?Hasta cu¨¢ndo?

¡°La Constituci¨®n se fundamenta en la indisoluble unidad de la Naci¨®n espa?ola, patria com¨²n e indivisible de todos los espa?oles...¡±. Son las primeras palabras del art¨ªculo 2 Constituci¨®n Espa?ola (CE). La unidad de la Naci¨®n se expresa pol¨ªticamente en la unidad del Estado, articulado jur¨ªdicamente por la Constituci¨®n. La independencia de una de las ¡°nacionalidades y regiones¡± que integran Espa?a fue excluida por el constituyente de manera radical. La unidad de la Naci¨®n espa?ola y, como consecuencia de ello, la unidad del Estado est¨¢ por encima de toda discusi¨®n. En esta premisa ha descansado nuestra convivencia en democracia desde el 29 de diciembre de 1978.

Esta es la raz¨®n por la que, jur¨ªdicamente, la ruptura de la unidad pol¨ªtica del Estado mediante la secesi¨®n de una nacionalidad o regi¨®n y su constituci¨®n en Estado independiente no puede ser abordada en t¨¦rminos constitucionales. No puede serlo, en mi opini¨®n, ni siquiera mediante la ¡°revisi¨®n total¡± prevista en el art¨ªculo 168 CE, pues la revisi¨®n total es un procedimiento de reforma y no de destrucci¨®n de la Constituci¨®n, que es lo que ocurrir¨ªa con la secesi¨®n.

Quiere decirse, pues, que la independencia de Catalu?a no puede ser planteada como un problema constitucional, porque no hay respuesta constitucional para el mismo. El Estado espa?ol sin Catalu?a no ser¨ªa el Estado de la Constituci¨®n de 1978. No ser¨ªa siquiera el Estado espa?ol desde el momento en que sus fronteras han sido reconocidas internacionalmente como tales, es decir, desde hace m¨¢s de 500 a?os.

Pero el hecho de que la independencia no pueda ser planteada como un problema constitucional, no quiere decir que no est¨¦ planteada como un problema pol¨ªtico. Desde el verano de 2010 en Catalu?a se viene haciendo visible una voluntad independentista. Se refleja en los estudios de opini¨®n, en el ejercicio del derecho de manifestaci¨®n, en libros y opiniones expresadas en los diversos medios de comunicaci¨®n y, ¨²ltimamente, en declaraciones y resoluciones parlamentarias.

En lo que llevamos de 2013, el Parlament ha aprobado una ¡°Declaraci¨®n de Soberan¨ªa y del Derecho a Decidir del pueblo de Catalu?a¡±, el 23 de enero, y una resoluci¨®n, el 13 de marzo, instando al Gobierno de la Generalitat a pactar con el Gobierno de la Naci¨®n la celebraci¨®n de una consulta en la que los catalanes decidan su futuro. La declaraci¨®n fue aprobada con 85 votos a favor y 41 en contra. La resoluci¨®n ha sido aprobada con 104 a favor y 27 en contra.

En la reclamaci¨®n de la consulta pactada se ha reconstituido la mayor¨ªa de casi el 80% que aprob¨® la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa, que despu¨¦s la pact¨® con las Cortes Generales y que finalmente la aprob¨® en refer¨¦ndum, aunque acab¨® naufragando en el Tribunal Constitucional . Esa mayor¨ªa social y pol¨ªtica no ha desaparecido, a pesar de la derrota. Sigue estando ah¨ª. Con una diferencia importante. Entonces la Constituci¨®n era aceptada como marco para la integraci¨®n de Catalu?a en el Estado y ahora, no.

En estas estamos. La independencia de Catalu?a no deber¨ªa haberse planteado nunca, justamente porque no tenemos una respuesta constitucional para la misma. Deber¨ªa haberse hecho lo posible para que nunca entrara en el debate pol¨ªtico. Pero ocurri¨® lo contrario. Por eso estamos donde estamos. Si alguien pens¨® que con la sentencia del Tribunal Constitucional el problema estaba resuelto, estar¨¢ comprobando hasta qu¨¦ punto se equivoc¨®.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy no parece dispuesto a aceptar la existencia del problema. Puesto que la Constituci¨®n no permite que el problema pueda ser planteado, no se puede aceptar que el problema exista y en el caso de que se insista en ponerlo encima de la mesa, para eso est¨¢ el Tribunal Constitucional. A esto se ha reducido hasta el momento la posici¨®n del Gobierno. No a todo y, en ¨²ltimo t¨¦rmino, que hable el Tribunal Constitucional.

De ah¨ª la impugnaci¨®n de la Declaraci¨®n Soberanista aprobada en enero por el Parlament ante el Tribunal Constitucional, tras haber recabado la opini¨®n del Consejo de Estado. A la declaraci¨®n de que Catalu?a es sujeto soberano se va a responder con las contradeclaraciones de que no lo es, porque la Constituci¨®n no lo permite, del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional . Problema resuelto.

?Hasta cu¨¢ndo se puede seguir con este proceder? Me temo que nos estamos aproximando a un punto desde el que no va a ser f¨¢cil el retorno.