Gri?¨¢n plantea condonar la deuda a las pymes cuando liquiden sus bienes

A¨²n no hay una propuesta cerrada, pero desde Andaluc¨ªa se pretende proteger al llamado deudor vulnerable; es decir, a personas o pymes y aut¨®nomos que, en cumplimiento de sus obligaciones de pago, se vean en riesgo de exclusi¨®n social o no puedan reanudar su actividad profesional. En el caso de las peque?as y medianas empresas lo que se pretende es que estas vean saldada su deuda cuando embarguen sus bienes, aunque estos no cubran el total del pasivo.

La propuesta la lanz¨® el jueves pasado, en una conferencia en Alicante, el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, el socialista Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, quien plante¨® elevar el m¨ªnimo inembargable a los deudores. El tambi¨¦n presidente del PSOE est¨¢ convencido de que para combatir la desigualdad no bastan medidas asistenciales y que son necesarias nuevas f¨®rmulas de actuaci¨®n en el derecho privado.

La iniciativa a¨²n est¨¢ en fase de estudio y todav¨ªa no hay detalles concretos, pero en ella est¨¢ trabajando un equipo de la Universidad de Sevilla, dirigido por el catedr¨¢tico de Derecho Civil y expresidente del Parlamento andaluz, ?ngel L¨®pez. ?l debe perfilar si la comunidad tiene competencias para aplicar alguna de estas reformas; algo que, en principio, parece muy improbable, seg¨²n fuentes de la Junta.

La propuesta act¨²a en tres campos. Por un lado, se tratar¨ªa de ¡°garantizar una renta vital digna¡± a aquellos ciudadanos sometidos a un proceso de embargo, ¡°mediante la elevaci¨®n del m¨ªnimo inembargable¡±, se?al¨® Gri?¨¢n. Este m¨ªnimo lo fija el salario m¨ªnimo profesional, estipulado en 645,30 euros mensuales. En el caso de las ejecuciones hipotecarias, el suelo es de 961 euros.

Para las peque?as y medianas empresas y aut¨®nomos, Gri?¨¢n persigue que se les permita que ¡°en una situaci¨®n de imposibilidad para hacer frente a sus deudas, una vez ejecutado y liquidado el patrimonio embargable, las deudas queden extinguidas y la actividad profesional o empresarial pueda continuar desde cero¡±. Se tratar¨ªa de establecer una especie de punto final a este tipo de deudor, aunque no haya podido saldar toda la carga contra¨ªda. Esta medida, sostiene el presidente andaluz, redundar¨ªa en beneficio de la econom¨ªa, como ocurre, asegura, en Estados Unidos.

La tercera pata de la propuesta afectar¨ªa a los trabajadores de empresas en concurso de acreedores. Gri?¨¢n quiere que la ley concursal obligue a que el pago de salarios atrasados o de indemnizaciones por despido tengan ¡°prioridad absoluta o al menos una enorme preferencia¡± para la empresa a la hora de saldar la deuda contra¨ªda.

Estas propuestas escapan de la legislaci¨®n auton¨®mica y deber¨¢ ser el Congreso el que, llegado el caso, afronte un cambio normativo muy complejo y extenso en derecho mercantil, civil y laboral. Aunque habr¨¢ casos, todav¨ªa sin precisar, en que la comunidad pueda firmar acuerdos con asociaciones para proteger al consumidor de cl¨¢usulas consideradas abusivas de determinados productos financieros, la idea es que este debate llegue a las Cortes. Lo que s¨ª quiere Gri?¨¢n es que el sello de Andaluc¨ªa quede registrado como promotor de la iniciativa. El Gobierno aut¨®nomo va a plantear que sea el Parlamento andaluz el que remita a la Mesa del Congreso de los Diputados estas reformas legislativas, a trav¨¦s de una proposici¨®n de ley aprobada en la C¨¢mara andaluza. Esta v¨ªa ya se utiliz¨® para reclamar la delegaci¨®n de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren ¨ªntegramente por Andaluc¨ªa.