Ruz deber¨¢ decidir si la grabaci¨®n inicial del ¡®caso G¨¹rtel¡¯ fue legal

El juez instructor del caso G¨¹rtel, Pablo Ruz, deber¨¢ determinar si las grabaciones que sirvieron para poner en pie la gran causa sobre la corrupci¨®n en el entorno del PP fueron legales. La Secci¨®n Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la raz¨®n a los abogados del principal sospechoso, Francisco Correa, y a los de los imputados Ricardo Galeote y Luis B¨¢rcenas, que recurrieron la decisi¨®n de Ruz de rechazar un escrito anterior en el que hab¨ªan solicitado la anulaci¨®n de las grabaciones. Ruz desestim¨® ese recurso por cuestiones meramente procesales sin entrar en el fondo de la licitud o ilicitud de los archivos de audio aportados por el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) Jos¨¦ Luis Pe?as y que permitieron iniciar la investigaci¨®n en el a?o 2008.

La decisi¨®n de la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional, encargada de resolver todos los recursos de apelaci¨®n del caso G¨¹rtel, es una victoria para los imputados, pero de momento muy parcial. El auto no supone la anulaci¨®n de las 18 horas de grabaciones de conversaciones de Pe?as con Correa durante dos a?os. Y mucho menos supone la anulaci¨®n de todas las actuaciones judiciales que se derivan de ellas, como pretenden las defensas en aplicaci¨®n de la ¡°doctrina del fruto del ¨¢rbol envenenado¡± ¡ªnacida en Estados Unidos y que establece que si una fuente de prueba (el ¨¢rbol) est¨¢ corrompida, cualquier investigaci¨®n que se derive de ella (el fruto) tambi¨¦n lo est¨¢¡ª.

El abogado de Francisco Correa, Jos¨¦ Antonio Chocl¨¢n, solicit¨® el pasado 8 de marzo al juez Ruz que anulara las grabaciones emboscadas de Pe?as al entender que estas vulneraban el derecho a la intimidad personal del supuesto cerebro de la trama. Tambi¨¦n ped¨ªa el letrado que se anularan todas las actuaciones que se derivaran directamente de las grabaciones y que se formara una pieza separada para determinar la ¡°conexi¨®n de antijuridicidad¡± de las dem¨¢s diligencias.

En la justicia, los matices procesales, aparentemente menores para los profanos, muchas veces cuentan tanto o m¨¢s como las grandes cuestiones de fondo. El letrado de Correa solicit¨® la anulaci¨®n de las escuchas en virtud del art¨ªculo 11 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, y Ruz pidi¨® su opini¨®n a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a trav¨¦s de una providencia ¡ªresoluci¨®n judicial para cuestiones de tr¨¢mite¡ª.

El ministerio p¨²blico interpret¨® que el escrito de los abogados no se limitaba pedir la ilicitud de la prueba de las grabaciones, sino que se solicitaba la nulidad total de las actuaciones, del art¨ªculo 241 de la misma ley. Por ello, inform¨® a Ruz de su posici¨®n contraria a que se admitiera a tr¨¢mite el escrito.

Eso fue lo que hizo el magistrado en un auto ¡ªresoluci¨®n fundada¡ª firmado el pasado 2 de abril. En ¨¦l, Ruz razona que no cabe la nulidad de las actuaciones y que, adem¨¢s, ninguna de las partes personadas hab¨ªa solicitado la ilicitud de las grabaciones durante los cuatro a?os que hab¨ªan transcurrido de investigaci¨®n.

Los defensores de Correa y Galeote ¡ªa los que se sum¨® despu¨¦s el abogado del extesorero Luis B¨¢rcenas¡ª contraatacaron con un recurso de apelaci¨®n ante la Secci¨®n Cuarta. En ¨¦l reiteraban que lo que se solicita es la anulaci¨®n de un medio de prueba ¡ªlas grabaciones¡ª y no la nulidad del procedimiento. Adem¨¢s, ped¨ªan que en la resoluci¨®n de este conflicto, el juez diera traslado a todas las partes personadas para que se pronuncien y no solo a la Fiscal¨ªa.

A eso se limita el auto de ayer de la Secci¨®n Cuarta. El tribunal de apelaci¨®n, presidido por ?ngela Murillo, revoca el auto de Ruz del 2 de abril, en el sentido de que debe resolver sobre el fondo del asunto planteado por los abogados ¡ªla anulaci¨®n de las grabaciones¡ª ¡°en la forma que indica el art¨ªculo 240.2¡± de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, esto es, dando traslado a todas las partes.