El Gobierno retira su capacidad de sanci¨®n sobre autonom¨ªas y municipios
El ministro de Hacienda no podr¨¢ decidir la sustituci¨®n de un alcalde como le exig¨ªa CiU y PNV
El Gobierno da muestras de no querer estar solo en la aprobaci¨®n de la futura Ley de Transparencia y del Buen Gobierno. As¨ª, en las ¨²ltimas horas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha eliminado escollos relevantes que han permitido que CiU y el PNV retiren las enmiendas de devoluci¨®n que hab¨ªan presentado. Antes ya logr¨® que el PSOE ni siquiera la presentara a la espera de que la norma mejore ostensiblemente y se atiendan sus demandas esenciales. La mayor¨ªa absoluta del PP se basta por s¨ª misma para rechazar las enmiendas de devoluci¨®n - que el texto vuelva al Gobierno y lo rehaga - defendidas hoy por?Izquierda Plural,?UPyD, ERC, Compromis-Equo, BNG y Amaiur?.
La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, a cuyo frente iba a estar una persona?elegida por el Gobierno, era uno de los escollos para que el PSOE y la mayor¨ªa de los grupos apoyaran la ley. ¡°No queremos que al controlador lo controle el ministro de Hacienda¡±, hab¨ªan proclamado los socialistas. Esto ya no ser¨¢ as¨ª. La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que el supervisor del cumplimiento de la ley ser¨¢ un Consejo "independiente", elegido por "mayor¨ªa absoluta".
Tambi¨¦n se abren las puertas al acuerdo con tres grupos -PSOE, CiU y PNV- por el compromiso de la vicepresidenta de "revisar" el r¨¦gimen sancionador para las Administraciones auton¨®micas que en el proyecto inicial del Gobierno pod¨ªa terminar con la destituci¨®n de alcaldes y concejales desde el Ministerio de Hacienda de Madrid. Los nacionalistas dan por seguro que el Gobierno lo retirar¨¢ por completo y ya no ser¨¢ el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, quien sancione a las Administraciones auton¨®micas y locales, sino sus propios ¨®rganos.
En las?¨²ltimas horas?la vicepresidenta y?el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes han mantenido una intensa actividad para que la andadura de esta?futura ley -puede estar aprobada a ¨²ltimos de este a?o- comenzara con buen pie, esto es con pocas enmiendas de devoluci¨®n.?Con el PSOE el acuerdo?se alcanz¨® hace d¨ªas y con CiU y PNV en las v¨ªsperas del debate. Tambi¨¦n el PSOE est¨¢ en contra de la arbitrariedad que podr¨ªa suponer dotar al ministro de Hacienda la capacidad sancionadora de conductas que considere inapropiadas de las administraciones auton¨®micas y locales. "Una sanci¨®n que puede traducirse en la sustituci¨®n de un alcalde por no se sabe muy bien qu¨¦ conducta; inasumible de todo punto", ha se?alado el diputado de CiU Jordi Jan¨¦ al congratularse de que eso ya no vaya a ser as¨ª. Pero queda mucho por andar a¨²n para que la futura ley se adec¨²e a la legislaci¨®n auton¨®mica y municipal, y la respete. A¨²n quedan otros art¨ªculos que al menos los nacionalistas pelear¨¢n para que se eliminen. "Debe desaparecer de la ley que los Presupuestos del Estado establezcan el baremo retributivo de los alcaldes", ha pedido Jan¨¦. Sobre esto a¨²n no hay compromiso de la vicepresidenta.
S¨ª lo hay respecto a quien controla al controlador, tambi¨¦n de forma verbal. Esa persona elegida por el ministro de Hacienda para supervisar el cumplimiento de la ley, ser¨¢ sustituida por un consejo "independiente", petici¨®n de todos los grupos parlamentarios. Todos quieren ver c¨®mo queda la regulaci¨®n de la Casa del Rey, y de los dem¨¢s entes incluidos de los que a¨²n no se ha precisado como quedar¨¢n aunque en fuentes gubernamentales se precisa que el acceso a su funcionamiento tendr¨¢ diferencias. No se podr¨¢ exigir a los partidos pol¨ªticos, a los sindicatos y a las patronales que den cuenta del contenido de sus reuniones, pero s¨ª de sus cuentas en tanto que reciben subvenciones del Estado, Tampoco a la Casa del Rey se le podr¨¢ exigir que explique al detalle lo que gasta el jefe del Estado de su retribuci¨®n. Pero entre el folio escaso que ahora se presenta como cuentas de la Casa Real y lo que la ley le exigir¨¢ hay un trecho ancho y largo por recorrer, explican las mismas fuentes. El escrutinio de la Casa? Real se equiparar¨¢ al del Congreso, el Senado y el Tribunal de Cuentas.
No da margen de confianza, de momento, Izquierda Plural, como ha explicado su portavoz en este proyecto, Josep Joan Nuet. Tampoco Olaia Fern¨¢ndez D¨¢vila del BNG, Alfred Bosch de ERC y el representante de Amaiur, Rafael Larreina, hoy ausente de la C¨¢mara como el resto de diputados de ese grupo por seguimiento de la huelga convocada en el Pa¨ªs Vasco. Quien ha expresado m¨¢s reticencias sobre los planes del Gobierno ha sido el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Mart¨ªnez Gorriar¨¢n. "Bastante fe han metido ustedes en la Ley de Educaci¨®n como para introducirla tambi¨¦n en la Ley de Transparencia; no, yo no tengo fe, porque no tiene que haberla en una democracia y en una ley de transparencia".? Primero, quiere ver c¨®mo se regula todo lo comprometido verbalmente, que hasta ahora, solo es "bla bla bla", ha dicho en tono despectivo el portavoz adjunto de UPyD.
A medida que el debate ha avanzado algunos portavoces han endurecido su discurso. En el caso de Mart¨ªnez Gorriar¨¢n de UPyD se ha producido al escuchar a los portavoces nacionalistas dar por seguro que el Gobierno ha cedido a sus demandas y el r¨¦gimen sancionador cuando sea necesario no vendr¨¢ del gobierno central sino que ser¨¢ cada autonom¨ªa quien tenga esa capacidad. "Ya est¨¢ el cambalache", ha proclamado. Lo dijo en un primer momento en referencia al PSOE por la constataci¨®n de que no presentaba una enmienda a la totalidad , pero su preocupaci¨®n viene sobre todo por la retriada de la mano del Gobierno de la acci¨®n de los entes auton¨®micos.?"Est¨¢ claro que ustedes han llegado a un acuerdo para que haya 17 leyes de transparencia. Empezamos bien, una ley de transparencia que arranca con acuerdos opacos para repartirse la tarde; si se consolida el disparate competencial, estaremos en contra". A esta objeci¨®n de fondo no ha respondido la vicepresidenta. Tampoco ning¨²n otro representante pol¨ªtico se centr¨® en este asunto competencial.
?Todo acordado con el PSOE? Al menos, hay voluntad de acuerdo como ha se?alado la diputada y portavoz de Administraciones P¨²blicas, Mertixell Batet que junto a Jos¨¦ Enrique Serrano, mantienen un nivel alto de di¨¢logo con el Gobierno y con el representante del Grupo Popular en esta ley, Esteban Gonz¨¢lez Pons. "Vamos a presentar muchas enmiendas pero no ganamos nada con pedir la devoluci¨®n de la ley porque ser¨ªa empezar de nuevo y posponer a¨²n m¨¢s la norma", ha explicado Batet. El grupo mayoritario de la oposici¨®n estar¨¢ muy atento a c¨®mo queda el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a acceder a la informaci¨®n de las administraciones y a los l¨ªmites. Este es otro de los asuntos controvertidos; los asuntos vedados a los ciudadanos. "Solo deber¨ªa denegarse la informaci¨®n que afecte a la seguridad nacional y a la intimidad de las personas", ha apuntado la portavoz socialista.
En la defensa de la ley, la vicepresidenta del Gobierno, que ha llevado de su mano esta ley, junto al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Luis Ayll¨®n,? -al que toda la oposici¨®n reconoce su labor e intentos de acuerdo- ha hecho una suerte de inculpaci¨®n colectiva al afirmar que su ausencia supone ¡°una laguna injustificable en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol que va a obligar a la necesaria rendici¨®n de cuentas de la Administraci¨®n, y de todos los cargos p¨²blicos, electos y no electos¡±. No es una ley anticorrupci¨®n, como recalcan todos los grupos, aunque semanas atr¨¢s pudo dar esa impresi¨®n ya que las comparecencias de expertos para que opinaran sobre esta norma se?alaron que los partidos, los sindicatos, la casa del Rey, y todas las futuras incorporaciones, deber¨ªan estar sin la menor duda. No lo hab¨ªa pensado as¨ª el Gobierno en su redacci¨®n inicial del proyecto , pero ya no hay marcha atr¨¢s. A¨²n as¨ª, esta ley, como todas las vigentes en el mundo de esta naturaleza, est¨¢ pensada prioritariamente para que los ciudadanos tengan derecho a acceder a todos los actos de la administraci¨®n.
El debate oficial acaba de empezar una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad. Y ahora todo tiene que quedar por escrito, aunque las conversaciones contin¨²en en los despachos. El l¨ªder del PSOE, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, no ha dejado dudas. "Queremos un acuerdo en la Ley de Transparencia por lo que le pido al Gobierno que escuche, porque nuestras posiciones est¨¢n basadas en la responsabilidad y en la necesidad de transparencia". Con expresiones similares ha cerrado la vicepresidenta este debate, tenso en momentos, singularmente con Mart¨ªnez Gorriar¨¢n, aunque con chispazos con Josep Joan Nuet de ICV y Alfred Bosch de ERC. Este ¨²ltimo ha hecho alusi¨®n al uso de tarjetas de cr¨¦dito por parte de altos cargos. "Mire sus cajones, que a lo mejor tiene alguna". A esto S¨¢enz de Santamar¨ªa ha replicado que sus tarjetas se las paga con su sueldo. "No he querido herirla y si as¨ª se ha sentido lo retiro". As¨ª qued¨® zanjado. S¨ª se vislumbra que en caso de acuerdo no ser¨¢ total. El Gobierno mira hacia el PSOE, PNV, CiU y Coalici¨®n Canaria.
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