El Gobierno acepta modificar radicalmente la ley de transparencia

La llamada Ley de Transparencia y del Buen Gobierno super¨® ayer el primer tr¨¢mite de totalidad, con el voto en contra de UPyD, Izquierda Plural y Grupo Mixto. La norma regula la obligaci¨®n de facilitar informaci¨®n a los ciudadanos y algunas pautas de funcionamiento contra la corrupci¨®n. Es solo un primer paso, el inicio de otras normas a favor del buen gobierno, como subray¨® ayer en el pleno del Congreso la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, pero sirve para llenar el vac¨ªo de ser el ¨²nico pa¨ªs de Europa sin una ley de estas caracter¨ªsticas.

¡°Una laguna injustificable en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol que va a obligar a la necesaria rendici¨®n de cuentas de la Administraci¨®n, y de todos los cargos p¨²blicos, electos y no electos¡±, dijo la vicepresidenta.

Quedan a¨²n muchos detalles por cerrar, y tambi¨¦n que se concreten en un texto p¨²blico las rectificaciones anunciadas por el Gobierno con las enmiendas parciales que se presenten. Por el momento, el pleno rechaz¨® ayer las seis enmiendas de totalidad presentadas. Los socialistas, al final, se abstuvieron a la espera de las prometidas correcciones del Gobierno. Los nacionalistas (CiU y PNV) retiraron sus enmiendas de totalidad en el ¨²ltimo momento por la misma raz¨®n.

Esos movimientos del PSOE, CiU y PNV se produjeron porque el Ejecutivo acept¨® que la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas y Calidad de los Servicios no sea al final un organismo que dependa jer¨¢rquicamente del Ministerio de Hacienda y porque se revisar¨¢ su poder sancionador de las Administraciones auton¨®micas y locales que, en el proyecto inicial del Gobierno, pod¨ªa terminar con la destituci¨®n de alcaldes y concejales desde Madrid. Ya no ser¨¢ Hacienda el que aplique esas sanciones sino las propias autonom¨ªas.

Ese organismo tendr¨¢ un car¨¢cter independiente, con un nombramiento que, a falta de concretarse, podr¨ªa tener origen en el Ejecutivo, pero ratificado en el Parlamento. El modelo a seguir podr¨ªa ser el de la Agencia de Protecci¨®n de Datos u otro organismo regulador.

El Ejecutivo ha aceptado la petici¨®n del PSOE para que su mandato no coincida con las legislaturas (previsiblemente ser¨¢ de cinco a?os) y para que solo pueda ser removido por causas objetivas y tasadas. La ley crear¨¢ un portal de transparencia en el que se har¨¢n p¨²blicos los datos previstos en la norma y la agencia recoger¨¢ las quejas de los ciudadanos que no sean atendidos. En caso de que no haya respuesta, ser¨¢ el propio Consejo de Ministros el que sancione a la instituci¨®n que no cumpla. En este punto puede producirse un cierto bucle porque, por ejemplo, ser¨ªa el Consejo de Ministros el que sancionar¨ªa a la Vicepresidencia si esta se negara a contestar un requerimiento ciudadano.

En el debate de ayer, rechazaron la norma con especial virulencia UPyD e Izquierda Plural. Carlos Mart¨ªnez Gorriarr¨¢n (UPyD) habl¨® de ¡°cambalache¡±.

La futura ley de transparencia ser¨¢ la ¨²nica en Europa en la que la Monarqu¨ªa quede dentro de su ¨¢mbito de aplicaci¨®n. En otros pa¨ªses europeos se facilita informaci¨®n de las casas reales, pero por costumbre, no por obligaci¨®n legal. Inicialmente el Gobierno rechaz¨® la posibilidad de incluir a la Casa del Rey, pero luego rectific¨® y negoci¨® con La Zarzuela esta f¨®rmula. A falta de la concreci¨®n en las enmiendas parciales, se har¨¢ poni¨¦ndolo a la misma altura de transparencia que el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas y el Constitucional. Es decir, la Casa del Rey deber¨¢ informar de su agenda y de sus presupuestos. Alfred Bosch (ERC) y Joan Josep Nuet (EUiA) reclamaron que se incluya el patrimonio y los ingresos detallados de todos sus miembros. En ese ¨¢mbito se incluir¨¢n tambi¨¦n entidades privadas que reciban dinero p¨²blico.

El Gobierno trabaja en una f¨®rmula que establezca un porcentaje de dinero p¨²blico que se reciba para obligar a someterse a la ley, con un m¨ªnimo exento. De esta forma, quedar¨ªan libres, por ejemplo, comunidades de vecinos o peque?os ayuntamientos que reciben subvenciones o manejan dinero p¨²blico pero carecen de infraestructura y medios para publicar en p¨¢ginas web todos sus datos. Por esta v¨ªa entrar¨¢ la Iglesia Cat¨®lica, aunque no sea mencionada expresamente en la futura ley.