El voto del progresista Sala a¨²pa al conservador L¨®pez al Constitucional

La mitad del Tribunal Constitucional entiende que Enrique L¨®pez, magistrado designado por el Gobierno para formar parte del alto tribunal, no re¨²ne los requisitos necesarios para formar parte de esta instituci¨®n. Solo el voto de calidad del presidente del Constitucional, Pascual Sala, rompi¨® el empate a seis y valid¨® al final el nombramiento del Gobierno.

El tr¨¢mite de validaci¨®n es, habitualmente, un simple requisito casi burocr¨¢tico y formal en el que el pleno del tribunal analiza si los designados por el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso o el Senado re¨²nen los requisitos formales, es decir, ser jurista de reconocido prestigio y con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio efectivo.

El tr¨¢mite ni siquiera tiene publicidad por ser simplemente formal y no se facilita informaci¨®n oficial. Sin embargo, este martes se produjo un hecho ins¨®lito en la historia del Constitucional y es que la mitad de sus miembros consider¨® que Enrique L¨®pez no re¨²ne esos requisitos formales.

No hubo pegas con el resto de magistrados designados el viernes por el Consejo de Ministros y el Consejo General del Poder Judicial: Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano (conservador), Juan Antonio Xiol (progresista) y Santiago Mart¨ªnez-Vares (conservador).

Cuando se plante¨® el empate, Pascual Sala, que termina su mandato esta semana, ejerci¨® su voto de calidad como presidente para decantar la mayor¨ªa en favor del nombramiento remitido por La Moncloa.

Esta verificaci¨®n es un tr¨¢mite necesario y as¨ª aparece entre las funciones consignadas al pleno en el art¨ªculo 10 de la Ley del Tribunal Constitucional. Por tanto, si hubiera sido rechazado, se hubiera planteado una situaci¨®n tan ins¨®lita y novedosa como que abrir¨ªa un conflicto institucional entre el tribunal y el Gobierno. El nombramiento ser¨ªa devuelto a La Moncloa que, seg¨²n la ley, tiene manos libres para designar a quien quiera con la ¨²nica limitaci¨®n del ¡°reconocido prestigio¡± y los a?os de ejercicio profesional. Con L¨®pez, el Ejecutivo ha roto, adem¨¢s, una norma no escrita al designar para el Constitucional a un magistrado de carrera que no procede del Tribunal Supremo, ya que forma parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Su trayectoria hacia el Constitucional ha sido pol¨¦mica desde el inicio y termina por el momento tambi¨¦n de forma ins¨®lita, porque se encontrar¨¢ con un tribunal en el que una parte sustancial no le considera id¨®neo.

En 2008, el PP quiso que el Senado le designara para el Constitucional, haciendo que se contabilizara como ejercicio efectivo los a?os en los que, en situaci¨®n de servicios especiales, form¨® parte del Consejo General del Poder Judicial, primero como letrado y despu¨¦s como vocal. La propia mesa del Senado certific¨® que no cumpl¨ªa con los 15 a?os de ejercicio al indicar que la situaci¨®n de servicios especiales ¡°no es asimilable en modo alguno a la situaci¨®n de servicio activo¡±. La Secretar¨ªa General del Senado determin¨®, adem¨¢s, que ¡°resulta evidente que la funci¨®n que desarrollan el Consejo General del Poder Judicial y sus vocales no es asimilable, en absoluto, a la funci¨®n jurisdiccional ejercida en exclusiva por jueces y magistrados¡±.

Entre los que decid¨ªan la idoneidad de L¨®pez se encontraban los cuatro que en los pr¨®ximos d¨ªas abandonar¨¢n el Tribunal Constitucional: Pascual Sala, Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas, Manuel Arag¨®n Reyes y Pablo P¨¦rez Tremps.

Fuentes del Constitucional anticipan tambi¨¦n que la presencia de Enrique L¨®pez en las deliberaciones puede provocar nuevos conflictos cuando se planteen asuntos sobre los que se haya pronunciado como portavoz del Poder Judicial y en sus declaraciones y art¨ªculos. El PP logr¨® una doctrina estricta de recusaciones en el alto tribunal cuando apart¨® a P¨¦rez Tremps del debate sobre el Estatuto de Catalu?a por haber participado como catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en un estudio sobre el asunto encargado por la Generalitat catalana.