La inclusi¨®n de la Corona impone l¨ªmites en el acceso a la informaci¨®n

Va a intentarlo y dice que en serio. La disposici¨®n del Gobierno para afrontar la ambiciosa Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno, es de buscar acuerdos y no quedarse solo, con su mayor¨ªa absoluta, como es habitual desde que tom¨® las riendas del poder hace diecis¨¦is meses. Hoy, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Luis Ayll¨®n, recibir¨¢ a los portavoces de la oposici¨®n para que, con documentos sobre la mesa, pasen revista y delimiten los acuerdos de los desacuerdos, antes de empezar oficialmente la tramitaci¨®n parlamentaria de la ley. El paso por la Comisi¨®n Constitucional del Congreso de m¨¢s de una treintena de expertos ha abierto otros campos que no figuran en el anteproyecto -aprobado en marzo de 2012- y, sobre todo, los avatares pol¨ªticos han determinado que se incluya bajo la lupa de la futura ley instancias en las que el Gobierno no pens¨® inicialmente y s¨ª la oposici¨®n.

Al incluirse la Corona, los partidos pol¨ªticos, los sindicatos, la Iglesia Cat¨®lica y las confesiones que reciban subvenciones p¨²blicas, la ley tendr¨¢ un serio replanteamiento porque llevar¨¢ a establecer diferenciaciones porque los partidos, y las nuevas incorporaciones, no podr¨¢n tener el mismo tratamiento ni las mismas obligaciones respecto a los ciudadanos que s¨ª tienen que cumplir las administraciones. Las fuentes consultadas reconocen que hay que establecer l¨ªmites de manera que no toda la informaci¨®n puede ser de dominio p¨²blico.

S¨ª han servido las comparecencias de expertos ante la Comisi¨®n Constitucional del Congreso. As¨ª lo reconocen los portavoces de la misma, que han pasado muchas horas atentos a las intervenciones de profesores, empresarios, expertos en comunicaci¨®n y profesionales vinculados a la informaci¨®n, la documentaci¨®n, el Derecho, la defensa de los derechos humanos, la Defensora del Pueblo, el periodismo y los lobbies. Ninguno de ellos ha albergado la duda de que dentro de la ley deb¨ªan estar los partidos pol¨ªticos, los sindicatos y la Corona.

Tanto se ha hablado en las comparecencias de controles y medidas para evitar las irregularidades en las administraciones, que cierta sensaci¨®n de barullo se ha instalado en torno a esta norma al exigirle poderes casi infinitos. ¡°Parec¨ªa que esta ten¨ªa que ser la ley anticorrupci¨®n¡±, se?ala un portavoz, en l¨ªnea con la percepci¨®n de la mayor¨ªa de los participantes en la comisi¨®n. Esto desvirtuar¨ªa la norma, seg¨²n reconocen tanto Gobierno como la mayor¨ªa de los grupos de oposici¨®n.

Ahora se trata de delimitar campos, y sin dejar atr¨¢s las partes m¨¢s llamativas y populares, como es la inclusi¨®n de la Corona y los partidos, retomar los aspectos que deben hacer de esta ley un instrumento al servicio de los ciudadanos para que tengan acceso a la informaci¨®n de todas las administraciones. Los portavoces conocer¨¢n en la reuni¨®n con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes c¨®mo ha encajado las piezas del puzzle. Tambi¨¦n la disposici¨®n al pacto y sus posibilidades.

Esta es buena por parte de todos pero nadie lanza las campanas al vuelo. Ha habido conversaciones informales entre el Gobierno y el PSOE que no son indicativas de sus respectivas posiciones. Queda mucho tiempo porque esta norma es de tal envergadura al implicar a todas las administraciones que tras ser aprobada necesitar¨¢ un tiempo de adaptaci¨®n. La intenci¨®n es que resulte aprobada en el Congreso en oto?o y, definitivamente, tras su paso por el Senado, a final de a?o. Para ello el mes de julio se emplear¨¢ en su debate. S¨ª se ha puesto ya de manifiesto el vivo inter¨¦s de los portavoces de la Comisi¨®n Constitucional en trabajar en esta ley, de la que gozan los pa¨ªses con ra¨ªces democr¨¢ticas profundas.