Un castigo innecesario

Espa?a tiene en estos momentos, desde 2010, una regulaci¨®n de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo que la convierte en un derecho de la mujer durante las primeras 14 semanas del embarazo, y que despu¨¦s de ese plazo la autoriza en determinados supuestos, de malformaci¨®n o enfermedad del feto o de riesgo para la vida o la salud de la madre. En 20 de los pa¨ªses de la UE existen leyes similares, y en Espa?a esta legislaci¨®n cuenta con el respaldo del 46% de la poblaci¨®n, incluyendo a un 38% de quienes se declaran cat¨®licos (seg¨²n un sondeo de Metroscopia: v¨¦ase EL PA?S del 21 de abril).

El Gobierno ha anunciado una nueva ley al respecto, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha asegurado que solo se propone restablecer los derechos del no nacido, y que parte del reconocimiento del m¨¢s importante de los derechos: el derecho a la vida. Eso implica que la ley actual, como las leyes existentes en los otros 20 pa¨ªses europeos que tienen leyes de plazos, no respetan los derechos del no nacido ni el derecho a la vida, una manifestaci¨®n cuando menos llamativa, y en bastantes sentidos alarmante.

Como es obvio, las leyes de plazos consideran que durante las primeras semanas del embarazo el embri¨®n no puede equipararse a un ser humano no nacido, y que en ciertos supuestos se plantea un conflicto entre el derecho a la vida del feto y el derecho a la vida de la madre. Y que en tales supuestos debe prevalecer el derecho de la madre, un ser humano pleno y consciente: en caso de conflicto entre dos bienes, se opta por el mal menor, lo que parece de sentido com¨²n.

El Gobierno, y el ministro Ruiz-Gallard¨®n, han mantenido hasta ahora una contradictoria ambig¨¹edad sobre las l¨ªneas generales de la nueva ley, pero se puede pensar, por lo que ha trascendido, que planean una ley de supuestos, que apoyan un 41% de los espa?oles frente al 46% que apoya la actual ley de plazos. Pero adem¨¢s parece que se intenta restringir dr¨¢sticamente los supuestos ¡ªse habla de limitar las malformaciones y enfermedades fetales que justificar¨ªan el aborto¡ª, lo que podr¨ªa causar grandes sufrimientos a los padres.

?Por qu¨¦ se producir¨ªa una involuci¨®n tan notable y socialmente tan cruel? Pese a las reiteradas negativas del ministro, es inevitable la sospecha de que el Gobierno se limita a ceder ante las presiones de la Conferencia Episcopal, tan expl¨ªcitas en las sucesivas manifestaciones que esta protagoniz¨® contra el Gobierno anterior. Es decir, a hacer concesiones a ese 10% de los espa?oles que no creen que exista ninguna raz¨®n que justifique la interrupci¨®n voluntaria del embarazo.

Pero por definici¨®n este sector integrista de la sociedad espa?ola no considerar¨¢ nunca suficiente cualquier endurecimiento de la ley, ya que lo que desea es regresar a la situaci¨®n anterior a 1985, cuando la interrupci¨®n del embarazo era en todo caso un delito. Tiene raz¨®n el ministro, en este sentido, cuando deja caer que la nueva ley no dejar¨¢ satisfecha a la Conferencia Episcopal. Ahora bien, ?qu¨¦ sentido tiene, si en ning¨²n caso se va a conseguir el apoyo de los sectores confesionales m¨¢s conservadores, imponer innecesarias penalidades a las mujeres y a las familias espa?olas?

Penalidades que pueden incluir la muerte de la madre, como en el reciente caso de Savita Halappanar, muerta en el Hospital Universitario de Galway (Irlanda) por septicemia a causa de la confesionalidad de la legislaci¨®n de aquel pa¨ªs. La v¨ªctima protest¨® antes de morir de que se le aplicara una legislaci¨®n cat¨®lica, cuando ella era hind¨². Pero precisamente ese es el punto central del problema: un 10% de los espa?oles quieren que sus particulares creencias se conviertan en legislaci¨®n que nos obligue a todos. Y el Gobierno, y el ministro, quieren hacerles concesiones aunque les resulten insuficientes. Eso suena a electoralismo, pero adem¨¢s a un electoralismo muy torpe. Y tiene muy poco que ver con esos intereses generales que seg¨²n el presidente Rajoy son la ¨²nica preocupaci¨®n de su Gobierno.

Carmen Mart¨ªnez Ten es miembro de la Asociaci¨®n para la Reflexi¨®n y la Acci¨®n Feminista (ARAF).