La reforma de la ley permitir¨¢ que el juez ordene a la prensa cesar informaciones

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, consider¨® ayer que ser¨ªa preocupante que la resoluci¨®n adoptada por un juez o un jurado popular pueda verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opini¨®n p¨²blica durante la instrucci¨®n sumarial o la celebraci¨®n del juicio. El ministro detall¨® que la comisi¨®n de expertos independientes que ha elaborado una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o C¨®digo Procesal Penal prev¨¦ dar al juez de garant¨ªas la facultad para requerir a un medio de comunicaci¨®n el cese de la publicaci¨®n de informaciones que comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados.

En la inauguraci¨®n del foro El papel de los medios durante los procesos penales, organizado por la Asociaci¨®n de la Prensa de Madrid (APM), Gallard¨®n dijo que ¡°el periodista es un historiador de la realidad diaria cuya primera preocupaci¨®n es la verdad¡±, y resalt¨® que el ejercicio del periodismo suscita en numerosas ocasiones un conflicto entre derechos fundamentales.

Los ¡°juicios paralelos¡± son uno de los ¡°puntos neur¨¢lgicos¡± sobre los que hay que adoptar una soluci¨®n legislativa al conflicto entre el derecho a la informaci¨®n y el derecho a la tutela judicial efectiva, apunt¨®. Como ya ha se?alado el ministro en otras ocasiones, para evitar que se produzcan juicios medi¨¢ticos y lo que en el Ministerio de Justicia denominan ¡°fantas¨ªas especulativas¡±, la comisi¨®n de expertos que ha elaborado la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aboga por reducir los plazos del secreto del sumario y evitar que algunos jueces lo prolonguen eternamente sin justificaci¨®n. As¨ª, el tiempo m¨¢ximo ser¨ªa de tres meses, aunque en situaciones excepcionales se podr¨ªa extender a seis e incluso a 12 meses si se trata de investigaciones relacionadas con organizaciones criminales o grupos organizados.

En la entrevista realizada por EL PA?S en abril, Gallard¨®n insist¨ªa en lo mismo aunque se mostraba en contra de las sanciones: "Me parece bien que el juez traslade al medio su inquietud de que esa publicaci¨®n pueda perturbar la tutela judicial efectiva de la persona juzgada. Tengo dudas de que si el medio de comunicaci¨®n insiste en seguir publicando informaci¨®n pueda tener sanci¨®n. No soy partidario de establecer consecuencias por esa v¨ªa".

Para Gallard¨®n, los medios de comunicaci¨®n y el sistema judicial se superponen, se influyen y chocan cuando comprometen el derecho a la presunci¨®n de inocencia, que es una condici¨®n para que haya un juicio justo, o el derecho a la informaci¨®n, que es un derecho medular en una sociedad avanzada como la espa?ola.

En el borrador tambi¨¦n se regula la captaci¨®n y difusi¨®n de im¨¢genes en la sala al inicio de una audiencia p¨²blica y en qu¨¦ supuestos prohibirla, para la protecci¨®n del orden p¨²blico, para la seguridad nacional, para la vida privada de las partes, cuando intervienen menores de edad o cuando es de inter¨¦s para la justicia. Gallard¨®n explic¨® adem¨¢s que el borrador incluye ¡°una medida transformadora¡±, que es la limitaci¨®n de la duraci¨®n del secreto del sumario, para evitar que su prolongaci¨®n indefinida produzca un vac¨ªo informativo que sea ocupado por la especulaci¨®n.