El autoescrache

Escrachar: retratar, escribir, anotar.

(¡°El idioma del delito¡±, Antonio Dellepiane, Buenos Aires, 1894)

Esta vez, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no ha tenido escapatoria. Al informar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de que esa fiscal¨ªa deb¨ªa acusar al que fuera jefe superior de Polic¨ªa del Pa¨ªs Vasco, comisario Enrique Pami¨¦s, y al inspector de la Brigada de Informaci¨®n de Vitoria, Jos¨¦ Mar¨ªa Ballesteros, por colaboraci¨®n con banda armada (es decir con ETA), se encontr¨® con una clara negativa.

Durante todo el procedimiento del llamado caso Fais¨¢n, que dura alrededor de cinco a?os, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional sostuvo que el ¨²nico delito pod¨ªa ser el de revelaci¨®n de secretos. Aunque sus argumentos son de naturaleza jur¨ªdica sobre los ingredientes del tipo delictivo, lo que ha venido a sostener estos a?os es que consideraba completamente fuera de lugar acusar de colaborar con ETA a uno de los hombres que quiz¨¢ haya contribuido m¨¢s a su derrota.

Para el Partido Popular, el caso Fais¨¢n fue siempre un caso contra el PSOE, como un segundo GAL. En este caso, la nueva equis, el nombre de la persona que estaba detr¨¢s del chivatazo, llevaba el nombre del ministro del Interior que hab¨ªa asumido el cargo poco antes de los hechos ocurridos en el bar de Ir¨²n el 4 de mayo de 2006: Alfredo P¨¦rez Rubalcaba.

Mariano Rajoy fue quien anunci¨® en Bilbao, el 24 de mayo de 2009, en el congreso provincial del PP en Vizcaya, que su partido hab¨ªa decidido personarse en el caso como acusaci¨®n popular. Como era habitual, quien dise?aba la estrategia era el coordinador de justicia y libertades p¨²blicas del PP, Federico Trillo. El juez Baltasar Garz¨®n, tras denegar la petici¨®n de personaci¨®n por un defecto, la acept¨® a finales de noviembre de 2009.

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional no solo mantuvo su posici¨®n en sus escritos. Fue esa misma postura la que llev¨® a la vista de la sala de lo Penal en pleno convocada por el entonces presidente, Javier G¨®mez Berm¨²dez, en septiembre de 2011 para pronunciarse sobre el recurso al auto de procesamiento del juez Pablo Ruz. La sala por unanimidad lo revoc¨® por falta de indicios racionales de criminalidad. El juez reanud¨® la investigaci¨®n y m¨¢s tarde acus¨® a dos polic¨ªas, Pami¨¦s y Ballesteros, y dej¨® fuera al director general de la Polic¨ªa en el momento de los hechos, V¨ªctor Garc¨ªa Hidalgo. Por esta trayectoria de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, y porque as¨ª lo cree jur¨ªdicamente, esta no se pleg¨® a calificar los hechos como colaboraci¨®n con ETA. Para este tipo de desacuerdos, muy inusuales para decir lo menos, est¨¢ previsto el art¨ªculo 25 del estatuto del ministerio fiscal. El fiscal general del Estado ordena por escrito y los fiscales inferiores cumplen. Estos no han considerado ilegal la calificaci¨®n porque Torres-Dulce invoca una reciente y oportuna sentencia del Tribunal Supremo. Si as¨ª lo hubiesen estimado, el art¨ªculo a invocar hubiera sido el n¨²mero 27.

Para el PP, el 'caso Fais¨¢n' fue como un segundo GAL contra el PSOE

Hasta ahora Torres-Dulce hab¨ªa intentado eludir definiciones tan tajantes como esta orden. En el caso del fiscal superior de Catalu?a, Mart¨ªn Rodr¨ªguez Sol, nombrado por Torres-Dulce, desautoriz¨® las diligencias abiertas por aquel contra el diario El Mundo, en los d¨ªas previos a las elecciones del 25 de noviembre pasado. Pero m¨¢s tarde, a ra¨ªz de las declaraciones de Rodr¨ªguez Sol sobre el refer¨¦ndum en Catalu?a tuvo que sacar el hacha. No cort¨® su cabeza violentamente porque Rodr¨ªguez Sol, buen colega y amigo, present¨® su dimisi¨®n.

Otro problema se present¨® en el caso G¨¹rtel-B¨¢rcenas. La Fiscal¨ªa General del Estado inici¨® diligencias sobre los llamados papeles de B¨¢rcenas, la presunta contabilidad manuscrita que llevaba el extesorero nacional del PP, Luis B¨¢rcenas. En el camino, la Fiscal¨ªa inst¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a oponerse a que esos papeles se incorporaran al caso G¨¹rtel, como propon¨ªa la acusaci¨®n popular del partido Socialista de Valencia, que investigaba el juez Ruz. El PP tambi¨¦n se opuso a ello. Solo cuando el juez G¨®mez Berm¨²dez admiti¨® a tr¨¢mite una querella de Izquierda Unida sobre el asunto, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la acusaci¨®n popular del PP cambiaron de opini¨®n y pidieron que se investigara por parte del juez Ruz.

Esta conducta, que supuso un desgaste para el PP, llev¨® a ciertos altos cargos del Gobierno a cuestionar la estrategia de la Fiscal¨ªa. Finalmente, cuando la defensa de B¨¢rcenas urdi¨® el plan para que el extesorero declarara ante los dos jueces ¡ªRuz y G¨®mez Berm¨²dez¡ª el mismo d¨ªa, viernes 22 de marzo de 2013, Torres-Dulce tuvo que apoyar una operaci¨®n, completamente in¨¦dita, para que la secci¨®n segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional prohibiese la declaraci¨®n de B¨¢rcenas ante G¨®mez Berm¨²dez cuando todav¨ªa estaba pendiente dirimir qu¨¦ juez se hac¨ªa cargo de la causa. Precisamente, un factor de ¡°compensaci¨®n¡±, seg¨²n ciertas fuentes judiciales, fue la ambig¨¹edad calculada del fiscal general del Estado en el caso del exministro y diputado Jos¨¦ Blanco. El 14 de febrero, cuando el diario El Mundo adelant¨® que la Fiscal¨ªa, ca¨ªdo el montaje de cohecho por el empresario gallego Jorge Dorribo, iba a acusar a Blanco por tr¨¢fico de influencias, Torres-Dulce acud¨ªa a un pleno del Consejo de Estado. En un di¨¢logo con el expresidente del Senado Juan Jos¨¦ Laborda en la biblioteca del Consejo, antes de comenzar el pleno, Torres-Dulce ante preguntas, explic¨® que los fiscales suelen pedir la acusaci¨®n anticip¨¢ndose a la junta de fiscales de sala. Si esta acepta la acusaci¨®n, eso supone que el fiscal ha ganado un punto. Y si, finalmente, la respuesta es negativa, el fiscal que ha tenido la iniciativa queda bien de todos modos. Pero en esa ocasi¨®n, Torres-Dulce tambi¨¦n habl¨® espont¨¢neamente con el expresidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Seg¨²n le dijo, no cre¨ªa que hubiera materia para acusar a Jos¨¦ Blanco.

El Gobierno careci¨® de informaci¨®n previa sobre la imputaci¨®n de la Infanta

Torres-Dulce no convoc¨® formalmente a la junta de fiscales de sala. En cambio, mantuvo una reuni¨®n antes del 1 de marzo pasado con el entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Jos¨¦ Mart¨ªn Casallo, y cuatro fiscales de la sala de lo Penal: Pilar Fern¨¢ndez Valc¨¢rcel, Antol¨ªn Herrero, Juan Ignacio Campos y Luis Navajas. Fuentes consultadas aseguran que el teniente fiscal se opuso a la acusaci¨®n por falta de m¨¦rito de las pruebas. Los dem¨¢s, dijeron las fuentes, se dividieron entre quienes con mayor o menor entusiasmo apoyaron la acusaci¨®n. Una segunda reuni¨®n posterior, tras la jubilaci¨®n de Mart¨ªn Casallo, que ha pasado a ser fiscal de sala em¨¦rito, volvi¨® sobre el asunto. ¡°Todos estaban m¨¢s pendientes ahora de quien sustituir¨¢ a Mart¨ªn Casallo¡±, explic¨® una fuente. La acusaci¨®n contra Blanco sali¨® adelante. Torres-Dulce, en privado, sostiene que no ve realmente materia para la acusaci¨®n, pero que el fiscal Manuel Dolz, encargado del asunto, se ha empecinado en la misma.

Pero esta ¡°compensaci¨®n¡± ¡ªcaso Blanco por caso B¨¢rcenas¡ª no ha impedido los roces con el Gobierno, que seg¨²n fuentes judiciales, sostiene que la Fiscal¨ªa no cay¨® en la cuenta de que el juez Castro pod¨ªa, finalmente, imputar a la infanta Cristina en el caso N¨®os.

El Gobierno careci¨® de informaci¨®n previa sobre ese posible desenlace y, por tanto, no pudo ilustrar debidamente a la Casa del Rey con cierta antelaci¨®n, como s¨ª hab¨ªa ocurrido con ocasi¨®n de la convocatoria de I?aki Urdangarin como imputado, a finales de 2011, momento en el que se pudo dise?ar una estrategia de comunicaci¨®n por parte del Palacio de la Zarzuela.

El caso Fais¨¢n ha terminado, pues, por colocar a Torres-Dulce ante el espejo de la realidad. Cualquier independencia de la Fiscal¨ªa General del Estado respecto del Gobierno del PP es pura coincidencia. He aqu¨ª un autoescrache en toda regla.