El Gobierno sanciona por escrache a 18 personas, entre ellas a Verstrynge

La Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid tiene previsto sancionar a 18 personas acusadas de haber participado en un escrache (protesta domiciliaria), en los alrededores de la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa. Los multados fueron identificados por la polic¨ªa, que dio traslado de los hechos a la Delegaci¨®n del Gobierno por si esas personas eran merecedoras de un castigo administrativo.

El exdirigente de AP

La vicepresidenta del Gobierno sufri¨® el pasado d¨ªa 5 un escrache a las puertas de su casa, en la colonia madrile?a de Fuente del Berro. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hab¨ªa convocado en la plaza de Manuel Becerra de Madrid a activistas, afectados y periodistas al pol¨¦mico modelo de protesta. Entre 200 y 300 personas participaron en la concentraci¨®n, mientras dentro del chal¨¦ de la vicepresidenta estaban ella, su esposo y su hijo.

Los agentes pidieron el DNI a algunas personas por ¡°concentraci¨®n no autorizada¡± por no haber sido comunicada con anterioridad. Uno de los identificados fue Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular (AP) entre 1979 y 1986, hoy militante socialista y marido de una activista de la PAH, que dijo que ¨¦l entender¨ªa que le montaran un escrache ¡°si lo hubiera hecho mal¡±.

El jefe superior de Polic¨ªa de Madrid, Alfonso Jos¨¦ Fern¨¢ndez D¨ªez, inform¨® ayer de que los agentes a sus ¨®rdenes identificaron a los participantes en esa protesta en cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Corcuera. Quienes han intervenido en esas actividades ¡°han sido identificados y denunciados en virtud de la ley 1/92 [de Seguridad Ciudadana] y se ha dado cuenta de ello al Ministerio Fiscal y a las autoridades judiciales¡±, seg¨²n el comisario Alfonso Jos¨¦ Fern¨¢ndez.

Si los participantes en el hostigamiento a las viviendas de pol¨ªticos no han incurrido en delitos contemplados en el C¨®digo Penal, la Delegaci¨®n del Gobierno tiene potestad para aplicarles sanciones administrativas: bien por manifestarse en la v¨ªa p¨²blica sin haberlo comunicado previamente o bien por haber incurrido, por ejemplo, en desobediencia a la autoridad o causar des¨®rdenes.

La polic¨ªa ha dado traslado de m¨¢s de 30 expedientes a la Delegaci¨®n del Gobierno para que sean estudiados por el equipo t¨¦cnico de su titular, Cristina Cifuentes, la cual firmar¨¢ y comunicar¨¢ posteriormente la sanci¨®n a los denunciados. Entre estos se halla el profesor Verstrynge, al que se le imputa haber sido uno de los organizadores del escrache en las proximidades del domicilio madrile?o de la vicepresidenta.

De las 30 personas que fueron identificadas en ese escrache, la Delegaci¨®n del Gobierno considera que 12 no cometieron una infracci¨®n sancionable. Pero s¨ª lo hicieron las 18 restantes: tres en calidad de organizadores y otras 15 por falta leve y que ser¨¢n multadas con 300 euros.

La Delegaci¨®n del Gobierno pondr¨¢ multas entre 300 y 1.500euros

Verstrynge, al que la polic¨ªa considera ¡°organizador¡± de ese acto, podr¨ªa ser sancionado con una multa que oscila entre 300 y 6.000 euros, igual que otras dos personas que tambi¨¦n han sido expedientadas como presuntas organizadoras de la protesta. Sin embargo, la multa quedar¨¢ finalmente en torno a 1.500 euros.

Durante el escrache, Verstrynge advirti¨® que los pol¨ªticos se ¡°atengan a las consecuencias¡± y agreg¨®: ¡°A m¨ª, Soraya (S¨¢enz de Santamar¨ªa) no me cae mal. Esa no es la cuesti¨®n. La cuesti¨®n es que hay una iniciativa legislativa popular y los pol¨ªticos tienen que escuchar a la gente; si no escuchan y la tratan como a perros, acaban mordiendo¡±. M¨¢s de una docena de diputados del PP han sufrido escraches en sus casas.

La polic¨ªa tambi¨¦n est¨¢ tramitando expedientes contra un n¨²mero de personas, que las fuentes no han concretado, por hacer escrache contra la diputada Bel¨¦n Bajo, contra la sede del PP en la calle de G¨¦nova de Madrid y otra acci¨®n similar celebrada ayer.

Lo probable es que la sanci¨®n media a los considerados como organizadores de estas concentraciones ronde en torno a los 1.500 euros, mientras que quienes simplemente sean acusados de participar en ellas recibir¨¢n de la Delegaci¨®n del Gobierno una sanci¨®n estimada en 200 euros.