Campe¨®n relativa a Blanco al Supremo¡ª. El fiscal Dolz habla tambi¨¦n de indicios de un delito de prevaricaci¨®n, pero en el escrito no se especifica qu¨¦ hechos sustentar¨ªan esta infracci¨®n penal. Para cometer este delito es necesario haber dictado una resoluci¨®n arbitraria.

La tramitaci¨®n del suplicatorio no se ha pedido por el delito de cohecho por no existir, por el momento, indicios suficientes que permitan sustentarlo. Dorribo acusaba a Blanco de haber recibido el dinero en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a trav¨¦s de su primo pol¨ªtico, Manuel Bran. La reuni¨®n entre Blanco y Dorribo se produjo, pero nunca se prob¨® la entrega de dinero. Dorribo incurri¨® en notorias contradicciones, distintas versiones y falsedades sobre el origen y destino del dinero y, por otro lado, la subvenci¨®n del Ministerio de Econom¨ªa y la licencia del de Sanidad no se concedieron. Empresarios citados por Dorribo en sus declaraciones negaron esos supuestos pagos.

La petici¨®n de que se tramite el suplicatorio se hace, por tanto, seg¨²n el escrito del fiscal, por dos delitos: tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n. El presunto delito de tr¨¢fico de influencias lo habr¨ªa cometido Blanco en favor de Orozco, vicepresidente y consejero delegado de la empresa Transportes Azkar y amigo del exministro socialista desde la infancia.

El fiscal sostiene que Blanco influy¨® ante el alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), del PSC, para que se concediera a Orozco una licencia ambiental favorable que hab¨ªa solicitado su empresa el 4 de agosto de 2010 para construir una nave industrial cerca del aeropuerto de El Prat de Llobregat.

Las grabaciones telef¨®nicas que constan en el procedimiento recogen la intermediaci¨®n de Blanco en el proceso. Pero la cuesti¨®n relevante, para apreciar si hubo o no delito, es si por su intervenci¨®n se concedi¨® algo que no se deb¨ªa haber concedido atendiendo a la participaci¨®n del exministro en el asunto. Esto es lo que tendr¨¢ que quedar probado y lo que el exministro niega tajantemente.

El fiscal solicita al Supremo que tramite la petici¨®n al Congreso para juzgar a Blanco

Orozco se puso en contacto con Blanco para que se interesara por el retraso de las licencias y este ¨²ltimo se lo coment¨® al entonces secretario de Estado de Transportes, Isa¨ªas Taboas, que habl¨® con el alcalde de Sant Boi. Orozco se reuni¨® m¨¢s tarde con este ¨²ltimo. El empresario califica, por tel¨¦fono y ante terceros, de fundamental su amistad con Blanco para agilizar el proceso.

Taboas, por su parte, asegur¨® ante el juez que Blanco nunca le pidi¨® que agilizara los tr¨¢mites para la empresa de Orozco, sino que su intervenci¨®n se habr¨ªa limitado a interesarse por la situaci¨®n y a facilitarle un contacto con el alcalde de Sant Boi. Fueron solo gestiones informativas, seg¨²n Taboas ¡ªque no est¨¢ imputado¡ª. El alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, reconoci¨® ante el juez que recibi¨® a Orozco por la llamada de Taboas, dijo que no conoce a Blanco y asegur¨® que la licencia se concedi¨® porque los problemas t¨¦cnicos planteados en un primer momento ya estaban resueltos.

El t¨¦cnico municipal hab¨ªa emitido dos requerimientos para que se subsanaran algunos defectos en el planteamiento presentado para la nave a lo largo de 2010. Y el 17 de febrero de 2011, finalmente, inform¨® favorablemente la concesi¨®n de la licencia ambiental.

El t¨¦cnico, Josep Ruiz, neg¨® en su declaraci¨®n judicial haber recibido presi¨®n alguna, ni instrucci¨®n ¡°del alcalde o de otra persona¡± para que informara favorablemente. Seg¨²n su versi¨®n, los dos primeros informes fueron negativos pero asegur¨® que los defectos que hab¨ªa eran subsanables y que no tuvo conocimiento de la reuni¨®n de Orozco con el alcalde.

El fiscal, sin embargo, sostiene que el Ayuntamiento ped¨ªa a Orozco, para darle la licencia, que modificara el proyecto con inversiones que supon¨ªan un gasto de 500.000 euros o, como m¨ªnimo, de 175.000, y que el empresario se ahorr¨®. Estos supuestos requerimientos municipales no aparecen por escrito, sino que se basan en un informe policial de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales (UDEF) que a su vez remiten a una conversaci¨®n telef¨®nica de Orozco. El fiscal sostiene que Orozco tambi¨¦n pidi¨® a Blanco que AENA y AESA dictaran resoluciones para obtener una licencia de obra mayor.