Abogados y trabajadores sociales piden financiaci¨®n para evitar desahucios

El?Consejo General de la Abogac¨ªa y el Consejo de Trabajadores Sociales han presentado hoy al Gobierno sus Oficinas de Intermediaci¨®n Hipotecarias, que atienden a familias en peligro de ser desahuciadas. La reuni¨®n, que han celebrado con Miguel Temboury, subsecretario del ministerio de Econom¨ªa, ha terminado con cierto descontento por parte de abogados y trabajadores sociales. "El Gobierno no acaba de ver el encaje de nuestra propuesta", dice Miquel S¨¤mper, dice el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, pionera en aplicar el proyecto. "Nos ha comentado que no quieren que la intermediaci¨®n sea obligatoria", dice Ana Lima, del Consejo de Trabajadores Sociales. "Y nos ha remitido al Frob (Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria) por si a ellos les interesa nuestra propuesta".

El modelo que han presentado naci¨® hace un a?o y medio, el 9 de enero del a?o pasado, en Terrassa (212.000 habitantes, en la provincia de Barcelona). El detonante de la Oficina de Intermediaci¨®n Hipotecaria, cuenta Miquel S¨¤mper, , fue comprobar que hab¨ªa una familia con dos menores durmiendo en un coche. Desde entonces han comprobado que la suma de abogados (en Terrassa en total hay cuatro) y trabajadores sociales logra reducir entre un 50% y un 68% los desahucios (seg¨²n la zona). El coste, insiste S¨¤mper, es mucho menor en los casos que llevan estas oficinas y que acaban en ¨¦xito. En total, el precio asciende a unos 500 euros por caso, las cuatro horas de trabajo del abogado m¨¢s otras cinco horas del trabajador social. La cifra choca frente al coste de una ejecuci¨®n hipotecaria, unos 7.300 euros que apoquinan entre la banca m¨¢s el coste del sistema judicial.

En el tiempo transcurrido desde que abriera la oficina de Terrassa, se han abierto otras 27 oficinas, algunas en capitales de provincia como Alicante, Almer¨ªa, Castell¨®n, C¨®rdoba, Granada, Ja¨¦n, M¨¢laga, Ourense, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Valencia o Zaragoza. ¡°El objetivo es que se financien de forma p¨²blica las oficinas, que no dependa de la sensibilidad de cada ciudad¡±, insiste Lima. ¡°Estamos buscando fuentes de financiaci¨®n, del Gobierno pero tambi¨¦n de la banca, porque algunos ayuntamientos est¨¢n haciendo recortes y muchos trabajadores sociales temen perder su trabajo mientras estamos viviendo una situaci¨®n de emergencia social¡±.

S¨¤mper es la segunda vez que presenta el proyecto. La primera vez fue dos meses despu¨¦s de abrir la oficina, ¡°pero aquel no era el momento¡±, dice el abogado. ¡°No hab¨ªa una presi¨®n fuerte, como ahora. Creemos que es urgente que el Gobierne institucionalice el sistema de intermediaci¨®n. No se est¨¢ haciendo bien por falta de intenci¨®n pol¨ªtica, excepto en Catalu?a. Ya es hora de que el Gobierno coja el toro por los cuernos y se meta en una acci¨®n pol¨ªtica global¡±. ¡°Nuestro objetivo es que el estado ponga dinero y un marco que sirva de modelo y que se disperse de arriba abajo¡±, dec¨ªa Ana Lima antes del encuentro.