La clave: ?d¨®nde est¨¢ el dinero?
La Consejer¨ªa de Empleo daba ayudas de forma opaca y discrecional
Tras las sucesivas crisis industriales de mediados de los a?os noventa (Astilleros, Santana, Puleva...) que dejaron a miles de trabajadores en la calle y fueron uno de los factores que hicieron tambalear entonces la hegemon¨ªa del PSOE en Andaluc¨ªa, el Gobierno de Manuel Chaves puso en marcha el llamado fondo de los ERE. Esta partida nace en 2001 con el fin de garantizar la paz social en la comunidad y permitir a la Administraci¨®n auton¨®mica actuar de forma r¨¢pida, dinero en mano, ante conflictos laborales.
La Consejer¨ªa de Empleo decidi¨® utilizar un procedimiento administrativo (la transferencia de financiaci¨®n) que proporciona esa celeridad, s¨ª, pero a costa de introducir opacidad, discrecionalidad y nepotismo en el uso del dinero p¨²blico. En definitiva, se busc¨® un atajo para pagar los ERE y se acab¨® inoculando el virus de la corrupci¨®n, que sobrevivi¨® ?una d¨¦cada! en Empleo sin que nadie lo remediase.
Es verdad que Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y principal implicado en el caso, hizo y deshizo a su antojo en sus nueve a?os como alto cargo, pero con el consentimiento o la pasividad de los dos consejeros que tuvo en su etapa: Jos¨¦ Antonio Viera (diputado del PSOE en el Congreso, que est¨¢ en el punto de mira de las pesquisas judiciales) y Antonio Fern¨¢ndez, en libertad bajo fianza.
El procedimiento de Empleo para dar las ayudas era opaco y discrecional
Las cifras del fondo de los ERE apabullan. Hasta el momento, la Junta ha desembolsado 721 millones de euros, pero cuando acaben los compromisos adquiridos, habr¨¢ pagado 1.217 millones.
Y de la misma manera que se trata de un caso de corrupci¨®n que repugna, es incierta la brocha gorda que sostiene que se han ¡°robado¡± m¨¢s de 1.000 millones de euros de los parados andaluces, como demuestran los datos que se conocen de la investigaci¨®n judicial, que tiene estos cuatro pilares:
1. Los intrusos. Personas que percibieron una prejubilaci¨®n por una empresa en la que nunca trabajaron. Se han detectado 126 casos de un total de m¨¢s de 6.000 trabajadores que accedieron legalmente a la prejubilaci¨®n. El fraude en este punto asciende a 12,3 millones de euros.
2. Las ayudas directas a empresas sin ning¨²n tipo de control ni justificaci¨®n. Buena parte de este dinero se concentr¨® en la Sierra Norte de Sevilla, de donde es Guerrero. La C¨¢mara de Cuentas cifr¨® en 73 millones de euros el dinero que Empleo dio indebidamente a los empresarios beneficiados, entre ellos varios exconcejales del PSOE.
3. Las comisiones abusivas que se cobraron por tramitar los ERE y de las que se han lucrado consultoras, intermediarios o bufetes de abogados. La Guardia Civil ha estimado que el dinero desviado en sobrecomisiones asciende a 50 millones de euros.
4. Los informes de la Intervenci¨®n de la Junta que, desde 2005, alertaron de que la Consejer¨ªa de Empleo prescind¨ªa ¡°de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley¡± al pagar los ERE mediante la transferencia de financiaci¨®n. Esta es la parte m¨¢s delicada para el presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, que era consejero de Econom¨ªa y Hacienda cuando la Intervenci¨®n elabor¨® los documentos. El presidente andaluz siempre ha argumentado que desconoc¨ªa estos informes y la actual titular de Hacienda, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, entonces viceconsejera, asumi¨® p¨²blicamente que no hab¨ªa comunicado las advertencias a Gri?¨¢n. Adem¨¢s, este ha recalcado que la Intervenci¨®n nunca hizo el llamado ¡°informe de actuaci¨®n¡±, que es el que habr¨ªa alertado del menoscabo de fondos p¨²blicos y que s¨ª le habr¨ªa llegado directamente a ¨¦l. Esta explicaci¨®n levant¨® las iras del exinterventor general, Manuel G¨®mez, quien replic¨® que ya entonces hab¨ªa motivos suficientes para que saltasen las alarmas.
La juez Alaya tambi¨¦n ha investigado las modificaciones presupuestarias para aumentar el fondo de los ERE que Gri?¨¢n aprob¨® como consejero. Estas modificaciones, que llevaban el visto bueno del interventor, son habituales en la Administraci¨®n y, en cualquier caso, no implicar¨ªan el conocimiento del inmenso fraude que se realizaba en Empleo.
Tras meses de empe?o, parece que Alaya ha ralentizado esta v¨ªa de investigaci¨®n y se ha centrado en la clave: ?D¨®nde est¨¢ el dinero defraudado de los ERE?
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