Interior decidir¨¢ en cada caso el per¨ªmetro de seguridad de los escraches
El secretario de Estado de Seguridad pretende as¨ª proteger los derechos de ambas partes La Defensora del Pueblo solicita que se ampl¨ªen las facultades de los jueces en los desalojos
El Ministerio del Interior establecer¨¢ en cada caso, en funci¨®n de las necesidades y las caracter¨ªsticas del lugar, el per¨ªmetro de seguridad de las viviendas de los diputados o dirigentes pol¨ªticos frente a los escraches. El titular de ese departamento, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, ha asegurado que esa distancia no tiene por qu¨¦ ser de 300 metros y que no se ha dado a la polic¨ªa ninguna instrucci¨®n en ese sentido. "No se ha adoptado ninguna medida de distancia de seguridad de 300 metros. Yo eso como ministro lo desmiento", ha se?alado Fern¨¢ndez en los pasillos del Congreso. Interior aplicar¨¢, por tanto, "flexibilidad y proporcionalidad". "No tiene ning¨²n sentido, es absurdo" fijar a priori esa distancia, ha insistido el ministro.
Las palabras de Fern¨¢ndez matizan las del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez, que esta ma?ana hab¨ªa hablado de dar instrucciones "claras" a la polic¨ªa para que, como norma general, proh¨ªba la celebraci¨®n de escraches a menos de 300 metros de los domicilios de los pol¨ªticos. El objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos de ambas partes.
En declaraciones a los medios tras inaugurar la primera convenci¨®n de mandos de la polic¨ªa, el secretario de Estado de Seguridad ha asegurado que se est¨¢ trabajando "con el mismo criterio" que ha adoptado la Ertzaintza recientemente y que fija este l¨ªmite especial.
Ignacio Cosid¨®, director de la polic¨ªa, ha dejado claro que los agentes actuar¨¢n con "proporcionalidad" y "equilibrio". Adem¨¢s, ha calificado de "error" que se dimensione este fen¨®meno y su gravedad, que es "muy limitada". No obstante, ha se?alado que los actos violentos y la coacci¨®n son inaceptables: "Hay actitudes de acoso e insulto, de agresiones verbales o f¨ªsicas que son pr¨¢cticas totalitarias y que requieren no solo la actuaci¨®n de la polic¨ªa, sino tambi¨¦n una condena expresa de todos los que creemos en la democracia".
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, tambi¨¦n ha hablado sobre los desahucios esta ma?ana. Ha pedido que se aumenten las facultades de los jueces en la materia, de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, que abre la puerta a que los magistrados puedan parar estos procedimientos en determinadas circunstancias.
Becerril ha planteado esta propuesta durante su comparecencia en el pleno del Senado, donde ha presentado una actualizaci¨®n del informe monogr¨¢fico sobre la crisis y los deudores hipotecarios elaborado en enero de 2012. All¨ª ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda de la regulaci¨®n de la situaci¨®n de los deudores hipotecarios. La defensora ha propuesto dos tipos de medidas: paliativas y preventivas.
La defensora ha abogado por que se dote al juez de mayor capacidad para que exista "una mayor flexibilidad a la hora de facilitar acuerdos entre acreedores y deudores" que permita una "segunda oportunidad" a la hora de poder pagar las deudas. As¨ª, ha recordado que hay familias a las que la crisis econ¨®mica les ha llevado a la imposibilidad de "devolver los pr¨¦stamos a las entidades financieras y se quedan sin vivienda".
Becerril ha propuesto establecer un acto previo de conciliaci¨®n en el que el juez tenga la potestad de imponer un acuerdo razonable, limitar los "abusivos intereses de demora", aplicar la daci¨®n en pago "solo en algunas circunstancias" y elaborar el concepto jur¨ªdico de "deudor de buena fe".
Tambi¨¦n ha insistido en otras medidas, como la creaci¨®n de un procedimiento para las situaciones de insolvencia personal y familiar para que se pueda conservar la vivienda y encontrar "una v¨ªa de salida reduciendo y alargando las obligaciones de pago".
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