El PSOE lleva el caso de las preferentes a la fiscal¨ªa del Estado, no a los tribunales

En las reuniones del plenario del Grupo Parlamentario Socialista se hab¨ªa constatado la inquietud de muchos diputados ante la posibilidad de que el PSOE no llevara a los tribunales la presunta estafa de la comercializaci¨®n de preferentes. El debate ha concluido con la decisi¨®n de llevar el asunto al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con documentaci¨®n suficiente para avalar que abra una investigaci¨®n. As¨ª no ir¨¢n a los tribunales, de momento, como han hecho UPyD e Izquierda Plural, sino a la fiscal¨ªa. ¡°La disyuntiva era entre la opci¨®n de la fiscal¨ªa o disparar contra todos los consejos de administraci¨®n, cuando no todos lo han hecho mal¡±, explica un miembro de la direcci¨®n socialista.

La decisi¨®n se tom¨® en la reuni¨®n de la Comisi¨®n Ejecutiva Federal del PSOE y anunciada por la portavoz en el Congreso, Soraya Rodr¨ªguez. El propio secretario general del PSOE, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, abri¨® el debate en la reuni¨®n de la ejecutiva y pidi¨® opiniones sobre las diferentes v¨ªas. Gan¨® la v¨ªa de acudir al fiscal general y no denunciar a personas concretas, como han hecho otros partidos ante la Audiencia Nacional con los responsables de los ¨®rganos reguladores nacionales y los de las entidades financieras concretas que han comercializado ese producto.

Ante la fiscal¨ªa se denuncia ¡°la estafa estructural¡± que ha supuesto esa comercializaci¨®n y nadie mejor que la Fiscal¨ªa para abrir una ¡°investigaci¨®n general¡±, seg¨²n ha opinado la portavoz socialista. Se acompa?an los informes esclarecedores de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y sentencias que han dictado diferentes juzgados, fruto de denuncias particulares para que el fiscal interprete si valora que ha existido un ¡°enga?o estructural¡± a muchos ciudadanos que no fueron bien informados, cuando no ¡°enga?ados¡±, del producto que estaban adquiriendo.

Las denuncias, tanto en la Audiencia Nacional, caso de UPyD e IU, como en la fiscal¨ªa, no son ajenas a la insatisfacci¨®n que ha producido en la oposici¨®n la soluci¨®n que ha dado el Gobierno con su decreto ley, aprobado la semana pasada, por el que se establece un arbitraje. En ese pleno se produjo una situaci¨®n de alta tensi¨®n cuando un grupo de afectados por la adquisici¨®n de preferentes grit¨® que quer¨ªa su dinero y no un porcentaje del mismo convertido en acciones. Sin dilaci¨®n la diputada de UPyD Irene Lozano anunci¨® muy airada que no quedaba otro camino que el de los tribunales.

Desde las entidades financieras se anima a los ciudadanos a que acudan al arbitraje aprobado por el Gobierno aunque de momento la previsi¨®n en los tribunales es que llegue un aluvi¨®n de demandas individuales. As¨ª, el juez decano de Vigo ha informado del acuerdo adoptado por los jueces de la ciudad para pedir refuerzos porque esperan una avalancha de demandas. S¨ª as¨ª se confirma y los afectados van mayoritariamente a los tribunales, la oposici¨®n se reafirmar¨ªa en su creencia de que la soluci¨®n no es la adecuada, como se puso de manifiesto en la votaci¨®n contraria al decreto. Solo CiU y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano apoyaron al PP.

Seg¨²n ese decreto, los afectados pueden canjear sus preferentes por acciones pero con quitas importantes y, despu¨¦s, acudir al Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos para recibir a precio de mercado sus t¨ªtulos. Adem¨¢s, quienes puedan demostrar que fueron v¨ªctimas de un enga?o podr¨¢n acudir al arbitraje y recuperar toda su inversi¨®n. Los jueces intuyen, no obstante, que muchos acudir¨¢n a ellos en vez de al arbitraje aprobado por el Gobierno. La oposici¨®n seguir¨¢ con la presentaci¨®n de iniciativas parlamentarias para que el Ejecutivo reconsidere ese decreto.