Gallard¨®n asegura que la ley no limitar¨¢ el derecho a la informaci¨®n
El ministro de Justicia insiste en que la reforma buscar¨¢ evitar "cualquier perturbaci¨®n sobre las actuaciones sumariales"
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha asegurado hoy que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no limitar¨¢ bajo ning¨²n concepto el derecho a la informaci¨®n. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados ha insistido en que "el derecho a la libertad de informaci¨®n es preferente" y, por tanto, la ley no establecer¨¢, "en ning¨²n caso", medidas que restrinjan la libertad de informaci¨®n.
Gallard¨®n ha querido as¨ª dejar claro que su departamento no se plantea ning¨²n mecanismo de censura para evitar que los medios de comunicaci¨®n informen sobre algunos procedimientos judiciales. No obstante, el ministro de Justicia considera oportuno, en el marco de esa reforma, "adoptar medidas dirigidas a limitar lo m¨¢ximo posible cualquier tipo de perturbaci¨®n sobre las actuaciones sumariales" y las investigaciones.?
Gallard¨®n, que ha recalcado que "no se pueden prolongar los sumarios", hab¨ªa manifestado ayer que ser¨ªa preocupante que la resoluci¨®n adoptada por un juez o un jurado popular pueda verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opini¨®n p¨²blica durante la instrucci¨®n sumarial o la celebraci¨®n del juicio.
En opini¨®n del ministro, la ley debe dar una soluci¨®n al conflicto entre el derecho a la informaci¨®n y la protecci¨®n judicial para tratar de evitar "juicios paralelos". Esto es, para que no se produzcan juicios medi¨¢ticos o "fantas¨ªas especulativas". La comisi¨®n de expertos que ha elaborado la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal apuesta, con estas premisas, por reducir los plazos del secreto del sumario y evitar que algunos jueces lo prolonguen eternamente sin justificaci¨®n. El tiempo m¨¢ximo podr¨ªa ser de tres meses, aunque en situaciones excepcionales se podr¨ªa extender a seis e incluso a 12 meses si se trata de investigaciones relacionadas con organizaciones criminales o grupos organizados.
En cualquier caso, seg¨²n Gallard¨®n, la reforma no afectar¨¢ al derecho a la informaci¨®n, y para ellos se apoyar¨¢ en la "rotunda" doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto.?Para el ministro, los medios de comunicaci¨®n y el sistema judicial se superponen, se influyen y chocan cuando comprometen el derecho a la presunci¨®n de inocencia, que es una condici¨®n para que haya un juicio justo, o el derecho a la informaci¨®n, un derecho fundamental en una sociedad avanzada.
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