El PP no admite la daci¨®n en pago de la casa pero rebaja la deuda y el plazo

La presi¨®n de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, declarando abusiva la ley hipotecaria, recorre las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y al decreto del Gobierno sobre hipotecas y desahucios. No sigue la letra de la iniciativa, ya que no recoge la daci¨®n en pago, pero flexibiliza los criterios de pago con rebajas sustanciales (quitas de entre el 35% y 20% de la deuda que quede pendiente) y el plazo para pagarlas. As¨ª, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, art¨ªculo 579, se a?aden nuevos p¨¢rrafos sobre la entrega o daci¨®n de la casa al no poder pagar la deuda.

¡°El ejecutado quedar¨¢ liberado si paga, en el plazo de cinco a?os, el 65% de la cantidad que quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el inter¨¦s legal del dinero hasta el momento del pago¡±. Y otra posibilidad: ¡°Quedar¨¢ liberado en los mismos t¨¦rminos si no pudiendo satisfacer lo anterior, satisficiera el 80% dentro de los 10 a?os¡±.

La enmienda quiere decir que la casa por la que se tiene la hipoteca puede ser desalojada y subastada. Si despu¨¦s de perder la vivienda, la deuda hipotecaria es, por ejemplo, de 100.000 euros y el dinero obtenido por la subasta del piso es 90.000 euros, el deudor tendr¨¢ que pagar el 65% de los 10.000 euros que restan (es decir, 6.500 euros) m¨¢s los intereses legales del dinero en cinco a?os o el 80% (8.000 euros m¨¢s los mismos intereses) en 10 a?os. Y solo as¨ª quedar¨¢ saldada y extinguida la deuda con el banco. Eso, obviamente, no es la daci¨®n en pago que reclama la PAH.

Las enmiendas introducidas por el PP no incluyen la retroactividad de la daci¨®n en pago, como pretend¨ªan los colectivos de afectados por la hipotecas. Es decir, que los miles de personas que hayan perdido su vivienda hasta la aprobaci¨®n de esta ley no se ver¨¢n beneficiadas por su nueva redacci¨®n y tendr¨¢n que seguir haciendo frente a la deuda contra¨ªda.

Estas condiciones se extienden igualmente a los avalistas y el banco no reclamar¨¢ hasta que no se hayan producido tres impagos, que no tienen que ser consecutivos. La paralizaci¨®n de los desahucios y alquiler social se conseguir¨¢ cuando se trate del domicilio habitual del ejecutado y cuando el impago del pr¨¦stamo sea debido a motivos ajenos a su voluntad. Esta paralizaci¨®n ser¨¢ para aquellas familias cuyos ingresos no superen tres veces el Indicador P¨²blico de Renta de Efectos M¨²ltiples (IPREM), fijado en 2013 en 532,51 euros mensuales. Dicho l¨ªmite ser¨¢ de cuatro veces el IPREM cuando se trate de familias con especial vulnerabilidad, especialmente con presencia de discapacitados.

La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia contempla que un juez pueda paralizar una ejecuci¨®n de desahucio si aprecia que ha habido cl¨¢usulas abusivas. Podr¨ªa no paralizarla pero s¨ª tenerla en cuenta para fijar la deuda pendiente y descontar de la misma los intereses de demora.

La subasta del piso se detendr¨¢ si el deudor acredita haber ido al juez para denunciar cl¨¢usulas hipotecarias abusivas; tambi¨¦n un notario puede mandar esa paralizaci¨®n. Se encomienda al Gobierno la constituci¨®n de un fondo social de viviendas de propiedad de los bancos para las personas desalojadas de su vivienda habitual por impago, con alquileres ¡°asumibles en funci¨®n de los ingresos que perciban¡±. El resto de los grupos ha aceptado la ILP aunque el PSOE e Izquierda Plural han presentado otras enmiendas complementarias.