¡°Me identifico con que desaparezca el supuesto de aborto por malformaci¨®n¡±

Dice que, si tuviera que renunciar a un proyecto de ley en el que creyera, dimitir¨ªa. Dice que, por tanto, la ley del aborto que prepara es tan suya como del PP. Y dice que no ser¨¢ un retroceso de 30 a?os, sino ¡°la ley m¨¢s avanzada¡± que ha tenido Espa?a. Alberto Ruiz-Gallard¨®n (Madrid, 1958), ministro de Justicia, no parece preocupado por la controversia que esa reforma legislativa pueda provocar. Tampoco se atreve a vaticinar que la ley reducir¨¢ el n¨²mero de abortos; sostiene que la ha impulsado por otras razones: ¡°¨¦ticas y constitucionales¡±.

Pregunta. Con la ley del aborto que prepara, ?las mujeres que hoy abortan en Espa?a podr¨ªan seguir haci¨¦ndolo o tendr¨ªan que irse al extranjero?

Respuesta. Podr¨ªan seguir haci¨¦ndolo siempre que se adec¨²en a los supuestos de la ley, igual que con la ley de 1985 [del PSOE].

P. ?Ser¨¢ como la ley de 1985?

R. La filosof¨ªa es la misma: la aplicaci¨®n de la doctrina del Tribunal Constitucional: un sistema de indicaciones, de supuestos. Se reconoce la protecci¨®n de los derechos de la mujer y del no nacido. Y cuando el conflicto entre ambos surge, se resuelve en los casos que determine el legislador.

P. ?Qu¨¦ diferencia habr¨¢ entre su ley y la de 1985?

R. Regularemos algunas... malas aplicaciones, dir¨ªa yo, de aquella ley. No es una modificaci¨®n sustancial, sino corregir defectos de aplicaci¨®n. E incorporaremos, eso s¨ª, el mandato de la ONU para la no discriminaci¨®n de las personas con discapacidad.

P. Ha dicho que el da?o para la madre deber¨¢ ¡°acreditarse¡±. Ahora ya tiene que acreditarse [desde la semana 14?] y con la ley de 1985 tambi¨¦n. ?Cu¨¢l ser¨¢ la diferencia?

R. Estableceremos un sistema que garantice el cumplimiento de lo que estableci¨® la ley de 1985. Cuando presentemos la ley entraremos en los detalles.

P. ?Cu¨¢les eran las ¡°malas aplicaciones¡± de la ley de 1985?

R. Vamos a buscar que aquello que preve¨ªa esa ley, que, insisto, sustancialmente va a coincidir [con la nueva], se cumpla.

P. ?Considera una ¡°mala aplicaci¨®n¡± el hecho de que los m¨¦dicos que diagnostican el da?o para la mujer trabajen en el mismo centro que luego practica el aborto? ?Va a cambiar eso?

Se debe garantizar la desvinculaci¨®n total [del m¨¦dico] al emitir el dictamen

R. Se debe garantizar la desvinculaci¨®n absoluta, a la hora de emitir un dictamen, de cualquier tipo de concertaci¨®n de servicio profesional.

P. ?Los m¨¦dicos que autoricen el aborto ya no ser¨¢n los de las cl¨ªnicas en las que se practica?

R. Insisto: los aspectos concretos, cuando presentemos la ley.

P. ?Qui¨¦n tendr¨¢ la ¨²ltima palabra para resolver ese conflicto entre los derechos de la madre y la protecci¨®n del feto? ?El m¨¦dico?

R. En aquellos aspectos de car¨¢cter cl¨ªnico, evidentemente el m¨¦dico, como en la ley de 1985.

P. Y solo va a haber supuestos de car¨¢cter cl¨ªnico, ?no?

R. No, hay tambi¨¦n la indicaci¨®n ¨¦tica [el supuesto de violaci¨®n]

P. Usted apela a la sentencia del Constitucional de 1985 para justificar su proyecto de ley, pero esa sentencia dijo que el supuesto de malformaci¨®n fetal es constitucional. ?Por qu¨¦ no respeta la sentencia en ese punto?

R. Porque despu¨¦s, en 2008, Espa?a suscribi¨® el convenio de la ONU para la protecci¨®n de los derechos de personas con discapacidad, y tenemos un requerimiento para modificar la ley en ese punto.

P. El convenio no obliga a cambiar la ley, solo hace recomendaciones. ?Pesa eso m¨¢s que lo que dijo el Constitucional?

R. No es incompatible. Y son obligaciones, es un convenio internacional.

P. Pues entre las ¡°recomendaciones¡± de ese convenio, que usted interpreta como obligaciones, est¨¢ por ejemplo que el Gobierno destine m¨¢s dinero a la ayuda a la dependencia, y ustedes lo han recortado.

R. El hecho de que, por la crisis, haya unas partidas presupuestarias que disminuyan no significa que podamos legislar en contra de lo convenido con la ONU.

P. ?Todas las malformaciones fetales van a quedar fuera del supuesto para abortar?

R. Le digo el principio gen¨¦rico: la discapacidad no puede significar un trato desigual y una merma de derechos. Y esa no discriminaci¨®n debe aplicarse tambi¨¦n a los concebidos y no nacidos.

P. Cuando anunci¨® la eliminaci¨®n de ese supuesto recibi¨® cartas de m¨¦dicos especialistas que le explicaban c¨®mo es la vida de personas que nacieron con malformaciones y enfermedades graves. ?Se siente responsable de las vidas de esos futuros ni?os y de sus familias, en los casos en los que las madres quieran abortar y no puedan?

R. Recib¨ª tambi¨¦n muchas cartas de personas agradeciendo que desapareciese la discriminaci¨®n por raz¨®n de discapacidad en Espa?a. Yo estoy profundamente identificado con eso.

P. ?El aborto seguir¨¢ en la cartera de prestaciones de la sanidad p¨²blica, financiado por el Estado?

R. No hay modificaci¨®n en eso.

La ley ser¨¢ en lo sustancial como la de 1985, pero haciendo que se cumpla

P. ?La Conferencia Episcopal le pidi¨® que endurezca la ley?

R. No.

P. ?Comparte la oposici¨®n de la Abogac¨ªa del Estado a la imputaci¨®n de la infanta Cristina en el caso N¨®os?

R. La Abogac¨ªa interviene solo para defender los intereses de la Hacienda p¨²blica, y ha entendido que en este caso no hay perjuicio a la Hacienda. Apoyo todas las decisiones que desde un an¨¢lisis t¨¦cnico, alejado de cualquier valoraci¨®n pol¨ªtica, realiza la Abogac¨ªa.

P. Un mon¨¢rquico como usted, ?cree que el Rey debe abdicar para proteger a la monarqu¨ªa?

R. La mejor protecci¨®n a la monarqu¨ªa es el ejercicio de las funciones que el rey Juan Carlos est¨¢ ejerciendo y que debe seguir ejerciendo.

P. ?Qu¨¦ propone hacer el ministro de Justicia si Catalu?a convoca una consulta soberanista inconstitucional?

R. Plantear hip¨®tesis sobre actos ilegales podr¨ªa ser interpretado como una presunci¨®n de ilegalidad. Yo espero y conf¨ªo en que la actuaci¨®n de la Generalitat se adec¨²e a las obligaciones constitucionales. Creo que en Catalu?a se ha ido imponiendo la racionalidad.

P. No es una presunci¨®n: la Generalitat ha dicho que lo va a hacer.

R. Pero no lo ha hecho, y yo conf¨ªo en que no lo haga. Conf¨ªo en que el seny de la sociedad catalana traslade al Gobierno de Artur Mas la conveniencia de dirigir todos los pasos dentro del marco constitucional.

P. Algo que la Generalitat s¨ª est¨¢ haciendo ya es no aplicar las sentencias que obligan a que el castellano sea vehicular en la escuela como el catal¨¢n. ?El Gobierno har¨¢ algo para que se apliquen?

R. El Gobierno promueve la acci¨®n de la justicia, pero quien tiene la autoridad ¨²ltima para hacer cumplir la ejecuci¨®n son los tribunales.

P. ?A qu¨¦ se refer¨ªa el ministro del Interior cuando dijo que si la doctrina Parot es tumbada por el tribunal de Estrasburgo el Gobierno har¨¢ ¡°ingenier¨ªa jur¨ªdica¡±?

R. El Gobierno aplicar¨¢ la resoluci¨®n de Estrasburgo en la forma que la resoluci¨®n establezca.

P. ?Saldr¨¢n de prisi¨®n los presos de ETA afectados si la sentencia les da la raz¨®n?

R. En ese caso, que conf¨ªo en que no ocurra, la sentencia dir¨¢ si el caso que ha estudiado [el de la etarra In¨¦s del R¨ªo] es extensible o no a otros condenados.

P. ?Aplicar¨¢ el fallo tal cual?

No habr¨¢ medidas de gracia para los condenados de ETA en ning¨²n caso. En ning¨²n caso. Ninguna.

R. Como no puede ser de otra manera.

P. ?Ha endurecido el Gobierno la pol¨ªtica penitenciaria con los presos de ETA?

R. La pol¨ªtica penitenciaria corresponde a Interior. Pero no habr¨¢ medidas de gracia para los condenados de ETA en ning¨²n caso. En ning¨²n caso. Ninguna.

P. Si a su casa va un grupo de gente a gritarle reclamando que cambie su posici¨®n sobre la Ley Hipotecaria, ?qu¨¦ hace usted?

R. El respeto al ¨¢mbito privado es lo que diferencia a las democracias liberales de los reg¨ªmenes totalitarios. La violencia no es solo f¨ªsica, hay una violencia moral, intimidatoria, lo que se llama la vis compulsiva. Y hay que diferenciar la protesta, siempre leg¨ªtima, contra el Gobierno por las cosas que hace o anuncia de esta otra presi¨®n. Me parece mucho m¨¢s grave una violencia sobre el legislador para que legisle en una direcci¨®n determinada que una manifestaci¨®n contra el Gobierno. ?Qu¨¦ pensar¨ªamos si los magistrados del Supremo, antes de dictar sentencias, fuesen sometidos a esta violencia moral para condicionar su voluntad? Se?alar y humillar al discrepante no es propio de reg¨ªmenes democr¨¢ticos. Y es lo que est¨¢n haciendo estos movimientos.

P. ?No son democr¨¢ticos?

R. No act¨²an democr¨¢ticamente.

P. ?Son comportamientos nazis, como ha dicho el PP?

R. No son comportamientos democr¨¢ticos. Esas conductas se dan en reg¨ªmenes totalitarios. Debemos reflexionar sobre la gravedad de estos hechos. Y ver, sin miedo a las comparaciones hist¨®ricas, cu¨¢ndo y en qu¨¦ reg¨ªmenes se ha practicado esta t¨¦cnica.

P. El presidente del Supremo ve en estas protestas un ejercicio de libertad de manifestaci¨®n si no son violentas.

R. Discrepo rotundamente. Y sobre el tema de los desahucios, le digo: en nada ayuda la intimidaci¨®n a la soluci¨®n de esos problemas, lo que s¨ª ayuda son las medidas del Gobierno.

P. Los escraches, las manifestaciones frente al Congreso, la p¨¦rdida de confianza de los grandes partidos... ?Cree que est¨¢ en cuesti¨®n la democracia representativa tal y como la conocemos?

R. Si se pone en cuesti¨®n la democracia representativa, se pone en cuesti¨®n la democracia. Si una minor¨ªa pretende condicionar lo que s¨ª es la expresi¨®n de la voluntad de los ciudadanos no est¨¢ respetando las reglas del juego. Me preocupa que haya una generaci¨®n de espa?oles que por haber nacido en un r¨¦gimen de libertades piense que esto siempre ha sido as¨ª y que siempre va a ser as¨ª.

P. Los registradores de la Propiedad se niegan a hacerse cargo del Registro Civil si Justicia no les garantiza unos ingresos v¨ªa aranceles. ?Lo va a hacer?

R. Cualquier reforma del Registro pasar¨¢ por que este siga siendo gratuito para los ciudadanos.

P. ?Todo lo que ahora es gratis ser¨¢ gratis?

R. Todo lo que ahora es gratis ser¨¢ gratis.

Cualquier reforma del Registro pasar¨¢ por que este siga siendo gratuito

P. Salvo los matrimonios civiles, que ser¨¢n de pago porque los oficiar¨¢n los notarios...

R. El matrimonio ahora es de pago en algunos Ayuntamientos. Insisto en que los actos que se hagan en el Registro seguir¨¢n siendo gratuitos. Es evidente que si los registradores manifiestan que no tienen capacidad para abordar el Registro Civil, tendremos que seguir reflexionando para encontrar la soluci¨®n m¨¢s adecuada.

P. ?Se est¨¢ planteando renunciar a ese proyecto de que el Registro Civil pase a los registradores de la propiedad?

R. Seguimos trabajando en el borrador pero s¨ª le digo que la soluci¨®n, sea cual sea, pasar¨¢ por dos supuestos: que no sean los jueces los que realicen esas tareas administrativas y que no suponga ning¨²n coste para el ciudadano.

P. ?Comparte la propuesta de su comit¨¦ de expertos para introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de interrumpir la difusi¨®n de un medio de comunicaci¨®n que publique sumarios judiciales secretos?

R. Me parece bien que el juez traslade al medio su inquietud de que esa publicaci¨®n pueda perturbar la tutela judicial efectiva de la persona juzgada. Tengo dudas de que si el medio de comunicaci¨®n insiste en seguir publicando informaci¨®n pueda tener sanci¨®n. No soy partidario de establecer consecuencias por esa v¨ªa.

P. ?D¨®nde ha sentido usted que ten¨ªa m¨¢s poder: como presidente auton¨®mico, como alcalde o como ministro?

R. La transformaci¨®n de la justicia que hemos abordado dejar¨¢ una huella m¨¢s importante que todas las infraestructuras que yo puse en marcha en Madrid.

P. ?En cu¨¢l de los tres cargos ha tenido que renunciar a m¨¢s cosas en las que cre¨ªa?

R. El d¨ªa que tenga que renunciar a algo esencial en mi pensamiento y convicciones, naturalmente abandonar¨¦ el puesto de responsabilidad en el que estoy.

P. ?Dimitir¨ªa entonces antes que renunciar a defender un proyecto de ley en el que creyera?

R. Y ustedes tambi¨¦n, y cualquier persona con convicciones.