Desimputaci¨®n

Ya tenemos un nuevo archis¨ªlabo de los cada vez m¨¢s numerosos que le gusta coleccionar a Aurelio Arteta para denunciarlos: ¡°desimputaci¨®n¡±. Como la que han obtenido la Fiscal¨ªa General, la Abogac¨ªa del Estado y la Audiencia de Palma para la Casa del Rey. No entrar¨¦ aqu¨ª a discutir los tecnicismos jur¨ªdicos de semejante veredicto performativo, porque no es mi oficio. Pero s¨ª quiero prevenir contra los posibles da?os colaterales de la dichosa desimputaci¨®n.

Y entre ellos el que m¨¢s me preocupa es el precedente que se ha sentado, que probablemente crear¨¢ escuela. A partir de aqu¨ª es de temer que, siguiendo su mismo ejemplo, otros tribunales jurisdiccionales se sientan autorizados a desimputar a los dem¨¢s imputados que se hallan en lista de espera (?y son m¨¢s de 2.175 los macroprocesos y otras causas de corrupci¨®n pol¨ªtica y financiera que est¨¢n en tr¨¢mite!), afectando a autoridades p¨²blicas revestidas de comparable dignidad institucional: alcaldes, tesoreros de grandes partidos, etc¨¦tera. Y eso como posible forma de restablecer el principio de igualdad de todos los es-pa?oles ante la ley: ?Por qu¨¦ no desimputarlos a todos por igual?

Sarcasmos al margen, lo cierto es que resulta sobremanera preocupante la creciente tolerancia con la corrupci¨®n que est¨¢n demostrando nuestras ¨¦lites pol¨ªticas, econ¨®micas, civiles e institucionales. Dec¨ªa Rosa Montero en una de sus ¨²ltimas columnas que ¡°otra de las consecuencias negativas de la crisis es que no solo nos empobrece econ¨®micamente sino tambi¨¦n mentalmente, porque convierte la corrupci¨®n, la indignidad pol¨ªtica y el dolor social en temas obsesivos, como si fueran la ¨²nica realidad existente¡±. La entiendo, pero yo temo justamente lo contrario: que la crisis est¨¦ banalizando y normalizando la corrupci¨®n. Un ejemplo es la desimputaci¨®n de marras, y otro aparentemente opuesto es el lleno absoluto que ovacion¨® a la Pantoja en la gala de celebraci¨®n de su benigna sentencia condenatoria.

La misma acumulaci¨®n de interminables procesos por corrupci¨®n est¨¢ haciendo que se los vea como una competici¨®n deportiva entre nosotros y ellos: un duelo de esgrima entre el abogado Roca y el juez Castro, un combate de boxeo entre el juez Ruz y el PP (que se dice v¨ªctima de una conspiraci¨®n judicial por el caso G¨¹rtel) o una liga de f¨²tbol entre el Gobierno y la oposici¨®n. De tal modo que si ganan los tuyos lo celebras como si Del Bosque hubiera vencido a Mourinho, y eso cualquiera que sea la imputaci¨®n. No importa que se hayan cometido atentados contra el inter¨¦s general (eso implica la corrupci¨®n), pues solo cuenta el enfrentamiento en un juego de poder que iguala moralmente a los contendientes. Pero no hay igualaci¨®n posible, pues el h¨¦roe siempre debe ser el juez (y a veces el fiscal) que lucha del lado de la ley, siendo el villano todo imputado por indicios de haberla violado mientras no se demuestre lo contrario.

Y la normalidad con que se admiten las imputaciones de corrupci¨®n hacen olvidar la extraordinaria gravedad que supone que el partido en el poder acumule centenares de imputaciones de corrupci¨®n que afectan a su c¨²pula dirigente y a la presidencia del Gobierno. Lo que ha llegado a parecer una banalidad, cuando no deber¨ªa ser as¨ª. Por el contrario, la corrupci¨®n pol¨ªtica e institucional constituye nuestro primer problema nacional. Mucho peor que la crisis, que se resolver¨¢ entre 2015 y 2018 a pesar de la incompetencia del Gobierno, o que la independencia catalana, que abortar¨¢ su despegue a pesar de la deslealtad del Gobierno aut¨®nomo. Pues en cambio la corrupci¨®n est¨¢ tan arraigada en nuestra cultura pol¨ªtica que no parece tener soluci¨®n posible.

El presidente Rajoy sostiene que nuestro nivel de corrupci¨®n equivale al de nuestros vecinos europeos. Afirmaci¨®n que demuestra su falta de informaci¨®n o veracidad. El ¨ªndice de Transparency International de 2012 coloca a nuestro pa¨ªs con un aprobado (6,5 puntos), a la cola de Europa, solo por delante de Portugal (6,3) y las suspensas Italia (4,2) y Grecia (3,6), pero con gran retraso frente a las sobresalientes Dinamarca y Finlandia (9,0), Suecia (8,8), Noruega (8,5) u Holanda (8,4), y por detr¨¢s de las notables Alemania (7,9), Reino Unido (7,4) o Francia (7,1). Eso, antes de que estallara el caso B¨¢rcenas, por lo que cabe esperar que el pr¨®ximo ¨ªndice rebaje a Espa?a a la altura de Italia o de Grecia. Esta es la causa de la prima de riesgo impuesta a los PIGS. Y mientras tanto el Congreso de Madrid debate reclamando un pacto inviable contra la condicionalidad de la troika, y el Parlamento de Barcelona se hace la v¨ªctima iniciando un sendero inviable hacia la independencia de Catalu?a. Todo antes que asumir sus responsabilidades por las imputaciones de corrupci¨®n pol¨ªtica.