Mengua el fuerte apoyo inicial a los escraches, seg¨²n Metroscopia

Los escraches o protestas ciudadanas en los domicilios de los pol¨ªticos tienen mala prensa y son descalificados con gruesas palabras por los principales partidos, pero mantienen un notable nivel de apoyo entre los ciudadanos. Hasta un 78% de los espa?oles est¨¢ de acuerdo con la campa?a impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, seg¨²n un sondeo de Metroscopia para EL PA?S.

Hace casi un mes, una encuesta similar situaba el apoyo en el 89%, 11 puntos m¨¢s. Entonces la plataforma antidesahucios solo hab¨ªa anunciado la campa?a como m¨¦todo de presi¨®n y la propia palabra que los define no era de uso com¨²n. El primer escrache lo realiz¨® un grupo de activistas el pasado 13 de marzo en Barcelona, ante la casa de la diputada del PP Mar¨ªa de los ?ngeles Esteller. Luego seguir¨ªan otros diputados: los ministros Jorge Fern¨¢ndez y Alberto Ruiz-Gallard¨®n, Jorge Moragas o Esteban Gonz¨¢lez Pons.

En este periodo se han sucedido las muestras de rechazo, especialmente del Gobierno y del PP, que han identificado los escraches nada menos que con los nazis que asesinaron a millones de personas o con el acoso de ETA a centenares de espa?oles en los ¨²ltimos a?os.

A pesar de esa identificaci¨®n y de la preocupaci¨®n que el Ejecutivo traslada a cada momento, los ciudadanos entienden mayoritariamente que son admisibles las protestas, siempre que se hagan de forma pac¨ªfica. Un 68% de votantes del PP justifica los escraches, pese a que los dirigentes de este partido son su objetivo. En realidad, el voto de esos diputados estar¨¢ marcado por la indicaci¨®n y la disciplina de su grupo parlamentario. Ellos ni siquiera conocen el contenido actual del texto que han de aprobar.

El mismo porcentaje de ciudadanos considera que este tipo de protestas son un derecho amparado por la libertad de expresi¨®n y solo un 18% entiende que puedan ser un delito.

El contexto de esa opini¨®n mayoritaria es de rechazo a la actuaci¨®n de las entidades financieras durante la crisis y de desconfianza y cr¨ªtica a las medidas que puedan adoptar las instituciones y los partidos pol¨ªticos. La iniciativa naci¨® para presionar a los diputados que previsiblemente rechazar¨¢n durante la votaci¨®n en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular que, amparada por un mill¨®n y medio de firmas, present¨® en la C¨¢mara la plataforma antidesahucios.

El Gobierno acept¨® tramitar la iniciativa por la presi¨®n de la calle, pero con el tiempo ha encontrado la forma de reducir al m¨ªnimo su contenido y llevarlo a v¨ªa muerta en el Congreso, centrando el debate pol¨ªtico en las protestas. De hecho, un 59% de los encuestados entiende que se corre el riesgo de que los escraches oculten que existe un procedimiento hipotecario injusto.

La pol¨¦mica sobre c¨®mo deben ser las protestas ciudadanas no es nueva. Ya fue objeto de controversia en 2003 la presi¨®n individual sobre diputados del PP para que rompieran la disciplina de voto en las mociones sobre la Guerra de Irak. En las manifestaciones de entonces se exhibieron carteles con los nombres de cada uno de los parlamentarios populares y ese acoso revent¨® los actos p¨²blicos del PP. Aquel a?o, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, entonces presidente del Gobierno, tuvo dificultades para participar en la campa?a electoral de las municipales y auton¨®micas por el "No a la guerra".

Ahora, igual que entonces, el eco que el PP le da a su rechazo a las protestas tiene un efecto imitaci¨®n que las amplifica. Y provoca la misma preocupaci¨®n en el Gobierno actual, que busca f¨®rmulas para proteger a los objetivos de las protestas, al tiempo que ha rectificado su posici¨®n de hace un a?o sobre los desahucios. Ya antes, el Ejecutivo lleg¨® a anunciar que limitar¨ªa las manifestaciones, o las huelgas, porque paralizaban ciudades como Madrid.

El Gobierno de Rajoy aprob¨® hace un a?o un c¨®digo de libre adhesi¨®n para que los bancos limitaran los lanzamientos por desahucios y, solo por la presi¨®n de la calle, aprob¨® primero un decreto y ahora tramita una ley que llega mucho m¨¢s lejos que su propuesta inicial.

En esa norma debe tambi¨¦n incluir las exigencias del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que entendi¨® como injusto el sistema hipotecario espa?ol por la imposibilidad de frenar los desahucios por orden judicial cuando ha habido cl¨¢usulas abusivas en el contrato.

A pesar de esa progresiva rectificaci¨®n del Gobierno, los ciudadanos preguntados por Metroscopia mantienen su desconfianza sobre el resultado final de la reforma legislativa: un 65% de los encuestados asegura que se terminar¨¢ aprobando un sistema m¨¢s favorable para los bancos que para los deudores.

El 90% entiende que es necesario reformar el sistema hipotecario para proteger el deudor, aunque no se recojan todas las propuestas de la Iniciativa Legislativa popular que, b¨¢sicamente, propone la llamada daci¨®n en pago y la paralizaci¨®n de los desalojos. El 93% asegura que debe establecerse de forma clara un procedimiento para que los tribunales puedan anular las cl¨¢usulas abusivas de los contratos de hipotecas. Y el 94% exige que el Banco de Espa?a vigile que las hipotecas no incluyan esas cl¨¢usulas abusivas.