El partido m¨¢s poderoso de la democracia

En los pr¨®ximos meses el PP asumir¨¢ el mayor poder que ning¨²n partido ha tenido nunca en la historia democr¨¢tica espa?ola. Eso ocurrir¨¢ en septiembre, cuando se aplique la reforma de la ley org¨¢nica del Poder Judicial, que esta semana ha salido del Senado, y se renueve esta instituci¨®n para que tenga una abrumadora mayor¨ªa conservadora.

Mariano Rajoy ha acumulado esa ins¨®lita cantidad de poder en las urnas por la elecci¨®n mayoritaria en el Congreso y el Senado, en 11 de las 17 comunidades aut¨®nomas y en la mayor¨ªa de los Ayuntamientos; por designaci¨®n para instituciones de personas pr¨®ximas y hasta exdirigentes del PP y por reformas legales que favorecen su control en instituciones clave, como el Poder Judicial y organismos reguladores.

Muchos de esos nombramientos realizados por el actual Gobierno han quebrado la tendencia de evitar la designaci¨®n de personas de alta significaci¨®n pol¨ªtica que hab¨ªan mantenido anteriores presidentes socialistas y populares. Rajoy no ha tenido las mismas prevenciones que tuvo Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, incluso cuando dispuso de amplia mayor¨ªa absoluta entre 2000 y 2004.

Su fuerza se extiende a los tres poderes y limita la posibilidad de contrapesos a su mayor¨ªa absoluta. El actual presidente tambi¨¦n es el m¨¢s poderoso por presencia social, porque lidera el partido con mayor implantaci¨®n, con casi 900.000 afiliados en toda Espa?a, frente a menos de 400.000 que tiene el PSOE entre militantes y simpatizantes.

Rajoy sufre desde hace a?o y medio un desgaste ciudadano en las encuestas, pero en paralelo no deja de aumentar su poder institucional. Se corresponde l¨®gica y exactamente con el hecho de que el PSOE tiene el menor poder institucional desde 1982.

La Fundaci¨®n Alternativas present¨® esta semana su informe sobre La democracia en Espa?a, bajo el t¨ªtulo Un gran salto hacia atr¨¢s, en el que concluye que ¡°frente a una hegemon¨ªa tan poderosa del PP, o acaso en parte en raz¨®n de ella, en pocas ocasiones ha habido una oposici¨®n tan d¨¦bil y atomizada¡±.

? Poder por elecci¨®n mayoritaria. Es la m¨¢s obvia y est¨¢ en el origen de todo: los 185 diputados no son la cifra m¨¢s elevada de una mayor¨ªa absoluta de la democracia, pero se complementan con los 161 senadores de 265 que, seg¨²n la reforma de la ley del Poder Judicial, le permite renovar en solitario la mitad del Consejo. Con esa mayor¨ªa absoluta, Rajoy se garantiza el veto de peticiones de comparecencia en el Parlamento y ejerce el poder con el uso del mayor n¨²mero de decretos que haya aprobado nunca ning¨²n gobierno anterior. En 2012, su primer a?o completo de gobierno, Rajoy aprob¨® 29 reales decretos, cuando la media es de 14 al a?o en la historia constitucional.

En las comunidades gobierna en todas salvo Asturias, Andaluc¨ªa, Canarias, Pa¨ªs Vasco, Navarra y Catalu?a, lo que le permite controlar organismos multilaterales como el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes, entre otros.

El poder municipal es abrumadoramente del PP desde 2010 y solo est¨¢n en otras manos 15 capitales de provincia. El PSOE solo gobierna en nueve: Soria, Cuenca, Ourense, Lugo, Zaragoza, Segovia, Toledo, Tarragona y Lleida. De esa forma, el PP se ha asegurado la presidencia de la FEMP.

Desde 1982 hasta 1993, el PSOE de Felipe Gonz¨¢lez tuvo mayor¨ªa absoluta avasalladora en el Congreso con 202 diputados, pero perdi¨® el control del Senado en alguna legislatura y en 1983 no gobernaba en 19 capitales de provincia. La oposici¨®n de centro derecha solo tuvo en la legislatura de 1982 un n¨²mero de esca?os equivalente al del PSOE de ahora.

? Poder Judicial. El actual Consejo, de mayor¨ªa progresista pero con el conservador Carlos D¨ªvar como presidente inicial hasta que dimiti¨® hace un a?o, termina ahora su mandato y el Gobierno ha reformado la ley para reducir sus funciones al m¨ªnimo y reforzar su control. Cuando tome posesi¨®n el nuevo Consejo en septiembre habr¨¢ mayor¨ªa conservadora y con posibilidad de ser renovado en el Senado solo con la mayor¨ªa cualificada del PP. La ley que terminar¨¢ su tramitaci¨®n en el Congreso en julio elimina tambi¨¦n las mayor¨ªas de bloqueo en el Consejo para los nombramientos judiciales que obligan ahora a acuerdos entre conservadores y progresistas. De esta forma, los futuros vocales conservadores podr¨¢n designar sin consenso a los cargos de la c¨²pula judicial, lo que no hab¨ªa ocurrido nunca hasta ahora.

? Tribunal Constitucional. Esta semana ha culminado el vuelco conservador en el alto tribunal con la elecci¨®n del nuevo presidente Francisco P¨¦rez de los Cobos. Este magistrado ha expuesto opiniones muy identificables con las del PP en asuntos clave que deber¨¢ dirimir, como el proceso soberanista en Catalu?a y la reforma laboral. Por ejemplo, como experto en derecho del trabajo tiene varias publicaciones conjuntas con el actual director general de Empleo, Javier Thibault, autor de la reforma laboral que ¨¦l deber¨¢ estudiar. Otro hecho ins¨®lito en democracia es que uno de los magistrados, Andr¨¦s Ollero, haya sido antes diputado y dirigente del PP, partido que le propuso. O que la mitad del tribunal cuestione a un magistrado designado por el Gobierno (Enrique L¨®pez), por su escasa trayectoria y preparaci¨®n, porque colabora con FAES, la fundaci¨®n del PP, y particip¨® en un acto de este partido. Seg¨²n el PSOE, estos nombramientos responden a la b¨²squeda de una adscripci¨®n ideol¨®gica clara y sin complejos. En el Constitucional la mayor¨ªa conservadora es de siete a cinco para revisar la gesti¨®n de Rajoy.

? Organismos reguladores. El Gobierno del PP se ha asegurado su control de tres formas: por el nombramiento que le correspond¨ªa, por llevar a cabo las designaciones buscando adscripciones claras y por reformas legales que eliminan algunos de esos organismos. El ejemplo m¨¢s claro es el de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores donde nunca se hab¨ªa nombrado a alguien que hubiera sido dirigente, ministro y diputado del partido que gobierna. Elvira Rodr¨ªguez re¨²ne todas esas caracter¨ªsticas y ocupa el cargo en el que estuvieron Julio Segura, Manuel Conthe, Blas Calzada y Juan Fern¨¢ndez Armesto, ninguno de los cuales fue antes dirigente del partido que les design¨®.

? Consejo de RTVE. Un caso parecido es el de la radio televisi¨®n p¨²blica. En ese consejo solo est¨¢ representado el PP, porque el PSOE renunci¨® a participar cuando el Gobierno impuls¨® una reforma que permit¨ªa su renovaci¨®n sin consenso. Esa reforma, que dio lugar al vuelco en el Consejo, est¨¢ pendiente de resoluci¨®n en el Tribunal Constitucional, porque fue recurrida por los socialistas.

? Defensor del Pueblo. Tampoco nunca antes esta instituci¨®n, que tiene entre sus funciones la vigilancia de las actuaciones de la Administraci¨®n, hab¨ªa estado dirigida por una exdiputada del partido que gobierna y que le propone. Soledad Becerril fue nombrada hace un a?o por el Parlamento, con acuerdo del PSOE, pero quebrando la norma no escrita de imparcialidad objetiva.

Un ejemplo del cambio que se produjo con ese nombramiento es que Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, siendo presidente del Gobierno, design¨® para el cargo a Enrique M¨²gica, hist¨®rico diputado del PSOE. Antes, en etapas de mayor¨ªa absoluta socialista fueron defensores del pueblo Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, ?lvaro Gil-Robles y Fernando ?lvarez de Miranda. Ninguno de ellos hab¨ªa pertenecido al partido que le propon¨ªa.

? Consejo de Estado. Jos¨¦ Manuel Romay Beccar¨ªa no solo es considerado como mentor pol¨ªtico de Rajoy, sino que re¨²ne tambi¨¦n las caracter¨ªsticas de exministro, exdiputado y exdirigente del PP. De hecho, era responsable del comit¨¦ de conflictos del PP y de ah¨ª pas¨® directamente a dirigir el organismo que debe valorar y hacer aportaciones a las leyes que elabora el Gobierno. Su predecesor es Francisco Rubio Llorente, sin adscripci¨®n partidaria.

? Otros. Ese poder institucional del PP se extiende a otros organismos de designaci¨®n del Gobierno, en algunos casos despu¨¦s de acuerdos con el PSOE. Por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas el presidente es Ram¨®n ?lvarez de Miranda, propuesto por el Gobierno del PP, con mayor¨ªa de miembros conservadores y con inclusi¨®n de exministros populares como Margarita Mariscal de Gante, que fue titular de Justicia con Aznar. Otro ejemplo: al frente de Red El¨¦ctrica (20% de capital p¨²blico) el Gobierno situ¨® a Jos¨¦ Folgado, exsecretario de Estado, exdirigente del PP y exalcalde popular. Sustituy¨® a Luis Atienza, exministro del PSOE.

Obviamente, el PP ha designado tambi¨¦n a personas pr¨®ximas en otras instituciones como la Fiscal¨ªa General del Estado, de la misma forma que hicieron gobiernos anteriores de distinto signo. La designaci¨®n de Eduardo Torres-Dulce le correspondi¨® al Gobierno, sin que la oposici¨®n cuestionara el nombramiento. Lo mismo ocurre en el Banco de Espa?a, para el que el PP nombr¨® a Luis Mar¨ªa Linde y fue aceptado por el PSOE.